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Economía

Ante una bolsa de Doritos a 3,4 euros, Carrefour ha tomado una decisión: dejar de vender productos de PepsiCo

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En las últimas horas, cientos de productos de marcas de referencia como son Doritos, Lay’s, Pepsi o 7Up han dejado de estar disponibles en la tienda online o supermercados de Carrefour europeos. No se trata de un error informático o un problema de logística en los almacenes, sino de un veto de la cadena contra la compañía PepsiCo por una subida “inaceptable” de los precios. Ha llegado el día en el que los supermercados se han puesto del lado de los consumidores (y de sus bolsillos).

¿Qué ha pasado? Carrefour ha comenzado a colocar carteles explicativos en algunos de sus establecimientos franceses indicando que no hay ni habrá por el momento productos de la multinacional estadounidense PepsiCo como pueden ser los famosos refrescos Pepsi, las patatas Lay’s o los aperitivos Doritos. Esta medida afecta a más de 9.000 tiendas, dos tercios de las 14.348 tiendas que el minorista tiene en todo el mundo. De momento, la compañía no ha aclarado si los productos que ahora mantiene a la venta se retirarán o no se repondrán una vez se agoten.

¿Por qué? La maniobra de Carrefour llega después de que la compañía estadounidense comunicara en octubre un aumento de precios “modesto” este año, ya que la demanda se mantuvo el pasado ejercicio a pesar de acometer entonces otras tres subidas de precios. La distribuidora acusa al gigante estadounidense de la alimentación de estar aplicando un incremento desorbitado y continuado de los precios y de aplicar la “reduflación” a sus productos. Es decir, que los artículos son cada vez más caros y de menor tamaño.

Las negociaciones entre el fabricante y el distribuidor llevaban agitándose en los últimos meses y esa tensión ha llevado a Carrefour a dar portazo al grupo PepsiCo, diciendo que está llevando las subidas más allá de lo justificable. Uno de los portavoces de Carrefour, Michel-Edouard Leclerc, explicaba en la emisora France Info que los industriales les reclaman incrementos de precios de entre el 6 % y el 10 %, y en algunos casos de hasta el 20 % cuando su compañía está buscando “la deflación”.

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En España. Hasta el momento, en España el veto sólo afecta a la tienda online de la distribuidora, donde solo hay disponible ahora mismo un pack de 9 latas de la versión zero sin cafeína de Pepsi o el litro de gazpacho de Alvalle, la empresa murciana adquirida por la multinacional en 1999. En los supermercados, sin embargo, aún no se han colocado los carteles informativos, pero según avisó la empresa, la retirada de estos productos afectará pronto a todos los países en los que está presente: Francia, España, Italia y Bélgica.

Los precios. Lo cierto es que los precios de estos productos llevan años subiendo. Los famosos Doritos ya cuestan 3,40 euros, cuando hace poco la bolsa grande rondaba los 1,80 euros. Mientras tanto, las Ruffles siguen un camino similar: una bolsa de 265 gramos ya vale 2,65 euros, cuando hace no tanto su precio era de 1,20 euros. Es algo que llevan denunciando los tenderos de algunos puntos de España. Y, sobre todo, los consumidores: “Compré un paquete de aire de la marca Ruffles con algunas patatas de regalo. Convénceme de que teniendo en cuenta su precio no se trata de una estafa”, relataba un usuario en X (antes Twitter).

No es la primera vez que pasa. La compañía francesa lleva años cuestionando los precios de las grandes empresas de productos de consumo y alimentación. Y aplicando medidas al respecto. El año pasado lanzó una cesta antiinflación con un coste de 30 euros. Y después llevó a cabo una campaña contra la reduflación, incluyendo advertencias en productos de Lindt o Lipton para informar a los compradores de que los fabricantes han reducido los tamaños de los productos mientras elevan sus importes al público.

Reduflación. Razón no les falta. Desde hace algunos años, los consumidores de diferentes países han observado que algunos de sus productos favoritos tienen tamaños más reducidos en peso o volumen, pero conservando los precios de antes o incluso aumentándolos. Para medir este fenómeno, varios periodistas de la BBC analizaron durante los últimos cuatro años 19 productos de distintos fabricantes y descubrieron que 18 de ellos habían sufrido reducciones en su tamaño.

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La Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido revela que en los últimos cinco años más de 2.529 productos han menguado de tamaño sin variar los precios. El fenómeno es evidente en helados, snacks, cereales, aceites, atún, aceitunas, suavizantes, detergentes y refrescos, entre otros. Básicamente, las bolsas ahora traen más aire que producto. Y si a eso sumamos un incremento de los precios, tenemos un gran problema.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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