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Carta abierta a José Luís Martínez Almeida, todavía alcalde de Madrid y a Inmaculada Sanz Otero, todavía concejala de Madrid

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Oye Almeida, oye Sanz:

Desde que los madrileños tuvimos la desgracia de que rigieseis nuestro ayuntamiento os he enviado numerosos escritos solicitando que cumplieseis la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, en la tramitación de actos religiosos en la vía pública.

Hasta la fecha, vuestra respuesta ha sido el silencio acompañado de una contumaz vulneración de la citada Ley Orgánica 9/1983, lo que revela que os situáis por encima de la ley y de nuestro Estado de Derecho.

Consiguientemente, me veo obligado a poner en conocimiento de la opinión pública las barbaridades que estáis cometiendo, a fin de que el 28 de mayo cualquier ciudadano pueda emitir su voto debidamente informado.

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Con vuestro silencio a mis escritos habéis ofendido mi dignidad protegida por el Artículo 10.1 de nuestra Constitución, y vulnerado los derechos del ciudadano en sus relaciones con las Administraciones Públicas contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a pesar de que mi pretensión es que el ayuntamiento de la capital de España cumpla nada menos que una Ley Orgánica, reguladora por tanto de un derecho fundamental como es el caso. Es imposible encontrar en toda la Vía Láctea un caso semejante al vuestro.

Sois contumaces reincidentes al continuar “autorizando” actos religiosos en la vía pública vulnerando el Artículo 21. 1 de nuestra vigente Constitución, que dispone “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.”

Conculcáis el Artículo tercero. 1 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, que determina “Ninguna reunión estará sometida al régimen de previa autorización.”

Quebrantáis el Artículo octavo de la misma Ley Orgánica 9/1983, que determina “la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente…”, lo que descarta a las autoridades municipales como destinatarias de dicha comunicación al no estar reconocidas como autoridades gubernativas en ningún texto legal.

Os importa un bledo que el Artículo 9.3 de nuestra vigente Constitución garantice el principio de jerarquía normativa, anulando por tanto cualquier disposición municipal que se oponga a la mencionada Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión.

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La solicitud de autorización de actos religiosos en la vía pública, vulnera el mismo principio constitucional de jerarquía normativa para dictar disposiciones contrarias a la Constitución y a otras normas de nuestro ordenamiento jurídico, lo que implica el tácito reconocimiento de independencia del municipio madrileño.

Infringís el Artículo 14 de nuestra vigente Constitución que prohíbe toda discriminación por motivo de religión, proscribiendo en consecuencia la intervención municipal por aplicar un tratamiento distinto al credo católico respecto a otros colectivos que “comunican” sus actos en la vía pública a los delegados o subdelegados del Gobierno.

Vulneráis del Artículo 73.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece “Corresponde a los delegados del Gobierno proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de los subdelegados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya jefatura corresponderá al delegado del Gobierno, quien ejercerá las competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior”. La usurpación de atribuciones está sancionada por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

A los desmanes anteriores agregáis el grotesco espectáculo que estáis dando al discrepar del texto que figura en el último y primer párrafo respectivamente de las páginas 47 y 48, del Manual de *GESTIÓN POLICIAL DE LA DIVERSIDAD RELIGIOSA (madrid.es), elaborado y editado por la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid “Las entidades religiosas que deseen reunirse o manifestarse deberán cumplir con los requisitos dispuestos en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, entendiéndose por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada.

Resulta por tanto evidente que, con vosotros, nuestro Estado de Derecho no necesita enemigos.

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Consiguientemente, el delegado del Gobierno en Madrid es la única autoridad destinataria del escrito de comunicación de celebración de actos religiosos en la vía pública cuyo conocimiento, previo a su realización, precisa para el cumplimiento de sus funciones.

En la toma de posesión de los cargos que todavía “okupáis” jurasteis guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado: vuestro proceder al efecto demuestra el valor que para vosotros tiene vuestra palabra.

Habéis acumulado sobrados deméritos para que, por un elemental sentido de la honorabilidad, el decoro y el respeto al electorado, rectifiquéis y con toda humildad, pidáis perdón al electorado.

Los desmanes precedentes desacreditan totalmente vuestro juramento o promesa provocando la repulsa del elector consciente y responsable de sus actos.

Coronel Efrén Díaz Casal (R)

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Siniestra amnistía que atenta contra la igualdad. Por Jesús Salamanca Alonso

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«No hay delito, falta o acción que no se perdone, olvide y borre con la Ley de Amnistía, tramposa, atentatoria y con muy mal precedente contra la igualdad de la ciudadanía».

Desde el martes pasado, los jueces y tribunales tienen dos meses para aplicar esa brutal injusticia que llaman Ley de Amnistía. Tal plazo quedará paralizado si se eleva cualquier cuestión prejudicial al TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Puedo garantizar, y así lo hago, que cualquier español serio se avergonzará de gran parte del contenido a medida que avance en su lectura; es evidente que está hecha a la medida de quienes hay que amnistiar y cualquiera diría que ha sido redactada por ellos. Exageremos un poco: estoy convencido que, si un lobo redactara esa ley, no consideraría delito matar ovejas. A pesar de lo mal que se ha redactado el contenido, el «puto amo» no las tiene todas consigo, ni siquiera los golpistas y demás «amparados» lo ven claro.

Con las declaraciones del presidente Sánchez en Televisión Espantosa (antiguamente TVE), durante la entrevista que le hizo la activista Inchaurrondo, ha acabado por soliviantar al ámbito Judicial, que es como disfruta de lo que él llama política; bien es verdad que sus entrevistas las blinda con cobardía controlada y no admite pregunta con las que deba decir verdad. ¿Recuerdan cómo elegía su gabinete de comunicación a los periodistas en las ruedas de prensa durante la pandemia? Pues esa actitud de dictadorzuelo bananero sigue practicándola en el día a día. Decía Rosa Díez que muestra el fraudulento presidente un perfil sicópata que le hace ser ajeno a la realidad. El tiempo le da la razón a la exdiputada de UPyD y exsocialista.

No me sorprende nada cómo se centra para el perdón en los delitos ya tipificados durante el mal llamado «procés». Me recuerda cómo en concursos de traslados para funcionarios, donde primaba la puntuación de un baremo concreto, primero se elegían los candidatos y, después, se completaba la relación de méritos y puntuación de esos. Con los tiempos se ha hecho lo mismo que con la tipificación de delitos. Si el desaguisado de esa ley no lo frena la Judicatura española, tendrá mucho trabajo la europea para no quedar como algo inútil, que es lo que hasta ahora viene demostrando. La UE empieza a tener menos control y credibilidad que el fiscal general del Estado, la ministra de Sanidad o el actual TC español.

La ley abarca actos cometidos desde noviembre de 2011 y noviembre de 2023, 1-O y 9-N. Vamos, que se va a librar hasta el apuntador y ya verán cómo no abarca a las fechorías delictivas de Puigdemont, a la vez que quedarán desamparados los policías que dieron la cara por obligación y con demostrada profesionalidad. La Justicia no es tonta y el tiempo demostrará que Sánchez va a quedar como Cagancho en Almagro y como un mentiroso que engañó al cobarde fugado en el maletero. No se extrañen porque fiarse del mentiroso y fraudulento Sánchez es más peligroso incluso que fiarse de las promesas de la ultraizquierda o siniestra discordante.

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Tal vez el dato más curioso es que nadie sabe a cuántos va a afectar la Ley de Amnistía. Por ejemplo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix “Gracita” Bolaños incide en que la norma puede amparar a 372 personas, pero el colectivo de abogados Alerta Solidaria habla de más de 400, en tanto que la fiscalía general del Estado habla de cerca de 500 personas. Incluso el Ministerio habla de más de 80 procedimientos penales aún en tramitación. La traición de Sánchez a la Judicatura persigue ridiculizar a esa institución, a la vez que se aprovecha de los siete votos que le sustentan en «Moncloaca» y al frente del Ejecutivo.

No se entiende que la ley pretenda exonerar malversaciones y determinados casos de terrorismo. Hasta ahora todos pensábamos que el terrorismo era eso, terrorismo. Pues ahora resulta que hay terrorismo bueno y terrorismo malo. La ley de referencia malversa el propio lenguaje y los redactores retuercen cada vocablo en un intento de que queden amparados todos los delincuentes, terroristas, malversadores, golpistas, alteradores del orden público y degenerados que se empeñaron en revolcar al Estado. ¡Cómo van a disfrutar también los nacionalistas!

La cobardía y bajeza del nacionalismo catalán demuestra que éste no se ha mojado más que lo justo, aunque pretenda entrar en el sorteo final para el reparto enriquecedor. Quienes no hayan matado ni torturado se salvarán. Ahora resulta que los pollos eran gansos. Va a resultar que la traición será un mérito y no un delito. Ni siquiera el golpe de Estado contra la unidad nacional cuando se considere que no hubo «una amenaza efectiva y real como el uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial», tal y como establece la ONU. ¿Y quién dice que no existió esa amenaza real? ¿Acaso tampoco se encontraron armas en las dependencias de los CDR? De los delitos de odio no quiere saber nada la Ley de Amnistía, por eso me pregunta: ¿Acaso no hubo una expresidenta del Parlamento catalán que pedía un muerto en el «procés» para ‘echárselo’ a la Guardia Civil y culpar al Estado español? ¿También ella se irá de rositas gracias al felón con delito de alta traición?

No toda Cataluña tiene las mismas causas en proceso. Lo lidera Barcelona, seguida de Gerona, Tarragona y Lérida. Los procesos judiciales abarcan cuanto quieran imaginarse ustedes. No hay delito, falta o acción que no se perdone, olvide y borre con la Ley de Amnistía, tramposa, atentatoria y con muy mal precedente contra la igualdad de la ciudadanía.

Ya es un hecho que, el día de la publicación en el BOE de la ley reseñada, fue un día negro para la Historia de España y una fecha para señalar con el dedo al denostado Ejecutivo de la nación y al golpismo degenerado de Cataluña.

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