La presidenta de la asociación Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha trasladado al fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, el caso de un grupo los ancianos de la residencia Llorens Pressegué de Estany (Barcelona) que cortaron una carretera por el aniversario del referéndum golpista del 1 de octubre pese a ir en silla de ruedas porque ve «un riesgo evidente para ellos».

En el mensaje, Flores ha considerado que la acción es un caso de «abuso de poder y confianza, a parte de falta de humanidad y respeto a los mayores» del personal de la residencia, por lo que lo considera un presunto delito, y ha añadido que desconoce si hubo consentimiento escrito de los ancianos y los familiares.

El director de la residencia, Xavier Llorens, ha observado que no había ningún riesgo porque «es una carretera que no es transitada» y en el rato que duró la acción solo pasó un camión, que estuvo cinco minutos parado e hizo la foto que dio a conocer la protesta en las redes sociales, y fue una decisión libre de estas personas mayores.

«Fue una iniciativa 100% de un grupo de ancianas. Ellas mismas, el 1 de octubre pasado ejercieron su voto» y decidieron sumarse a las protestas del lunes en Cataluña cortando esta calle, ha relatado en declaraciones a Europa Press.

En la imagen, que publicó un usuario de Twitter, aparece una veintena de ancianos sentados en sillas de ruedas y sillas en una carretera vacía, y cerca un grupo de trabajadores que supervisa la situación.