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Tribunales

Los cinco principales partidos de ámbito nacional apoyan la corrupción política

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Javier Marzal*.- La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción fue aprobada el 31 de octubre de 2003.

En su Preámbulo puede leerse:

“Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”.

España la ratificó el día 16 de septiembre de 2005, pero no entró en vigor hasta el 19 de julio de 2006 que es la fecha de publicación en el BOE. Estos dos retrasos de casi tres años, evidencian el desinterés institucional en la lucha contra la corrupción. Este desinterés llega a ser ilegal por cuanto 12 años después de su entrada en vigor, todavía no se ha tomado la medida principal establecida en el artículo 6 de esta Convención, donde se dice: “Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, garantizará la existencia de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la corrupción”.

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Dos años para publicarla en el BOE para retrasar su entrada en vigor y casi otro año para publicarla en el BOE. Es obvio que el PPSOE (PP+PSOE) estuvo pensando en cómo no cumplirla y eso han hecho hasta la fecha, con el encubrimiento de C’s, IU, PODEMOS y sus partidos regionales.

Casi diez años después (19 de enero de 2016), el Presidente de la Federación por la Razón del Derecho remitió un mensaje de correo electrónico al Gobierno de Rajoy (PP) y a cincuenta Diputados, incluyendo a varios de los líderes de los principales partidos, entre otros: C’s, IU, PODEMOS y PSOE.

En el mensaje se les informaba que España no estaba cumpliendo esta Convención de Naciones Unidas y se les decía: “Le ofrecemos nuestra colaboración para diseñar, gestionar y dar a conocer estos órganos anticorrupción”.

¿Qué hicieron los políticos antes esta propuesta? Sólo una Diputada de En Marea respondió diciendo que estaría encantada de recibirnos, pero cuándo la pedimos fecha y hora, no volvió a responder. Sin embargo, este mensaje si tuvo consecuencias en los medios de comunicación:

El día 12 de febrero de 2016, todas las televisiones informaron que PODEMOS proponía crear una Secretaría de Estado Anticorrupción, lo más opuesto a un órgano autónomo que establecía Naciones Unidas.

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Tres días después, todas las televisiones informaron que el PSOE de Pedro Sánchez e IU anunciaron que habían llegado a un acuerdo para crear una “oficina anticorrupción”, una expresión utilizada en mi mensaje.

Así es la clase política española, para quienes un periodista español importó de Italia el apodo de La Casta (IU, PP y PSOE) y, posteriormente, otros han apodado como La Nueva Casta a los otros dos partidos referidos.

Ahora, los españoles saben de dónde salieron esas propuestas políticas que nunca han cumplido ninguno de los partidos mencionados.

*Presidente de la Federación por la Razón del Derecho

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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