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Internacional

La actualidad francesa, o “Los franceses recibiendo lo que se han buscado votando a Macron”: El Congreso aprueba una ley para poder espiar a los ciudadanos a través de sus teléfonos

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Francia acaba de aprobar la medida de vigilancia más peligrosa de su historia, facultando a la Policía a hackear los teléfonos y computadoras de los ciudadanos y prender micrófonos, cámaras y GPS.

 

El gobierno de Emmanuel Macron aprobó en el Senado de Francia este miércoles por la noche por 80 votos positivos contra 24 negativos y 1 abstención una ley que le permitirá instalar un Estado policial y vulnerar la privacidad de los ciudadanos franceses.

La Ley N°2141 permitirá entre el período de 2023 y 2027 que la Policía francesa espíe a los ciudadanos bajo sospecha criminal a través de sus teléfonos celulares. En el texto del proyecto, se describen los poderes extraordinarios que pasarán a tener los policías, quienes podrán activar de forma remota la cámara, el micrófono y el GPS de sus teléfonos y otros dispositivos.

La ley, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, fue resistida tanto por la derecha de Marine Le Pen como por la izquierda del comunista Jean-Luc Melénchon, pero tuvo un amplio apoyo de las fuerzas que apoyan al gobierno de Macron, entre ellos su propio partido de centro, Renaissance, el centroderechista Los Republicanos y el centroizquierdista Partido Socialista.

La medida, que abarca además de teléfonos, computadoras, laptops, automóviles y todos objetos que estén conectados, permitirá la geolocalización de sospechosos sin una orden judicial, como era la norma hasta ahora.

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Los dispositivos también podrían activarse de forma remota sin avisar a los ciudadanos para grabar sonido e imágenes de personas sospechosas de delitos de terrorismo, así como delincuencia y el crimen organizado. El problema es que cualquier persona puede ser acusada de este tipo de delitos, e inmediatamente la policía francesa pasará a tener el poder de violar completamente sus derechos civiles.

Cualquier uso de la disposición tendrá una duración total de vigilancia que no puede exceder los seis meses sin una orden judicial. Además, se incluyó una enmienda de último momento para proteger “profesiones delicadas”, como médicos, periodistas, abogados, jueces y parlamentarios, que no serán objetivos legítimos sin orden judicial.

La legislación estaba trabada en el Congreso, pero varios senadores del partido de Le Pen y otros de bloques centristas anunciaron que prestarían su voto para que se apruebe en el Senado luego de la semana de protestas raciales que destrozaron París y otras importantes ciudades francesas.

Las disposiciones plantean “serias preocupaciones sobre las infracciones de las libertades fundamentales“, escribió el grupo de derechos digitales La Quadrature du Net en un reciente comunicado, donde citaron el “derecho a la seguridad, el derecho a la vida privada y a la correspondencia privada“.

Estamos muy lejos del totalitarismo de 1984“, la novela de George Orwell sobre una sociedad socialista bajo vigilancia total, dijo el ministro de Justicia de Macron, Éric Dupond-Moretti, quien aseguró que “la vida de las personas será salvada por esta ley“.

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La medida es un añadido a una ley más grande que busca reformar completamente el sistema judicial en Francia, redactada por el propio Dupond-Moretti, que ya fue aprobada por los miembros de la Assemblée Nationale el pasado 3 de mayo, catalogada como Ley N°569.

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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