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Tribunales

¿Prevaricaron los jueces de la sentencia bestial?

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Pío Moa.- Llamo bestial a la sentencia última de unos cuantos jueces del Tribunal Supremo porque creo que es preciso cierto grado de bestialidad psicológica para profanar tumbas y ultrajar restos humanos, como pretende el gobierno, y avalar tal pretensión, ya que de eso se trata.

Por otra parte la prevaricación consiste en dictar sentencias a sabiendas de que son injustas y contrarias a la ley. En la carta abierta a esos jueces recordé que la sentencia no solo vulnera técnicamente los derechos de la familia y de la jurisdicción de la abadía, y de las leyes al respecto, cosa que saben perfectamente los jueces, sino que los vulnera al servicio del gobierno de un sujeto estafador, obsesionado con profanar la tumba de un gran personaje histórico. Parece bastante claro que la sentencia es ilegal, convirtiendo a dichos jueces en un tribunal político al servicio de las obsesiones del citado estafador, su gobierno y los partidos separatistas que le siguen y apoyan. Parece bastante claro asimismo que esos jueces no ignoran nada de todo ello. Por tanto, se trataría de una clara prevaricación.

El delito aumenta porque se ha realizado en nombre de una ley tiránica y antidemocrática de falsificación sistemática de la historia desde el poder, agravada por su exaltación del crimen, al querer hacer pasar por víctimas en defensa de la libertad a los numerosos asesinos y torturadores del Frente Popular que, abandonados por sus jefes, fueron capturados, juzgados y fusilados por el bando nacional. Esa ley ataca además las libertades de opinión, expresión, investigación y cátedra y se trata, por tanto, de una ley radicalmente anticonstitucional, pese a lo cual ha venido funcionando con sus autores (PSOE, comunistas y separatistas) y luego con el PP. Este hecho no refrenda ni justifica dicha ley sino que, por el contrario, degrada más profundamente la democracia, de cuya regeneración vienen hablando los políticos desde hace muchos años sin hacer nada al respecto, sino al contrario. Es cierto que en este caso los jueces pueden argumentar que se limitan a cumplir una ley que ellos no han hecho, pero al hacerlo sin protestas y con aparente entusiasmo contribuyen a la tiranía.

Si estos jueces han prevaricado, como parece evidente, deberían ser acusados. Yo no sé ante quiénes, ya que están en el Tribunal Supremo, pero algún grupo o partido debería tomar la iniciativa. Porque aparte de la cuestión puramente legal, se trata de una sentencia puramente política, que ataca la raíz de la democracia, la monarquía y la unidad nacional decididas en referéndum de 1976, y también en la Constitución.

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Utilizar la ley contra la libertad y la democracia es en sí misma una tremenda aberración que tiene en España un precedente: el Frente Popular salido de unas elecciones fraudulentas y que en pocos meses demolió la legalidad republicana que decía defender. Las leyes justas son el medio de impedir que las discrepancias e intereses naturales en toda sociedad degeneren en choques violentos. El crimen sistemático del Frente Popular, conglomerado de totalitarios y separatistas, fue el origen de la guerra civil, cuyo espíritu parece querer reavivar esta sentencia.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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