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El ministro Marlaska exige confidencialidad por escrito para que no se aireen fallos del recuento de votos el 10-N

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El Ministerio del Interior ha obligado a los representantes de la Administración que el 10-N se encargarán de enviar al centro de datos los resultados de las mesas electorales que firmen una declaración jurada por la que se comprometen a no airear las incidencias que se puedan producir tanto en el simulacro como el día de la votación.

De forma novedosa, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska impone así la ‘ley del silencio’ a fin de evitar que, si se registraran fallos en el sistema de grabación y envío de los datos, no trasciendan y no se conviertan así en motivo de mofa en las redes sociales como sucedió en los ensayos preparatorios de las elecciones municipales y europeas del pasado 26 de mayo. Entonces, el adjudicatario de dicho encargo fue la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Scytl Secure Electronic Voting SA y Vector Software Factory SL.

De manera directa y tramitado por vía de emergencia, el Gobierno ha adjudicado a Indra -proveedor del mismo servicio con motivo de la cita del pasado 28 de abril- el contrato relativo al escrutinio provisional de los resultados electorales del 10 de noviembre, según avanzó el diario La Información. La multinacional tecnológica española era junto a la catalana Scytl la otra empresa homologada por Interior -dentro del acuerdo marco formalizado en diciembre de 2018- para optar a la contratación de los servicios necesarios para poder llevar a cabo la obtención y difusión de los votos ante la concatenación de comicios: las generales del 28 de abril y las municipales y europeas del 26 de mayo.

Después de la última experiencia, el Ministerio del Interior ha tomado algunas prevenciones para evitar la imagen proyectada el pasado mes de mayo, cuando trascendieron las numerosas incidencias que se iban constatando en los simulacros con los que se puso a prueba el dispositivo de grabación y envío de los datos.

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La primera medida ha sido la exigencia de confidencialidad, lo que ha causado sorpresa entre los representantes de la Administración que ya han participado previamente en otros procesos electorales. El día de los comicios, ellos se encargan de llevar a primera hora las actas a los puntos de votación, comunicar la apertura de las mesas, enviar los avances de participación y, cuando termina el conteo manual de los votos, comunicar el resultado al centro de datos antes de que se hagan públicos.

Indra organizó este lunes una sesión formativa para instruir a los representantes de la Administración en el funcionamiento del terminal PDA que les han facilitado para que, el 10-N, graben y envíen los resultados que arroja cada mesa electoral. Al final de dicho cursillo, el trabajador de Indra entregó un papel -sin membrete alguno- para que los participantes se comprometan a mantener la reserva sobre las incidencias que se pudieran producir, según ha contado uno a este diario. La firma del documento es una condición ineludible.

Las fuentes consultadas por este medio aseguran que es una instrucción que ha partido del Ministerio del Interior -no del proveedor Indra- y que la justificación que se ha ofrecido es evitar la retransmisión casi en tiempo real de los fallos que se puedan presentar, como ocurrió durante las pruebas previas al desarrollo de las últimas municipales y europeas.

Un portavoz de Scytl ha asegurado a este diario que ni el departamento de Grande-Marlaska ni ningún otro organismo gubernamental les ha aplicado ninguna penalización por la prestación de aquel servicio.

«No hubo ningún fallo en el volcado de datos y sólo se produjeron cambios de resultados que generaron modificación de escaños en el 0,38 % de las mesas», ha defendido. En opinión de la empresa catalana, estos valores «están completamente dentro de la normalidad» y no son achacables a la herramienta de recuento de resultados, sino a «simples errores de transmisión desde las mesas».

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La firma de dicho compromiso de confidencialidad no es la única novedad en relación con los últimos comicios. Indra también ha comunicado a los representantes de la Administración que el simulacro se llevará a cabo esta vez un miércoles por la tarde -concretamente el próximo día 30, entre las 16 y las 20 horas- y no durante una jornada de sábado, como la vez anterior.

Sólo un simulacro

Salvo contraorden, Indra sólo tiene previsto llevar a cabo un ensayo. En mayo, Scytl hubo de organizar un simulacro inicialmente no previsto debido a las graves incidentes registradas en la prueba a la que se convocó a los representantes de la Administración para que simularan la grabación y envío de datos a través de la aplicación contenida en el teléfono móvil que se les proporcionó.

Las fuentes dijeron que el adjudicatario para el 10-N también tiene previsto hacer una prueba del plan de contingencias exigido por Interior para probar cómo funcionaría el sistema en caso de una avería en el centro de datos central, que estará ubicado en el recinto ferial de Ifema (Madrid). Para ello trasladará al personal hasta sus instalaciones en un polígono de la localidad madrileña de San Fernando de Henares, donde inauguró en junio de 2012 un centro de proceso de datos (CPD) de última generación.

Fuente: El Mundo

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1 Comentario

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    Daniel

    23/10/2019 at 22:54

    Teneis el enlace a la noticia original?

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Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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