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Tribunales

Manos Limpias denuncia a la ministra de Justicia y al ex juez Garzón ante el Tribunal Supremo

Redacción

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Dolores Delgado y Baltasar Garzón
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Ramiro Grau.- El Sindicato Manos Limpias, y en su nombre su fundador y secretario general, Miguel Bernad Remón, ha denunciado ante el Tribunal Supremo a la ministra de justicia, Dolores Delgado, y al ex juez Baltasar Garzón, por los presuntos delitos de omisión del deber de perseguir y promover la persecución de delitos, y de encubrimiento, previstos y penados por los arts. 408, 450 y 451 del Código Penal vigente.

Asimismo el sindicato comparecerá como acusación popular en este procedimiento, y sol espera que se fije una fianza adecuada y proporcional, en su caso, que no impida la persecución de estos delitos, ante sus reducidos medios económicos (nosotros no nos quedamos con el dinero de las viviendas sociales –caso PSV de UGT-, ni malversamos el dinero de los parados –caso Eres de Andalucía-, como supuestamente hicieron CC.OO. y UGT). Somos un sindicato pobre, de reducidas dimensiones, pero cuyos afiliados pagamos religiosamente nuestras cuotas.

A Manos Limpias le sorprende –y preocupa- que la fiscalía general del Estado (o, más bien, del gobierno de turno), no haya procedido de oficio, como es su obligación por imperativo constitucional, de denunciar estos hechos, y ante su pasividad e inactividad, nos hemos visto obligados a hacerlo nosotros.

Comprendemos que el mal entendido corporatismo judicial y fiscal muchas veces hace que se mire para otro lado, con tal de no ver nada, pero la institución del Jurado, que tiene difícil encaje en la práctica, debería ser la competente para juzgar a los jueces y fiscales, precisamente para evitar estas actuaciones de auto protección, para evitar el qué dirán, y mantener incólume el prestigio de la jurisdicción, ya de por sí sobradamente desprestigiada, y con una credibilidad social cada día más escasa.

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La denuncia se refiere a las reuniones entre el ex comisario Villarejo y los ahora denunciados, a quiénes Villarejo relata que había montado una agencia de modelos (Toc Hepoc), que en realidad era una red de prostitutas, que se acostaban con hombres influentes, sacándoles información, grabándoles y chantajeándoles posteriormente.
La, entonces Fiscal de la Audiencia Nacional, nada menos, valora esas actuaciones delictivas de la forma siguiente: “Ya está el éxito garantizado”.

Lejos de reprobar los delitos, comparte el “método”, y lo alaba.

Esta reunión fue grabada, suponemos que por Villarejo, y recientemente ha llegado a los medios de comunicación social, que como no podía ser menos, se han hecho eco de ella.

Los argumentos esgrimidos por la denunciada en su comparecencia en el Congreso y en el Senado, diciendo que se trata de un “chantaje” al Estado (al parecer esta señora todavía no sabe diferenciar entre el Estado y el gobierno, del que ella forma parte), carecen de toda credibilidad.

Si es un “chantaje”, ¿por qué no se ha querellado la denunciada?

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Respecto al denunciado Baltasar Garzón, ex juez prevaricador, ha optado por el mutismo más absoluto, lo que no deja de ser sorprendente, si uno se considera inocente de aquellos delitos de los que se le acusa.

En dichos almuerzos con el ex comisario, un juez de instrucción y una fiscal de la audiencia nacional, se regodean hablando de hechos delictivos que comete el citado policía, sin que se les ocurra denunciarlos, como era obligación legal, a virtud del art. 262 de la ley de enjuiciamiento criminal.

Del contenido de las grabaciones se infiere, racionalmente, la existencia de una presunta trama judicial, fiscal y policial, en la que se “cocinaban” denuncias contra determinadas personas e instituciones de derechas, hablando claramente, con la finalidad de poder proceder a su detención, puesta a disposición judicial e ingreso en prisión preventiva… (De esto podría hablar mucho don Miguel Bernad, que sufrió casi nueve meses de prisión provisional, sin pruebas).

En definitiva, MANOS LIMPIAS entiende que los españoles aspiramos a vivir en un Estado de Derecho, aunque por desgracia no sea la situación actual, y precisamente por ello debemos denunciar estas actuaciones propias de las cloacas del Estado, de las que el señor Villarejo era uno de los fontaneros más acreditados y experimentadas, dedicándose, entre otros menesteres, a la “fabricación” de pruebas contra personas molestas, a las que había que eliminar de la vida pública. (De esto podría hablar mucho don Miguel Bernad, y el que suscribe, más modestamente, también).

MANOS LIMPIAS confía en la categoría de los muy dignos Magistrados del Tribunal Supremo, el generalato de nuestro sistema judicial (pues el Tribunal Constitucional es otra cosa), y en que cogerán el toro por los cuernos.

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¡Les va su prestigio en ello! (El que les queda, quiero decir, después del bochorno de las hipotecas).

*Abogado, profesor universitario de Derecho y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

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2 Comments

2 Comments

  1. Avatar

    Antonio

    07/07/2019 at 13:55

    Celebro que este artículo aparezca entre los más visitados, PUES CREO LO MERECE.

  2. Avatar

    Antonio

    30/10/2018 at 21:25

    Celebro que este artículo aparezca entre los más visitados, PUES CREO LO MERECE.

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España

El juez del Tribunal Supremo que investiga al Fiscal General le acusa de «destruir pruebas». Pero aquí no dimite nadie

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El juez que investiga a García Ortiz le reprocha que haya hecho «desaparecer pruebas»

Hurtado señala la «falta de colaboración» del fiscal general del Estado por no haber comunicado al tribunal la eliminación de sus mensajes

El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado por revelación de secretos -por la filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso- ha reprochado a Álvaro García Ortiz que haya hecho «desaparecer pruebas» de sus móviles, tras constatar la Unidad Central Operativa (UCO) que eliminó sus mensajes en los días claves de la divulgación de esa información confidencial sobre la investigación al empresario por fraude tributario.

Así lo pone de manifiesto el magistrado Ángel Hurtado en la resolución en la que -tras la queja del fiscal general sobre la incorporación de datos reservados a los informes de la UCO- acuerda que acusaciones y defensas puedan consultar los anexos de esos dictámenes en la propia secretaría del tribunal, para reducir así el riesgo de filtraciones. El instructor toma esta decisión tras recibir el último informe de la UCO, fechado el pasado día 21, que incorpora tres anexos sobre lo «cambios de móvil» del fiscal general

El instructor señala que «es una evidencia» que García Ortiz «ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles» a lo largo de la instrucción. Y «aunque ha dado distintas explicaciones para hacerlo», añade, «de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición» y «no aprovechar» para llevar a cabo ese borrado masivo el mismo 16 de octubre del pasado año, «cuando es notorio que este Tribunal Supremo se declara competente para conocer de la causa, a raíz de auto de 15 de octubre».

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«Precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia»

Ante esa eliminación de datos, y «el cauteloso «conjunto de precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia», como dice nuestra LECrim -asegura-, se han acordado diversas diligencias «para tratar de recuperar pruebas», para lo que «ha sido necesario acudir a la realización de una serie de medidas de investigación tecnológica en búsqueda de los dispositivos móviles con los que se presume que ha desplegado su actividad delictiva, en las que, previsiblemente, el propio investigado debió haberse representado la posibilidad de encontrar datos relativos a terceros, que no había razón para descartar que ofrecieran información que contribuyese a ese esclarecimiento de los hechos».

Hurtado se refiere de forma expresa a lo que señala a este respecto la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) cuando se refiere -con el lenguaje propio de finales del siglo XIX- a la «desigualdad» de condiciones entre el investigado y el Estado en un procedimiento penal en la medida en que «desde que surge en su mente la idea del delito, o por lo menos desde que, pervertida su conciencia, forma el propósito deliberado de cometerlo», aquel «estudia cauteloso un conjunto de precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia y coloca al Poder público en una posición análoga a la de la víctima, la cual sufre el golpe por sorpresa, indefensa y desprevenida». Para restablecer esa igualdad, expone la norma procesal, «menester es que el Estado tenga alguna ventaja en los primeros momentos siquiera para recoger los vestigios del crimen y los indicios de la culpabilidad de su autor».

Y aunque deja claro que «no desconoce» que «carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desparecer pruebas», añade que «tampoco se debe ignorar» que ese borrado de mensajes de su móvil (y también de las copias de seguridad, según ha constatado la UCO) «no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal».

La consulta de documentos, en el Supremo

Hurtado acuerda que, a partir de ahora, los anexos de los oficios que realice la UCO no se entregarán a las partes, que únicamente podrán consultarlos en la secretaría del alto tribunal. García Ortiz se quejó de una supuesta vulneración de la normativa de protección de datos por la divulgación de información reservada en los anexos a esos dictámenes.

El magistrado se ampara en el artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que faculta a los jueces a adoptar las medidas necesarias para suprimir datos personales de resoluciones y documentos «siempre que no sean necesarios para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva», y sin que en ningún caso, pueda producirse indefensión a las partes.

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