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Javier Marzal*.- La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción fue aprobada el 31 de octubre de 2003.
En su Preámbulo puede leerse:
“Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”.
España la ratificó el día 16 de septiembre de 2005, pero no entró en vigor hasta el 19 de julio de 2006 que es la fecha de publicación en el BOE. Estos dos retrasos de casi tres años, evidencian el desinterés institucional en la lucha contra la corrupción. Este desinterés llega a ser ilegal por cuanto 12 años después de su entrada en vigor, todavía no se ha tomado la medida principal establecida en el artículo 6 de esta Convención, donde se dice: “Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, garantizará la existencia de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la corrupción”.
Dos años para publicarla en el BOE para retrasar su entrada en vigor y casi otro año para publicarla en el BOE. Es obvio que el PPSOE (PP+PSOE) estuvo pensando en cómo no cumplirla y eso han hecho hasta la fecha, con el encubrimiento de C’s, IU, PODEMOS y sus partidos regionales.
Casi diez años después (19 de enero de 2016), el Presidente de la Federación por la Razón del Derecho remitió un mensaje de correo electrónico al Gobierno de Rajoy (PP) y a cincuenta Diputados, incluyendo a varios de los líderes de los principales partidos, entre otros: C’s, IU, PODEMOS y PSOE.
En el mensaje se les informaba que España no estaba cumpliendo esta Convención de Naciones Unidas y se les decía: “Le ofrecemos nuestra colaboración para diseñar, gestionar y dar a conocer estos órganos anticorrupción”.
¿Qué hicieron los políticos antes esta propuesta? Sólo una Diputada de En Marea respondió diciendo que estaría encantada de recibirnos, pero cuándo la pedimos fecha y hora, no volvió a responder. Sin embargo, este mensaje si tuvo consecuencias en los medios de comunicación:
El día 12 de febrero de 2016, todas las televisiones informaron que PODEMOS proponía crear una Secretaría de Estado Anticorrupción, lo más opuesto a un órgano autónomo que establecía Naciones Unidas.
Tres días después, todas las televisiones informaron que el PSOE de Pedro Sánchez e IU anunciaron que habían llegado a un acuerdo para crear una “oficina anticorrupción”, una expresión utilizada en mi mensaje.
Así es la clase política española, para quienes un periodista español importó de Italia el apodo de La Casta (IU, PP y PSOE) y, posteriormente, otros han apodado como La Nueva Casta a los otros dos partidos referidos.
Ahora, los españoles saben de dónde salieron esas propuestas políticas que nunca han cumplido ninguno de los partidos mencionados.
*Presidente de la Federación por la Razón del Derecho
