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El golpe de Estado catalán sigue en marcha

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Una vez más, el Gobierno tuvo que rectificar sobre la marcha para reconocer la gravedad del asedio del radicalismo independentista al Parlamento de Cataluña. Inicialmente, el Ejecutivo había defendido por boca del ministro Ábalos que lo ocurrido era «asumible», infravalorando así la violencia empleada por los CDR contra los Mossos. Otra vez La Moncloa rebajaba el tono y mantenía su humillado perfil bajo para no ofender al separatismo, en esta inútil estrategia de Sánchez de «normalizar» Cataluña por el apaciguamiento y la cesión. Pero ese apaciguamiento no es tal. Casi dos millones de catalanes a los que los dirigentes de la Generalitat prometieron una república ya saben que les tomaron el pelo. Se sienten engañados y frustrados porque llegaron a creer que Mas, Junqueras, Puigdemont, o ahora Torra, iban a satisfacer sus expectativas. Ahora, el movimiento separatista se ha resquebrajado -hasta los Mossos cuestionan a Torra- y por eso resulta inexplicable que Sánchez contribuya de forma tan decidida a oxigenarlo.

Las reacciones del Gobierno a lo ocurrido frente al Parlament fueron el festival del despropósito. A primera hora, Sánchez desautorizaba a Ábalos sosteniendo que «la violencia no es el camino», pero a renglón seguido su portavoz, Celaá, opinó que «Torra no parece responsable porque no ha llamado a la violencia». A su vez, Batet contradijo a Celaá al afirmar que Torra sí fue responsable por «alentar el movimiento en la calle», y Grande-Marlaska desafinó de Batet y de Sánchez reduciendo todo a un «momento de tensión improcedente». Para añadir confusión, Susana Díaz dijo que «Torra se ha comportado como un hooligan incitando a la violencia»… Resulta desconcertante que en el PSOE sean incapaces de ponerse de acuerdo sobre qué es, o no, violencia. Todo en este Gobierno es una mascarada.

No hay matices. Torra agitó a los radicales animándoles a violentar las calles, pero se le volvió en contra provocando una rebelión interna en el independentismo, que empieza a no reconocer en él mucho más que una marioneta irrelevante. Haber sembrado la semilla de la independencia, como hace Torra, para después acobardarse por miedo a la cárcel, ha desengañado al separatismo y ha descolocado al «Gobierno del diálogo».

De hecho, ayer Torra chantajeó a Sánchez: o plantea un referéndum para la independencia en un mes o le retirará su apoyo parlamentario. Lo que faltaba. La respuesta del Ejecutivo fue tan melíflua como, de nuevo, decepcionante: no se dio por enterado del chantaje y volvió con el insufrible mensaje de la distensión y el diálogo. Los españoles no merecen un Gobierno que tolera coacciones de quien alienta la violencia y el enfrentamiento civil. Porque el chantaje no se lo hace Torra a Sánchez sino al Estado, ese que debería defender un Gobierno socialista que solo parece centrado en defenderse a sí mismo. No hay otro camino que el del 155.

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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