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Economía

La demanda eléctrica ya está en crisis: se desploma hasta octubre

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La demanda eléctrica es uno de los indicadores clave de la buena salud de cualquier economía. No hay más que echar un vistazo a las hemerotecas que cuantifican en gigavatios las oscilaciones en empresas y hogares. Siempre que se apaga la luz, tiemblan las finanzas. Y el cortocircuito ya es un hecho. La demanda de electricidad se desploma en lo que va de año a niveles de recesión. En algunas industrias, como la automotriz, el hundimiento en los últimos doce meses es del 11%.

En 2009, año en el que la crisis financiera tumbó la economía española, el PIB se desinfló un 3,7%, un punto menos que la demanda eléctrica, que cayó un 4,7% hasta los 252.660 GWh. Toda esa caída de la demanda estuvo vinculada a la actividad económica, según los datos registrados por Red Eléctrica Española (REE). En 2010, la actividad se recuperó y aunque el PIB cerró plano, la demanda se activó un 3,1%. De esa cifra, un 2,7% correspondió al mejor comportamiento de las empresas.

Desde 2011 a 2013, España entró de nuevo en barrena. Durante esos años, la demanda eléctrica sufrió un nuevo desplome. En 2011, el PIB decreció un 0,8% y la luz sufrió un retroceso del 1,9%. La caída de la actividad industrial tuvo la culpa en un punto porcentual. En 2012, el hundimiento económico fue del 3%. En este caso, la depresión de la demanda eléctrica por la actividad económica (-1,8%) fue incluso superior a la de los hogares y a la media general (-1,4%). En 2013 llegó la tercera caída anual consecutiva. La economía volvió a caer un 1,4%, por debajo de la demanda eléctrica, que se hundió un 2,2%, todo computable a la actividad económica, según los mismos datos de REE.

La recuperación económica viene acompañada de la energética. Salvo una única excepción. En 2014, los hogares aún no creían en la salida a la crisis. Aunque el PIB acabó creciendo un 1,4%, la demanda eléctrica volvió a hundirse por cuarto año seguido. Sin embargo, el 1,1% de retroceso (hasta los 243.174 GWh) se quedó en un –0,1% descontados los efectos de laboralidad y temperatura. Es decir, teniendo en cuenta que el invierno fue cálido y el verano se hizo llevadero, la demanda se mantuvo plana. La verdadera recuperación, la que llegó desde 2015 a 2018 se tradujo en avances del 3% en el PIB y en crecimientos de la demanda eléctrica. Quizá no tan llamativos como en los años del «boom» de la construcción, pero incrementos al fin.

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Ahora, con todos los indicadores echando el freno, la demanda eléctrica muestra de nuevo síntomas de debilidad. Sin embargo, estos son incluso más agudos de lo esperado, lo que puede ser un síntoma de que la desaceleración es más profunda de lo previsto. Así lo reflejan los datos facilitados por REE correspondientes al mes de octubre, en el que la demanda fue un 0,7% inferior al mismo mes de año precedente, hasta alcanzar los 21.432 GWh. En este caso, descontados los efectos del calendario y de las temperaturas, la caída es incluso superior, de un 1,9% respecto a octubre de 2018. En el sistema eléctrico peninsular, la demanda de octubre bajó hasta los 20.133 GWh, un 0,8% inferior a la registrada en el mismo mes del año anterior. Si se tienen en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la caída es del 2% con respecto a octubre del 2018. La demanda mensual también fue inferior, en este caso un 0,7% en términos interanuales, una caída aún mayor (–1,8%) en términos desestacionalizados. Solo el sistema balear se anotó crecimientos en octubre, del 3% (hasta 490.338 MWh). Con los efectos del calendario y las temperaturas, el aumento fue del 2,5% con respecto a octubre del 2018.

Diez meses cuesta abajo

Los datos de octubre rubrican una clara tendencia a la baja desde enero. Así, durante los diez primeros meses del 2019, la demanda estimada por REE alcanzó los 220.452 GWh, un 1,8% menos que en el mismo periodo de 2018. Dato aún peor una vez corregida la influencia del calendario y las temperaturas, con una caída del 2,8% respecto a enero-octubre de 2018. La demanda peninsular, donde se concentran la mayor parte de fábricas, empresas y población, registra peores datos aún. En lo que va de año, la demanda de energía eléctrica en la Península fue de 207.436 GWh, un 1,9% menos que en el 2018, cifra que se va al –3% teniendo en cuenta las temperaturas y el calendario. La demanda sí aumenta en las islas (un 0,8% en Baleares y un 0,1% en Canarias).

A tenor de estas cifras y salvo que se dispare el gasto eléctrico en los dos últimos meses del año, la caída de la demanda acumulada hasta octubre, de entre el 1,8% y el 2,8%, se encuentra en el rango de los tres últimos años de crisis, en los que la economía española volvió al lodo.

Especial mención merece el sector automotriz –que representa el 10% del PIB y que supone un 2,7% del gran consumo– cuya demanda eléctrica se ha hundido un 10,8% en los últimos doce meses y un 7,2% el pasado mes de octubre, lo que no augura nada bueno por el peso del motor y de las industrias auxiliares en el empleo y las exportaciones.

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Caídas en las industrias metalúrgica, química y papelera

Las industrias, grandes consumidores de energía, están anticipando una fuerte desaceleración. Así, la demanda de las metalúrgicas, que representan el 23,3% del gran consumo, se ha despeñado un 12% en los últimos doce meses (12,5% en octubre). El de las químicas cae un 4,8% y el de las plantas papeleras cae un 2,9% (6,7% en octubre).

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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