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Economía

El PP propone en el Senado eliminar el controvertido Impuesto de Sucesiones

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El senador del PP, Ignacio Cosidó, en el Senado.
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El grupo popular en el Senado ha presentado este miércoles una proposición de Ley para eliminar el controvertido Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, recién suprimido en Andalucía, por considerar que supone una doble imposición al gravar rentas y bienes ya sometidos a tributación.

En su propuesta, los populares plantear derogar la ley de 1987 que creó este tributo, que en su opinión penaliza el ahorro e incentiva la deslocalización de patrimonios, y establece una única compensación para las comunidades autónomas, equivalente a la última recaudación que ingresaran por el impuesto.

El PP considera que este impuesto recae principalmente sobre las clases medias que no pueden configurar sus patrimonios para evadir este tributo o acceder a determinadas ventajas fiscales que eliminarían sus efectos.

Así, ve que las clases medias suelen adjudicar por sucesión o donación principalmente bienes inmuebles (su principal vía de ahorro) y éstos ya soportaron en su día las correspondientes cargas fiscales.

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“Un mayoritario número de familias se plantean si aceptan o no una herencia, por no poder pagar el tributo ya que en algunas Comunidades puede llegar a ser confiscatorio”, aseguran los populares, que apuntan que este impuesto no llega al 1 % de los ingresos tributarios del Estado, por lo que su supresión no reviste un perjuicio “insoportable”.

Tras presentar esta iniciativa, el portavoz del grupo, Ignacio Cosidó, y el senador Guillermo Martínez Arcas se han reunido con el presidente de la plataforma Stop Sucesiones, Eligio Taboada, quien ha explicado que va a mantener más contactos con otras fuerzas políticas para recabar más apoyos a la supresión del impuesto.

Taboada ha hecho hincapié en que más de 1.300.000 ciudadanos han firmado ya en favor de esta medida.

Por su parte, Cosidó ha destacado que Stop Sucesiones recoge una “demanda mayoritaria” en el conjunto de la sociedad en favor de la eliminación de un impuesto “injusto” porque supone una “doble tributación” sobre rentas que al ser transferidas a las “nuevas generaciones” son sometidas a una segunda carga impositiva.

Además, ha argumentado que el impuesto genera “desigualdad” al estar transferido a las Comunidades Autónomas, ya que unas que lo bonifican y otras no, de manera que “hay españoles que están pagando por este impuesto más de lo que están pagando otros españoles”.

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En su opinión, la solución es la eliminación total del impuesto, compensando a las Comunidades por la pérdida de ingresos, algo que el PP propone mediante su iniciativa en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, y la cual confía en que sea apoyada por más grupos parlamentarios.

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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