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Sociedad

Varios vocales del Consejo de la Guardia Civil dicen “basta” durante una reunión y se marchan indignados con las mentiras de la directora enchufada de Marlaska

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Varios vocales del Consejo de la Guardia Civil han abandonado este viernes el pleno en el que se debatía la nueva norma sobre reparto de productividad en desacuerdo con la propuesta de la directora general del Instituto Armado, María Gámez, a la que acusan de “faltar a su palabra”.

En un comunicado, las asociaciones representativas AUGC y UniónGC han anunciado que han abandonado el pleno junto a un vocal independiente para mostrar su rechazo a la aprobación de la nueva norma de productividad. Alegan que se renuncia a un reparto “similar” al de la Policía Nacional y que esto se suma al “enfado” de muchos guardias civiles por la distribución de la partida del tercer tramo del Acuerdo de Equiparación Salarial, ya que “se favoreció a los altos mandos”.

Según esas asociaciones, sus representantes conforman la mayoría del pleno del Consejo de la Guardia Civil reunido este viernes, al contar con nueve vocales de los quince que componen este órgano colegiado. “Es una situación desagradable y difícil de tomar, pero no nos queda otra opción al ver cómo se ha decidido el camino de la imposición frente a la convicción”, sostienen.

Las organizaciones rechazan que se utilizara el reparto del tercer tramo del Acuerdo de Equiparación Salarial para aprobar un cambio en los incentivos por productividad que compensa la actividad y dedicación extraordinarias no previstas a través del complemento específico. “Es una cuestión que afecta directamente a la motivación de los guardias civiles”, apuntan.

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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