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El ministro Marlaska exige confidencialidad por escrito para que no se aireen fallos del recuento de votos el 10-N

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El Ministerio del Interior ha obligado a los representantes de la Administración que el 10-N se encargarán de enviar al centro de datos los resultados de las mesas electorales que firmen una declaración jurada por la que se comprometen a no airear las incidencias que se puedan producir tanto en el simulacro como el día de la votación.

De forma novedosa, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska impone así la ‘ley del silencio’ a fin de evitar que, si se registraran fallos en el sistema de grabación y envío de los datos, no trasciendan y no se conviertan así en motivo de mofa en las redes sociales como sucedió en los ensayos preparatorios de las elecciones municipales y europeas del pasado 26 de mayo. Entonces, el adjudicatario de dicho encargo fue la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Scytl Secure Electronic Voting SA y Vector Software Factory SL.

De manera directa y tramitado por vía de emergencia, el Gobierno ha adjudicado a Indra -proveedor del mismo servicio con motivo de la cita del pasado 28 de abril- el contrato relativo al escrutinio provisional de los resultados electorales del 10 de noviembre, según avanzó el diario La Información. La multinacional tecnológica española era junto a la catalana Scytl la otra empresa homologada por Interior -dentro del acuerdo marco formalizado en diciembre de 2018- para optar a la contratación de los servicios necesarios para poder llevar a cabo la obtención y difusión de los votos ante la concatenación de comicios: las generales del 28 de abril y las municipales y europeas del 26 de mayo.

Después de la última experiencia, el Ministerio del Interior ha tomado algunas prevenciones para evitar la imagen proyectada el pasado mes de mayo, cuando trascendieron las numerosas incidencias que se iban constatando en los simulacros con los que se puso a prueba el dispositivo de grabación y envío de los datos.

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La primera medida ha sido la exigencia de confidencialidad, lo que ha causado sorpresa entre los representantes de la Administración que ya han participado previamente en otros procesos electorales. El día de los comicios, ellos se encargan de llevar a primera hora las actas a los puntos de votación, comunicar la apertura de las mesas, enviar los avances de participación y, cuando termina el conteo manual de los votos, comunicar el resultado al centro de datos antes de que se hagan públicos.

Indra organizó este lunes una sesión formativa para instruir a los representantes de la Administración en el funcionamiento del terminal PDA que les han facilitado para que, el 10-N, graben y envíen los resultados que arroja cada mesa electoral. Al final de dicho cursillo, el trabajador de Indra entregó un papel -sin membrete alguno- para que los participantes se comprometan a mantener la reserva sobre las incidencias que se pudieran producir, según ha contado uno a este diario. La firma del documento es una condición ineludible.

Las fuentes consultadas por este medio aseguran que es una instrucción que ha partido del Ministerio del Interior -no del proveedor Indra- y que la justificación que se ha ofrecido es evitar la retransmisión casi en tiempo real de los fallos que se puedan presentar, como ocurrió durante las pruebas previas al desarrollo de las últimas municipales y europeas.

Un portavoz de Scytl ha asegurado a este diario que ni el departamento de Grande-Marlaska ni ningún otro organismo gubernamental les ha aplicado ninguna penalización por la prestación de aquel servicio.

«No hubo ningún fallo en el volcado de datos y sólo se produjeron cambios de resultados que generaron modificación de escaños en el 0,38 % de las mesas», ha defendido. En opinión de la empresa catalana, estos valores «están completamente dentro de la normalidad» y no son achacables a la herramienta de recuento de resultados, sino a «simples errores de transmisión desde las mesas».

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La firma de dicho compromiso de confidencialidad no es la única novedad en relación con los últimos comicios. Indra también ha comunicado a los representantes de la Administración que el simulacro se llevará a cabo esta vez un miércoles por la tarde -concretamente el próximo día 30, entre las 16 y las 20 horas- y no durante una jornada de sábado, como la vez anterior.

Sólo un simulacro

Salvo contraorden, Indra sólo tiene previsto llevar a cabo un ensayo. En mayo, Scytl hubo de organizar un simulacro inicialmente no previsto debido a las graves incidentes registradas en la prueba a la que se convocó a los representantes de la Administración para que simularan la grabación y envío de datos a través de la aplicación contenida en el teléfono móvil que se les proporcionó.

Las fuentes dijeron que el adjudicatario para el 10-N también tiene previsto hacer una prueba del plan de contingencias exigido por Interior para probar cómo funcionaría el sistema en caso de una avería en el centro de datos central, que estará ubicado en el recinto ferial de Ifema (Madrid). Para ello trasladará al personal hasta sus instalaciones en un polígono de la localidad madrileña de San Fernando de Henares, donde inauguró en junio de 2012 un centro de proceso de datos (CPD) de última generación.

Fuente: El Mundo

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1 Comentario

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  1. Avatar

    Daniel

    23/10/2019 at 22:54

    Teneis el enlace a la noticia original?

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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