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Economía

EEUU, preocupado por la venta de oro venezolano: “¿Maduro está robando recursos de la gente para pagar la intervención rusa?”

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“Maduro no solo requiere el apoyo de los paramilitares extranjeros para mantener los hilos restantes de una dictadura fallida, sino que los informes muestran que está sacando los activos venezolanos en un avión lleno. ¿Está robando recursos de la gente para pagar la intervención rusa?”, escribió John Bolton en su cuenta de Twitter.

El funcionario publicó este mensaje luego de que se conociera que el Banco Central de Venezuela (BCV) espera vender en los próximos días unas 15 toneladas de oro de sus reservas a Emiratos Árabes, a cambio de euros en efectivo para financiar sus importaciones. Según la agencia Reuters, el régimen ya hizo un primer envío de unas tres toneladas de oro a esa nación en un vuelo chárter de la compañía Solar Cargo que partió el 26 de enero, dijo la fuente oficial.

Las ventas de los lingotes son casi la única alternativa que tiene el gobierno de Nicolás Maduro para conseguir liquidez, ante la merma de sus ingresos petroleros y el cierre de casi todas las opciones de financiamiento internacional por las sanciones que impuso Estados Unidos.

En febrero se contempla un tercer envío de 11 toneladas de oro monetario, según agregó la fuente.

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De concretarse, el gobierno en dos meses habrá vendido 29 toneladas y reducido a mínimos de ocho décadas las reservas internacionales de Venezuela, que están en lingotes de máxima pureza, según datos del Banco Central.

El gobierno de Estados Unidos ha advertido a banqueros, operadores y empresas globales que eviten negociar con el gobierno de Maduro las ventas de oro, e impuso sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA para limitar sus compras y ventas de crudo en Estados Unidos.

Los fondos obtenidos por medio de las operaciones con oro se destinarían a compras externas de insumos. El BCV en la semana informó a la banca que deberá vender euros a empresas de “sectores estratégicos” con el fin de que importen materia prima para producir; y esas asignaciones de divisas serán en efectivo, agregaron fuentes de la banca y la industria.

Esta es la primera vez que el gobierno de Maduro ofrece euros a industrias al margen del sistema de control que rige desde hace casi dos décadas. La medida llega cuando el gobierno enfrenta dificultades para importar directamente materia prima como lo hacía desde 2015 por las sanciones de Estados Unidos.

De las 150 toneladas de oro que tenía el emisor a inicios del año pasado, quedaban en noviembre unas 132 toneladas, de acuerdo con datos del Banco Central.

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Parte de esos lingotes están en el Banco de Inglaterra y las autoridades venezolanas solicitaron el año pasado repatriar unas 14 toneladas del metal guardado en esa institución británica. Pero el envío se ha demorado porque la entidad en Londres se ha mostrado reacia en atender la petición ante la ola de sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump.

Con la hiperinflación y la crónica escasez de alimentos y medicinas, el gobierno de Maduro está dejando atrás la premisa de su mentor político, el fallecido presidente Hugo Chávez, de acumular en las bóvedas del Banco Central la mayor cantidad posible de barras de oro.

En este escenario, días atrás, se conocieron reportes de que hasta 20 toneladas de oro venezolano habían sido llevadas a Rusia en un misterioso avión de pasajeros, según informó la agencia Reuters. La inusual llegada de un Boeing 777 de la aerolínea rusa Nordwind a Caracas encendió las redes sociales el miércoles con rumores, después de que el Kremlin se comprometiera a apoyar a su aliado, el presidente venezolano Nicolás Maduro, frente a un esfuerzo respaldado por Estados Unidos para reconocer al presidente interino designado por la opositora Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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