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Tribunales

¡Peligro! Los jueces no cumplen la ley

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Javier Marzal*.- Podemos afirmar que el mayor problema de España es la corrupción judicial porque ésta es el cáncer de la democracia que se extiende sin control, corrompiendo toda la sociedad.

Gracias a la crisis, se han publicado numerosos casos de corrupción que han afectado a las más altas instituciones españolas. Ha habido otros casos de gran repercusión mediática que tienen el mismo denominador común: el descaro de los jueces para no cumplir la ley.

La corrupción judicial tiene una doble vertiente poco conocida y ocultada por los grandes medios de comunicación.

Por un lado, una lectura objetiva de las estadísticas judiciales que publica el Consejo General del Poder Judicial todos los años, nos hace ver que hay varios millones de víctimas judiciales al año, víctimas tanto de los jueces como, en muchos casos, de sus abogados protegidos por los propios jueces.

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Los españoles nos hemos acostumbrado a pensar que los funcionarios públicos son incompetentes y la mayoría cree que la incompetencia es la causante de los errores judiciales; sin embargo, la realidad es otra. Tenemos un sistema judicial corrupto que no tiene como prioridad cumplir la ley ni hacerla cumplir. Las víctimas del sistema judicial deben saber que no son afectados por la incompetencia sino por la corrupción de los jueces.

Si la anterior es preocupante, la otra vertiente es demoledora y para introducirla lo mejor es expresarla en las palabras del mismísimo Tribunal Constitucional:

“derecho de los administrados a que el Juez enjuicie los actos administrativos que les afectan (art. 24.1 CE), controlando la legalidad de la actuación administrativa (art. 106.1 CE), esto es, su sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (art. 103.1 CE)”; lo cual “constituye la culminación del sistema de derechos y garantías característico del Estado de Derecho” (SSTC 294/1994, de 7 de noviembre, FJ 3; 76/1996, de 30 de abril, FJ 7; 179/2003, de 13 de octubre, FJ 3; 312/2006, de 8 de noviembre, FJ 4). Como ha afirmado la Sentencia 103/1996, de 11 de junio (FJ 7), la prescripción constitucional de que los “Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican” (art. 106.1 CE) es la “auténtica cláusula regia del Estado de Derecho”.

En otras palabras, la principal función de los jueces consiste en controlar al resto de las autoridades públicas incluyendo a los políticos, para evitar un Estado totalitario como el español, “poco democrático” y”disuasorio” en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si hiciéramos una encuesta preguntando a los españoles si creen que los jueces impiden el abuso de las autoridades públicas a los ciudadanos, cosa que no hace el CIS, estoy seguro que dirían que no. De hecho, la corrupción política generalizada es una prueba de que los políticos han tenido IMPUNIDAD durante décadas y si no llega a ser por algunas personas y organizaciones privadas, como Manos Limpias, ningún político la habría perdido.

La corrupción política actúa como un acelerador del cáncer de la corrupción judicial, extendiéndola a toda sociedad, por el hecho de la gran repercusión mediática que tienen sus palabras, a pesar de su bajo contenido de veracidad.

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Por lo antedicho, es evidente que el problema más grave de España es la corrupción judicial que origina la corrupción política que, a su vez, origina la mala educación, el desempleo, la pobreza, los trastornos mentales, los suicidios, las crisis, etc. Estos últimos son los que la mayoría de la gente considera los mayores problemas, sin comprender el origen de los mismos.

¿Por qué hay corrupción judicial?

La corrupción judicial deriva de que los jueces tienen IMPUNIDAD. Cuando se denuncia a un juez, otros jueces le encubren sistemáticamente, hasta el punto de que sólo ha habido un juez que ha sido condenado a prisión.

Esta IMPUNIDAD empuja a la corrupción y al descaro con que actúan los jueces, burlándose de los justiciables y de todos los españoles como sabemos por las numerosas causas con repercusión mediática.

En 1812 las cosas eran distintas porque la Constitución de la época (Cortes de Cádiz) establecía que los jueces SÓLO podían ser juzgados por un Jurado Popular.

Hace unas semanas, este medio informó que en el Día de los europeos contra la corrupción judicial (22 de septiembre), varias organizaciones del sector social están promoviendo que los jueces sean juzgados sólo por un Jurado Popular. Esta propuesta ya la trasladó la Asociación de Usuarios de la Justicia (AUSAJ) a la Comisión de Justicia del Congreso en noviembre de 2017, pero los Diputados no han hecho nada porque, evidentemente, esto significaría que se acabaría su negocio de la corrupción.

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En febrero de este año, creé el European Movement for Justice (Movimiento Europeo por la Justicia) que ha hecho una petición para recabar apoyo popular para que los jueces sean juzgados por un Jurado Popular, como forma de acabar con esta sociedad injusta, peligrosa y corrupta, donde los jueces venden sus sentencias, aplican sus ignorantes creencias y permiten unas instituciones corruptas que amenazan con destruir la paz social. Ahora la estamos trasladando a otros países europeos.

*Presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED)

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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Una mujer sostiene un pequeño frasco etiquetado con una etiqueta de "Vacuna contra el Coronavirus COVID-19" y una jeringa médica en esta ilustración tomada el 30 de octubre de 2020. (REUTERS/Dado Ruvic/Foto de archivo) Una mujer sostiene un pequeño frasco etiquetado con una etiqueta de "Vacuna contra el Coronavirus COVID-19" y una jeringa médica en esta ilustración tomada el 30 de octubre de 2020. (REUTERS/Dado Ruvic/Foto de archivo)
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