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Informe del INGESA: La atención a extranjeros en los hospitales de Ceuta y Melilla es una sangría económica millonaria

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Hospital Comarcal de Melilla
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El informe de fiscalización de las cuentas del INGESA correspondiente al ejercicio 2016, recientemente publicado y aprobado por el Tribunal de Cuentas, arroja una serie de conclusiones preocupantes acerca de la presión asistencial que generan los extranjeros sobre los sistemas sanitarios de ambas ciudades autónomas. El informe destaca un aumento del 34,58% en el coste total de la asistencia a extranjeros en el periodo 2012-2016, y cifra la deuda generada en casi 105 millones de euros, de los cuales un 87% corresponden directamente a la prestación de asistencia a usuarios no asegurados.

Además, destaca que el porcentaje de retorno de dicha deuda es irrisorio.

El citado informe, en el que -entre otras cosas- se recogen los procedimientos de facturación del Instituto a las personas sin derecho a la asistencia sanitaria y otras obligadas a su pago, destaca el enorme impacto de la población extranjera en la carga asistencial del Hospital, dado que la Ley 16/2003 obliga a asistir a los extranjeros en las mismas condiciones que a los asegurados nacionales en tres casos concretos: las situaciones de emergencia, la asistencia al embarazo, parto y posparto; y la asistencia a menores de 18 años.

Gasto público

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El coste económico por las asistencias sanitarias prestadas a personas no aseguradas en el INGESA, durante el período 2012 a 2016, experimentó un aumento del 34,58% (14.571.767,22 euros en 2016), un gasto prácticamente monopolizado por los urgencias, embarazadas y menores extranjeros.

El retorno de este gasto es mínimo, dado que, del dinero cobrado por el INGESA a los pacientes, únicamente el 0,73% (57.341,86 euros), procedía de cobros a personas no aseguradas (extranjeros).

Deuda

El importe total de deuda pendiente de cobro, a 31 de diciembre de 2016, ascendió a 104.495.288,93 euros, correspondiendo la práctica totalidad de dicho importe (el 87,46%) a asistencia sanitaria prestada a usuarios sin derecho a la misma.

El Tribunal de Cuentas destaca en su informe concretamente la situación del colectivo de menores extrajeros. Según los datos, ninguna de las asistencias realizadas a estos menores no asegurados ha sido reintegrada económicamente, y la atención en las diferentes especialidades se ha disparado en relación a los datos asistenciales de años anteriores.

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El sistema público de salud se queda entre el 6,6% y el 10% del PIB, es decir, más de 70.000 millones; se calcula que los españoles pagamos, de media, algo más de 1.560 euros anuales por la sanidad (cifra que contrasta con el significativamente menor gasto per cápita en educación, 950 euros, o en Defensa, 312 euros).

Fuente: El Pueblo de Ceuta

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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