El Gobierno de La Rioja ha reforzado con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado parte de un barrio de la localidad de Haro para controlar que se cumpla el aislamiento domiciliario de los afectados y frenar la expansión del coronavirus, tras dispararse los contagios en esta localidad en las últimas horas.

La Delegación del Gobierno ha advertido de que el incumplimiento de las medidas adoptadas puede conllevar sanciones de 3.000 a 600.000 euros.

Según ha confirmado en rueda de prensa la consejera de Sanidad, Sara Alba, Haro concentra la gran mayoría de los 47 contagios confirmados en La Rioja por coronavirus, una situación que el director de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha calificado de “preocupante”.

Las calles de Haro se han vaciado en pleno día, según han confirmado los medios de comunicación que se han acercado a la zona.

Alba ha asegurado que se están “tomando decisiones en tiempo real” y que la situación se mantendrá “hasta que se acuerde que la fase de contención está finalizada”.
“Obedecer es una obligación”

En la misma comparecencia, la delegada del Gobierno en La Rioja, María Marródán, ha desmentido que haya un barrio entero asilado en Haro -como había sugerido en su intervención previa Fernando Simón- y ha recordado que la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en este municipio es “asegurar que las medidas se van cumpliendo”.

En ese sentido, Marrodán ha advertido que “la población entera tiene que cumplir las normas” y no se descartan “medidas excepcionales o sanciones si no se realizan”.

Además, ha indicado que, “bajo un criterio de proporcionalidad y con todas las garantías jurídicas y legales”, la fuerzas de seguridad apoyarán “de forma contundente si fuera necesario” el cumplimiento de las indicaciones de las autoridades sanitarias.

“Obedecer es una obligación de los ciudadanos”, ha añadido la delegada del Gobierno en La Rioja, quien ha querido “dejar claro a la población de que el incumplimiento de este deber puede llevar sanciones administrativas de importante cuantía desde los 3.000 a los 600.000 euros”.

El origen de este brote es un entierro celebrado hace unos días en Vitoria , según ha confirmado en su comparecencia el director de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien ha justificado que el alto número de contagios obligue a “tomar medidas muy drásticas” para garantizar el control.

Según publica este sábado El País, en el funeral se contagiaron 38 personas de las localidades riojanas de Haro y Casalarreina y al menos otras 25 que viven en la provincia de Álava.

“En un entierro, donde hay mucho contacto personal, la transmisión es mucho más fácil”, ha asegurado Simón, quien ha remarcado que el contagio está centrado en un solo punto y en algunos casos identificados de profesionales sanitarios.

El viernes, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de La Rioja ya decretó la suspensión en Haro de todas las actividades en espacios no deportivos cerrados, como cines o teatros y la celebración a puerta cerrada de las actividades en espacios deportivos cerrados o abiertos.

Además, impuso el acceso controlado de pacientes al Centro de Salud de esta localidad, canalizándolo a través de un teléfono (941 29 62 63) para evitar la presencia física en la instalación.

Este sábado ha confirmado estas medidas y ha añadido otras como la restricción del número de acompañantes y visitas en el Hospital San Pedro de Logroño, la suspensión de congresos y jornadas entre los profesionales sanitarios y de las prácticas de grados sanitarios en los centros del Sistema Público de Salud.

Sanidad ha elevado este sábado a 430 los casos confirmados por coronavirus, 93 más que el viernes, mientras que el número de fallecidos asciente a diez y hay 30 personas recuperadas.

LD.- La Rioja ha aprobado una nueva ley de Protección de Animales que impone, entre otras cosas, la esterilización y la autopsia obligatorias de todos los animales que “las personas mantienen principalmente en el hogar para disfrute de su compañía”.

La normativa, impulsada por PSOE, Podemos y Ciudadanos, impone fuertes multas a los propietarios que incumplan algunas de las nuevas obligaciones que establece la ley. Entre otras cosas, se establece como obligatoria la esterilización de los animales domésticos y su incumplimiento se castiga con sanciones de entre 501 y 5.000 euros.

También se obliga a los ciudadanos que dispongan de mascotas a comunicar la muerte del animal y adjuntar un certificado “expedido por un veterinario” que explique las circunstancias del fallecimiento y si hay o no “signos de violencia”.

Entre otras cosas, se establece la obligación de pasear dos veces al día a los perros y la prohibición de dejarlos 48 horas solos. Pero quizás el punto más polémico es el relativo a las inspecciones: funcionarios podrán acudir a cualquier lugar “libremente y sin previa notificación” para comprobar que los animales están siendo bien cuidados y el dueño estará obligado a darles toda la información que solicite.

En concreto, la normativa permite a los funcionarios “acceder libremente, sin previa notificación, a todo establecimiento, instalación, vehículo o medio de transporte, o lugar en general, con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de lo establecido en esta ley”. Un texto que abre la puerta a inspecciones en cualquier parte, lo que incluiría también domicilios.

En el apartado de prohibiciones, destaca también un punto que supondría en la práctica el fin de los perros pastores. La ley impide usar perros como barrera para impedir el paso del ganado.

El euskera generó ayer un terremoto político en La Rioja. Lo hizo a través de una enmienda presentada por el PSOE dentro del debate sobre la reforma del Estatuto autonómico. La idea de los socialistas es situar este idioma como parte del «acervo histórico» de la región, dado que las primeras palabras escritas que se conservan en euskera están en el Monasterio de San Millán de la Cogolla. «Lo que queremos es poner en valor esa historia y que las lenguas sean un elemento de unión», afirmó el líder del PSOE riojano, Francisco Ocón.

Sus palabras eran un intento de frenar el aluvión de críticas que le había llegado del resto de partidos, en especial del PP, al frente del Gobierno regional y de la Alcaldía de Logroño. Según los populares, la pretensión de los socialistas de «euskaldunizar» La Rioja, como ya «se está haciendo en Navarra», tiene un claro trasfondo político y supone una «nueva concesión a los nacionalistas». En la actual Carta autonómica no hay ninguna referencia al euskera.

El debate sobre la reforma del Estatuto riojano que se desarrolla en el Parlamento dio ayer un vuelco al asegurar el diario Abc que el PSOE quiere «equiparar» el euskera con el castellano en el nuevo texto estatutario. La enmienda dice textualmente: «La Rioja considera la lengua española y el euskera como un elemento de su acervo histórico y cultural, constituyéndose así como lugar de encuentro de todas las lenguas españolas».

Al estallar la tormenta, los socialistas negaron cualquier intención política. Aseguraron que su intención real es pedir que La Rioja asuma la competencia exclusiva en investigación científica y técnica, en coordinación con el Estado, «prestando especial atención a la lengua castellana y al euskera por ser originarias de La Rioja». En este sentido, recalcaron que requiere de una «labor de atención y protección» el Monasterio de San Millán de la Cogolla como «lugar donde emerge la lengua castellana y también el vascuence o euskera».

Tema sensible
El secretario general de los socialistas riojanos se esforzó en frenar la vía de agua que se le estaba abriendo con un tema muy sensible, negó cualquier intentó de equiparación con el castellano y rechazó que la alusión al «acervo histórico» suponga un primer paso para incluir el euskera en la administración regional. «En La Rioja no se habla euskera en ningún lugar desde hace 600 años, ni se va a hablar ni se va a incluir en Educación ni en ningún otro lugar», señaló el líder del PSOE riojano, Francisco Ocón. «Hay muchos nacionalistas que quieren utilizar las lenguas como separación y nosotros queremos exactamente lo contrario», manifestó en tono conciliador.

Pero el contenido del epígrafe hizo saltar las alarmas en el PP. «El euskera es un idioma que no tiene nada que ver con el acervo cultural ni con el sentimiento de los riojanos», afirmó el presidente regional, José Ignacio Cenicero, quien aseguró que se trata de una enmienda que genera un «debate estéril donde no lo hay». Más contundente aún fue Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño. «¿Pero qué barbaridad es esta? O el PSOE ha perdido la cabeza y desconoce la realidad de La Rioja o quiere euskaldunizarla como está haciendo en Navarra», aventuró.

Los reproches hacia el PSOE también llegaron desde Ciudadanos. Su diputado en el Parlamento regional Tomás Martínez Flaño admitió el hecho de que el euskera apareció en La Rioja, pero «eso no tiene nada que ver con la idiosincrasia y la cultura de esta tierra». Más lejos aún llegó el secretario general de C’s a nivel nacional, José Manuel Villegas. A su juicio, la decisión del PSOE es otro ejemplo «del sanchismo arrodillándose ante el nacionalismo».

Podemos se posicionó a favor de la propuesta socialista, que tiene pocas opciones de salir adelante. PP y C’s tienen mayoría absoluta en el Parlamento regional.

Los casos de envenenamiento de perros en los parques de la capital de La Rioja están aumentando de manera exponencial, por lo que sus dueños se han organizado, según ‘larioja.com’, para dar con el envenenador. Además, han convocado una manifestación para el próximo domingo.

El miedo y la impotencia entre los propietarios de perros se está haciendo cada vez más notable en Logroño, por lo que han decidido comenzar a patrullar por su cuenta las zonas verdes donde aparecen los cebos con veneno para conseguir descubrir quién es la persona que los coloca.

La sustancia que se está encontrando es un pesticida altamente tóxico, que permanece por un periodo de tiempo en la tierra y que, además de por ingestión, también puede intoxicar por inhalación. Según Rosana García, una de las afectadas, se trata de “un matarratas que se usaba en agricultura pero que la Unión Europea prohibió en el 2017”.

Los vecinos piden al Ayuntamiento de la ciudad que investigue y tome medidas al respecto para evitar que más perros mueran a causa de esto, y que, además, limpie los parques. Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Jesús Ruiz Tutor, declaró, para el diario ‘La Rioja’, que atrapar al culpable es una tarea muy difícil y que, por lo que a ellos respecta, los envenenamientos no se están extendiendo sino que son “un caso más”. No obstante, aseguró que están actuando en la medida de sus posibilidades ya que “es algo más que desagradable, un acto vandálico injustificable e inaceptable”.