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Economía

La CE rebaja sus previsiones de crecimiento para España en 2018 y 2019

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El Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Financieros en rueda de prensa.
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La Comisión Europea (CE) rebajó este jueves su proyección de crecimiento para España en dos décimas tanto en 2018 como en 2019, hasta el 2,6 % y 2,2 %, respectivamente, según sus previsiones macroeconómicas de otoño publicadas este jueves.

En cuanto al déficit público, el Ejecutivo comunitario estima que se reducirá este año hasta el 2,7 % del PIB y el próximo hasta el 2,1 % del PIB, cotas una y dos décimas superiores a las recogidas en sus últimas previsiones, respectivamente.

Bruselas señaló en su informe que esta previsión de déficit “se basa en una evaluación cautelosa” de las medidas incluidas en el borrador de Presupuesto de 2019 que le remitió España, puesto que existe “incertidumbre” en particular sobre algunas de las nuevas medidas tributarias y el impacto del aumento del salario mínimo.

Las previsiones de la Comisión para estos indicadores se sitúan en la línea de las del Gobierno en el caso de 2018 pero son más pesimistas para 2019.

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El Ejecutivo español prevé que el crecimiento sea del 2,6 % este año y del 2,3 % el próximo y que el déficit suponga el 2,7 % y el 1,8 % del PIB, respectivamente.

La Comisión publicó además por primera vez previsiones para 2020, cuando estima que el crecimiento español será del 2 % y el déficit del 1,9 % del PIB.

“Se espera que el crecimiento siga siendo robusto pero que se desacelere conforme los hogares restrinjan el consumo para aumentar sus ahorros”, dice el informe publicado hoy por la Comisión, que señala que la economía española, en su quinto año de expansión, “ha empezado a mostrar signos de una leve desaceleración en la primera mitad del año”.

En cuanto al déficit, la Comisión indica que este se reducirá en 2019 debido al crecimiento económico y al “impacto neto de las medidas en el borrador presupuestario de 2019”.

En concreto, Bruselas cuenta con los mayores ingresos por impuestos medioambientales, el impuesto de sociedades, sobre la renta y los nuevos impuestos a los servicios digitales y las transacciones financieras.

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Sin embargo, apunta que el impacto de esta mayor recaudación se verá “parcialmente compensada” por el mayor gasto en pensiones o por la baja de paternidad.

Bruselas señala, no obstante, que esta previsión está basada en una “evaluación cautelosa” del borrador presupuestario de 2019 debido a la incertidumbre sobre el rédito que tendrán algunas de las nuevas medidas tributarias y el efecto de la subida del salario mínimo.

Además, añade, “algunas de las medidas de gasto planeadas podrían no ser ejecutadas totalmente”.

Por otra parte, Bruselas prevé que se ralentice la creación de empleo debido a la desaceleración de la demanda y el impacto a la baja del aumento del salario mínimo, pero estima que aún así el paro seguirá bajando al 15,6 % este año, el 14,4 % en 2019 y el 13,3 % en 2020.

La deuda también se reducirá al 96,9 % del PIB este año, al 96,2 % en 2019 y al 95,4 % en 2020.

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Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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