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INFORME: El Director de Comunicación Digital de Biden presionó a Facebook y Twitter para censurar la “desinformación del Covid”

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Los correos electrónicos presionando a las empresas de redes sociales como Twitter, Facebook y Google fueron revelados en el contexto del juicio Missouri v. Biden.

Gracias a una demanda presentada en Missouri por la New Civil Liberties Alliance, una fundación que aboga por la libertad de expresión, el fiscal general del Estado, el republicano Andrew Bailey, pudo publicar una serie de documentos que revelan que el gobierno de Joe Biden presionó a las empresas de redes sociales, como Twitter y Facebook, para censurar a los usuarios en línea que publicaran información que la Casa Blanca consideraba “Desinformación sobre el covid”.

 

La causa Missouri v Biden ha entrado en su fase de descubrimiento, momento del juicio cuando la fiscalía presenta pruebas, al mismo tiempo que Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter, ha empezado a revelar documentos internos de la empresa en lo que se conoce como #TwitterFiles.

Ambas revelaciones muestran lo mismo: el gobierno de Joe Biden, desde el FBI, hasta el Departamento de Seguridad Nacional hasta la oficina de Comunicaciones de la Casa Blanca presionaron a los anteriores directivos de Twitter para que censuraran la libre expresión de sus usuarios.

Demostrar esto es fundamental, porque la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege la libertad de expresión del Estado, no de organizaciones o empresas privadas. Pero si las entidades privadas actuaron por coerción del gobierno, se tiene un claro caso de violación a la Primera Enmienda, y la fiscalía puede pedir duras sentencias para los implicados.

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Los implicados en esta causa son todos los que hayan participado en la coerción, con Joe Biden a la cabeza, quien está imputado en la causa y podría ser condenado si este juicio llega a buen puerto. Por el lado de la fiscalía, están los fiscales de Missouri, Andrew Bailey, y el fiscal de Louisiana, Jeff Landry, además de cuatro demandantes privados, entre ellos los abogados de la fundación mencionada y los epidemiólogos Martin Kulldorff y Jay Bhattacharya, quienes aseguran haber sido damnificados por este apriete del gobierno demócrata.

 

La evidencia

Rob Flaherty, el Director de Comunicación Digital de la Casa Blanca de Biden, mantenía reuniones semanales con los directivos de las empresas de redes sociales, y luego le enviaba correos electrónicos donde los presionaba para que censuraran a distintas personalidades por sus dichos sobre el Covid.

Los intercambios de correos electrónicos entre Rob Flaherty, el director de medios digitales de la Casa Blanca, y los ejecutivos de las redes sociales demuestran que las empresas implementaron políticas de censura de Covid en respuesta a la presión coercitiva e implacable de la Casa Blanca, no voluntariamente“, asegura el fiscal Bailey.

En los correos electrónicos revelados, se ve que Flaherty le escribe a un alto ejecutivo de Facebook el 14 de marzo de 2021. “Estamos muy preocupados de que su servicio sea uno de los principales impulsores de las dudas sobre las vacunas, punto… Queremos saber que lo está intentando, queremos saber cómo podemos ayudarlo y queremos saber que está no jugando con nosotros… Todo esto sería mucho más fácil si fueras sincero con nosotros“, escribió el funcionario de Biden.

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En otro intercambio de correos electrónicos del 21 y 22 de marzo de 2021, Flaherty le dijo nuevamente al ejecutivo que interviniera en las publicaciones en línea que expresaban “escepticismo” sobre la vacuna Covid

Flaherty le volvió a preguntar de manera amenazante al ejecutivo de Facebook el 9 de abril de 2021 qué “acciones y cambios” estaba tomando Facebook para que la compañía no “empeorara el problema de la vacilación de vacunas de nuestro país”.

Los ejecutivos de Meta le prometieron que trabajarían en un plan de reducción del daño, pero Flaherty les respondió en otro correo que estaba “confundido acerca de cómo se mide la reducción del daño” en Facebook WhatsApp.

Los ejecutivos de la empresa le mostraron que habían introducido un “cambio algorítmico que promovió noticias e información de calidad sobre las elecciones“, pero Flaherty les recriminó que solo lo hicieron “después de una elección en la que ayudó a aumentar el escepticismo y una insurrección que fue planeada, en gran parte, por su plataforma“.

Quiero algunas garantías, basadas en datos, de que no volverás a hacer lo mismo aquí”, dijo Flaherty. “Entendido“, respondió el ejecutivo. Este último intercambio es la evidencia más sólida que se tiene hasta el momento de colusión entre el gobierno federal y empresas de redes sociales para llevar a cabo una política unificada en favor de la censura.

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En uno de los tantos mails filtrados, se ve que Flaherty le escribe a un ejecutivo de Facebook el 14 de abril del 2021, para que censure al conductor de Fox News, Tucker Carlson, y a la periodista Tomi Lehren, enojado porque eliminar las cuentas de estas personalidades no era parte de su estrategia de “reducción de daños”.

Quiero saber exactamente lo que se refieren con ‘reducción [de daños]’ – porque si ‘reducción’ significa ‘mostrarle a nuestra audiencia más dudosa con la vacuna un programa de Tucker Carlson diciendo que no funciona’… entonces no creo que se reduzca nada!“, envió en un correo.

La respuesta del directivo de la empresa de Mark Zuckerberg fue lamentable: “Gracias – Noté lo mismo después de terminar nuestra llamada. Viendo este caso ahora mismo“.

La presión no se limitó a Facebook. En abril del 2021, Flaherty también le dijo a un ejecutivo de Google que había “más trabajo por hacer” en la empresa para reducir la “desinformación sobre el covid-19”.

En otros correos dirigidos a TwitterFlaherty pidió también un plan de trabajo para reducir la desinformación sobre el Covid-19. En la red social de microblogging, la situación fue incluso peor, ya que Twitter tenía dentro de sus filas a Jim Baker, un agente del FBI que impulsaba internamente la agenda de la Casa Blanca, además de las presiones externas.

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La gran mayoría de los documentos fueron revelados al público en un artículo del Washington Journal, que tuvo acceso exclusivo a la causa de Missouri v. Biden. El juicio recién empieza, y se espera que dure por lo menos todo el año 2023. Si bien no se sabe cuál será el desenlace del mismo, más de estos documentos serán expuestos a lo largo de la demanda.

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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