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La sanidad socialista ha hablado: ¿Tienes 16 años y quieres abortar? ¡Te lo pagamos! ¿Tienes cáncer colorrectal y vas a morir? te jodes

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Sanidad rechaza financiar por caro un fármaco contra el cáncer que cuesta 6.000 euros al mes

La eficacia de esta terapia contra el tumor colorrectal «es significativamente superior al tratamiento convencional»

Centenares de pacientes con cáncer colorrectal metastásico deben pagar de su bolsillo (quienes se lo puedan permitir) 6.000 euros mensuales para recibir el tratamiento más efectivo contra este tipo de tumor, ya que tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas rechazan su financiación a pesar de ser un medicamento autorizado por el Ministerio de Sanidad y la EMA desde junio de 2020.

Se trata del fármaco Braftovi (encorafenib, del laboratorio Pierre Fabre) que, si bien está financiado en la indicación en combinación con binimetinib en adultos para el tratamiento del melanoma no resecable o metastásico con mutación BRAF V600 desde 2019, su segunda indicación, en combinación con cetuximab, para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer colorrectal metastásico (CCRm) con mutación BRAF V600E que han recibido terapia sistémica previa, no está financiada.

El motivo: «criterios de racionalización del gasto público e impacto presupuestario del SNS». Así se desprende de una respuesta del Ministerio de Sanidad a través del Portal de Transparencia tras la pregunta de un particular.

El texto, firmado por César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, reconoce que esta combinación (encorafenib+cetuximab en CCRm) se ha estudiado «en distintas sesiones» de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), dando como resultado «la no inclusión de esta nueva indicación en la prestación farmacéutica del SNS».

Eficacia de Braftovi

En el documento también indican que la CIPM ha tenido en cuenta para su no financiación «la existencia de medicamentos u otras alternativas terapéuticas similares a menor precio o inferior coste de tratamiento», sin embargo, la Alianza General de Pacientes, en un elaborado informe publicado en 2022, señala que la eficacia de esta terapia combinada «es significativamente superior al tratamiento convencional» y «cubre una necesidad médica no cubierta en el tratamiento de estos pacientes».

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Según el estudio internacional BEACON en fase III esta combinación supone un aumento de la supervivencia de tres meses para el grupo que probó la nueva combinación frente al grupo que continuó con el tratamiento convencional. «Este estudio internacional en que España ha sido máximo reclutador de pacientes ha demostrado que la terapia de combinación mencionada en pacientes con CCRm y mutación BRAFV 600E incrementó su supervivencia, así como la tasa de respuestas de la enfermedad y la tasa de control de enfermedad (75%) con un más prolongado sostenimiento de su calidad de vida, comparados frente a otras opciones de tratamiento basadas en cetuximab e irinotecan», recoge el estudio.

La última sesión de la CIPM (donde están representadas tanto las comunidades autónomas como la Administración General del Estado) donde se estudió su financiación fue en la del 11 de mayo de 2023, y en ella la Comisión llegó a la conclusión de no aceptar las alegaciones y, por tanto, la no financiación de esta indicación «teniendo en cuenta el análisis coste-eficacia incremental de la combinación frente a los comparadores del ensayo y los criterios de racionalización del gasto público e impacto presupuestario del SNS».

Por su parte, el Ministerio de Sanidad, en la resolución del Portal de Transparencia, insta de nuevo al laboratorio Pierre Fabre a presentar este tratamiento para su financiación: «La financiación pública del medicamento se podría volver a estudiar si el laboratorio titular solicitara de parte el inicio de un nuevo procedimiento de inclusión y precio en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud».

«Inequidad y discriminación» de los pacientes españoles

El cáncer colorrectal (CCR) es una enfermedad molecularmente heterogénea, que supone el segundo cáncer más común a nivel mundial, la segunda causa más frecuente de muerte relacionada con el cáncer en todo el mundo y el tumor más frecuentemente diagnosticado en España teniendo en cuenta ambos sexos (41.600 casos nuevos en 2022).

El CCR avanzado con mutación V600E de BRAF es una forma muy agresiva de este tumor, supone entre el 6-8% delcáncer colorrectal metastásico (CCRm), unas 4.000 personas. Una de ellas es el médico y escritor José Antonio Abellacuyo relato se hizo viral hace unos meses al denunciar que había tenido que recurrir a sus ahorros para financiarse este tratamiento. Abella debe tomar cuatro pastillas diarias y cada caja, de 42 comprimidos, tiene un precio cercano a los 2.000 euros.

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«¿Qué familia española puede afrontar un gasto adicional de 6.000 euros al mes?» se pregunta su hijo en Change.org, donde ha abierto una petición de firmas y señala que en 14 países de nuestro entorno, como Portugal, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos y Grecia, estos medicamentos sí que están financiados para la misma situación.

«Es inconcebible que la Sanidad Pública española no cubra un tratamiento que puede aumentar la supervivencia y calidad de vida de cientos de pacientes. Sin él, su media de esperanza de vida oscila entre los cuatro y los nueve meses, por lo que puede afirmarse que el Ministerio de Sanidad del Reino de España condena a muerte a centenares de ciudadanos que no pueden pagarse el tratamiento», se lee en el escrito.

En este sentido se pronuncian también desde la Alianza General de Pacientes, que señalan que en España «los pacientes con CCRm se encuentran en una situación de desventaja con respecto al resto de países del entorno, donde la combinación está yaautorizada». Por ello consideran que estas personas se encuentran en una situación de «inequidad» y «discriminación», y recuerdan que tanto las asociaciones de pacientes como las sociedades científicas «vienen señalando su desacuerdo en la no aprobación de encorafenib al ser un tratamiento que prolonga la vida de estos pacientes con CCRm»

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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