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Economía

Un año y medio después del 1-0, casi cuatro empresas se fugan de Cataluña cada día

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En los tres primeros meses del año, 2.094 sociedades han trasladado su sede social a otra comunidad autónoma, mayoritariamente a Madrid
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Hace ya un año y medio que se produjo el referéndum ilegal del 1 de octubre. Y, sin embargo, su impacto en la economía de Cataluña todavía se deja notar. Los ecos de la fuga de empresas que desencadenó el 1-O, que provocó que en los dos meses siguientes más de 3.200 compañías trasladaran su sede social fuera de la comunidad, se mantienen en la región. Y es que durante el primer trimestre de 2019, un total de 349 compañías salieron de Cataluña, según la estadística mercantil del Colegio de Registradores.

Es cierto que Madrid, con 616 sociedades, casi duplica estas cifras. Pero, a cambio, la capital atrae casi el triple de compañías (532 por 194). Como resultado, Cataluña se erige como la comunidad que más empresas perdió durante el primer trimestre del año: 155.

Son cifras que, no obstante, se mantienen alejadas de las registradas durante los meses inmediatos al referéndum ilegal. Entonces la fuga de empresas de Cataluña vivía su pleno apogeo y provocó que, entre el 2 de octubre y el 29 de diciembre, 3.208 empresas abandonaran la región por el desafío soberanista. El éxodo también tuvo su impacto en el Ibex, donde seis de las siete empresas que tenía la comunidad (Caixabank, Gas Natural, Abertis, Banco Sabadell, Cellnex y Colonial) trasladaron su sede social a otra comunidad.

28.032 compañías nuevas

La estadística del Colegio de Registradores también recoge la constitución de sociedades, que ha crecido en España un 1,4% durante el primer trimestre del año hasta las 28.032 sociedades mercantiles, acumulando ya cuatro trimestres consecutivos de aumentos interanuales. En concreto, entre abril de 2018 a marzo de 2019, se han constituido 96.408 sociedades, un 2,4 % más que en el mismo período acumulado del año anterior y permanece por debajo de las 100.000 operaciones anuales a pesar de que se ha observado una moderada recuperación.

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Por territorios, la creación de empresas ha bajado en diez comunidades, con Asturias, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Aragón, Baleares, Murcia y Cantabria a la cabeza, mientras que subido en el resto, principalmente, en La Rioja, Madrid, Castilla-La Mancha y Cataluña.

Por su parte, se han extinguido 11.098 sociedades en el primer trimestre, un 4,1% más que en el mismo trimestre de 2018, continuando con las subidas de trimestres anteriores, y en los últimos 12 meses aumentaron el 4,2 %.

(ABC)

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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