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Economía

Carlos Ghosn, presidente de Renault, arrestado en Tokio por presuntas irregularidades financieras

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Carlos Ghosn
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El máximo directivo de Renault Nissan, Carlos Ghosn, ha sido detenido hoy en Tokio en relación con una investigación de las autoridades japonesas por supuestas irregularidades en sus finanzas personales, ha informado la televisión japonesa. Según la cadena pública NHK y otros medios locales, la detención ha sido llevada a cabo por representantes de la fiscalía del distrito de Tokio.

Tras conocerse las informaciones difundidas por la prensa japonesa que han apuntado que el presidente de la compañía, Carlos Ghosn iba a ser detenido, Renault cae más de un 12% en la Bolsa de París. A mitad de sesión los títulos de Renault, empresa que tiene varias factorías en Castilla y León y que cotiza en el selectivo índice Cac-40, se dejaban un 10,70% de su valor, para bajar hasta los 57,68 euros por título.

Fuentes de Nissan citadas por esta agencia han indicado que la junta directiva planea proponer ya la destitución de Ghosn, de 64 años, en una próxima reunión. También que la persona que ha denunciado las supuestas irregularidades financieras lo hizo hace varios meses.

La cadena de radiotelevisión pública NHK ha asegurado asimismo que el interrogatorio del directivo ha tenido lugar después de que la empresa llevara a cabo una investigación interna y detectara «faltas graves».

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Investigación interna

Desde Nissan ha revelado que se ha llevado a cabo una investigación interna en los últimos meses en relación con la conducta de su presidente y también del director representante, Greg Kelly, en la que se demostraba que ambos habían reportado durante años remuneraciones al regulador nipón que eran inferiores a las cantidades reales, con el fin de reducir la cantidad pública.

«Además, en lo que respecta a Ghosn, se han descubierto muchos otros actos importantes de mala conducta, como el uso personal de los activos de la empresa, y también se ha confirmado la profunda participación de Kelly», ha apuntado el comunicado de Nissan.

La compañía ha aclarado que ha estado aportando información a la fiscalía de Tokio, con el fin de cooperar en la investigación y señaló que sigue cooperando en el marco de este proceso, por el que se pedirá la destitución de ambos directivos en sus puestos. De igual modo, ha apuntado que esto constituiría «una clara violación del deber de cuidado como directores» y ha anunciado que el consejero delegado de Nissan, Hiroto Saikawa, propondrá al consejo de administración destituir a Ghosn de sus cargos de presidente y director representante.

También Saikawa propondrá la sustitución de Greg Kelly de su puesto como director representativo. Además, la firma también ha lamentado «profundamente» la incertidumbre entre accionistas y clientes.

Empresario influyente

El empresario franco-brasileño (presidente también de las otras dos empresas del motor que conforman una alianza con Nissan, Renault y Mitsubishi Motors) es considerado el hombre de negocios extranjero más influyente en el país asiático.

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Ghosn aterrizó en Nissan en 1999 como consejero delegado para liderar la recuperación del fabricante con sede en Yokohama tras haber firmado una alianza de capital con la francesa Renault.

Tras convertirse en presidente de ambas en la siguiente década, Ghosn pasó a ser presidente de Mitsubishi Motors tras la alianza de capital suscrita por ambas en 2016 a raíz de un escándalo de manipulación de datos de consumo de combustible que golpeó con dureza al fabricante nipón de los tres diamantes.

 

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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