Los enviados del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en las negociaciones políticas con la banda terrorista ETA aceptaron la propuesta de la organización criminal de ocultar en «anexos» secretos la consideración de ‘vascos’ que daban a los ciudadanos de Navarra en los acuerdos alcanzados antes de anunciar la declaración de alto el fuego permanente, según las actas de ETA a las que ha tenido acceso Europa Press. Estos anexos, junto con el preámbulo y las actas de las negociaciones están depositados en un banco y custodiados por el facilitador de los encuentros, la Fundación suiza Henry Dunant con sede en Ginebra.
El planteamiento surgió durante la fase inicial, en la sexta reunión de la tanda de negociaciones previas a la declaración de tregua por parte de ETA, las celebradas en julio de 2001. Fueron los enviados de la organización terrorista quienes los propusieron cuando estaban discutiendo con los representantes del Gobierno qué se consideraba sociedad vasca o ciudadanos vascos.
Los enviados de la banda terrorista plantearon que se incluyera en la declaración que tenía que realizar el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que este término de sociedad vasca incluía a los ciudadanos de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra. Pero ante las reticencias del Gobierno, que no quería ser tan preciso en la declaración pública del Jefe del Ejecutivo, los enviados de la banda propusieron que determinadas cuestiones se recogieran en «anexos» que serían secretos.
Según informa Europa Press, inicialmente, la representación gubernamental se mostró ‘totalmente en contra, según consta en las actas intervenidas a ETA. Pero los enviados de la organización terrorista insistieron y preguntaron al facilitador de las reuniones si, atendiendo a su experiencia, era usual realizar anexos en los acuerdos, aunque éstos no se hicieran públicos. El facilitador respondió que sí, «que se hacen a menudo y que son habituales en el ámbito de la diplomacia» y se mostró dispuesto a realizarlos él mismo desde su labor de notaría». Pero la propuesta se quedó para la siguiente reunión y en la séptima, el Gobierno aceptó incluir los anexos.
La condición era que los hiciera el facilitador desde el ámbito de su trabajo, es decir, «desde su labor de recoger en acta el contenido de las negociaciones. Los puntos que se debían incluir inicialmente en esos anexos, que no formarían parte de la declaración final que haría el jefe del Ejecutivo pero que se referían al primer párrafo de ésta, eran relativos a los «ciudadanos vascos’ y la expresión ‘respetando las normas y procedimientos legales».
También se estableció que habría anexos para otra parte de la declaración de Zapatero, en lo relacionado con los «mecanismos de negociación», con los «partidos políticos vascos así como los agentes sociales, económicos y sindicales’ y sobre las labores de las mesas de negociación.
Finalmente, en los anexos aceptados por las dos partes se reflejaron seis puntos que eran aclaratorios de la declaración que pactaron para que realizara Zapatero cuando ETA anunciara la tregua.
El primero de ellos se redactó así: ‘Entendemos como ‘acuerdos’ los concernientes al futuro de los ciudadanos de Araba, Gipúzkoa, Bizkaia y Nafarroa, constatando la existencia de dos comunidades autónomas’.
Tras alcanzar el acuerdo sobre la declaración del entonces presidente del Gobierno, los enviados de Zapatero expusieron que se abría un periodo hasta la declaración de éste en el que tendría que lograr una especie de pacto de Estado, al tiempo que ratificaban las «garantías» que serían tratadas también de ‘manera secreta». Estas garantías eran las siguientes, según la información de Europa Press: no hacer detenciones, ni en España ni en Francia, no realizar ataques contra la autodenominada Izquierda Abertzale, legalización de facto de asociaciones, partidos y organismos abertzales y control de las fuerzas armadas.
Sobre este último punto, en una de las reuniones, el mediador que hablaba directamente con Zapatero explicó que el Ejecutivo estaba estudiando la posibilidad de hablar con los franceses para bajar la presión debido al temor del presidente a que llegara a la Policía la noticia de las conversaciones con la banda terrorista.
Finalmente y para evitar filtraciones, acordaron que las actas -que incluían el preámbulo y los anexos o aclaraciones- se guardarían en secreto, que habría una sola copia y que se guardarían en un banco. Estas actas, aclararon, serían la interpretación que hacía el facilitador de las negociaciones sobre todo lo hablado en ellas.
Según Europa Press, en las actas de ETA, el nombre del facilitador no aparece en ningún momento, se le identifica con las siglas LAU, pero el 22 de marzo de 2011, uno de los enviados del Gobierno a esa negociación prestó declaración como testigo protegido en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Allí dijo desconocer a qué respondían esas siglas pero desveló que los mediadores que estaban en esas reuniones eran del Centro Henri Dunant, con sede en Suiza.
Según cuenta La Tribuna del País Vasco, en aquellos momentos el Centro Henri Dunant nombró al socialista Javier Solana, ex secretario general de la OTAN y ex responsable de asuntos exteriores de la Unión Europea, como su presidente de honor. Paralelamente, también en aquellos años, tanto el Ayuntamiento de San Sebastián, entonces en manos del también socialista Odón Elorza, como el Gobierno Vasco, liderado en aquellos momentos por el también socialista Patxi López, subvencionaron diversas actividades del Centro Henri Dunant.
