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España, gobernada por traidores: El PSOE se niega a suspender a los diputados presos

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Oriol Junqueras saluda a Pedro Sánchez.
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Dos días después de que la XIII Legislatura arrancara en el Congreso y dejara constancia del disparate protagonizado en la sede de la soberanía popular propiciado por la forma legal pero ofensiva de jurar la Constitución por parte de los diputados presos e independentistas, queda preguntarse sí la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, debería o no haber suspendido de manera inmediata a estos parlamentarios, al darse también la situación de que los mismos están siendo juzgados por delitos de rebelión en el Tribunal Supremo.

Las promesas de estos diputados iban acompañadas de coletillas en las que se expresaban a favor de la República catalana y en las que pedían la “libertad de los presos políticos” como la siguiente: “Desde el compromiso republicano, como preso político y por imperativo legal. Sí, prometo”, como hizo el líder de ERC, Oriol Junqueras o “por imperativo legal y por la lealtad al mandato democrático del 1 de octubre y al pueblo de Cataluña. Sí, prometo”, de los diputados presos Jordi Turull y Josep Rull.

Unas juras que a pesar de que incluyan soflamas a favor de la independencia son, según marca el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, legalespues la citada norma establece que “en el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos”, un extremo que está avalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 8/1985 del 25 de enero.

Sin embargo, expertos juristas reprueban, en conversación con este diario, que la Mesa del Congreso y la recién nombrada como presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, no hayan suspendido inmediatamente a estos diputados para el ejercicio público del cargo como parlamentario hasta que el Tribunal Supremo dicte una sentencia firme. Reflexionan estas fuentes jurídicas que estos diputados “tendrían que haber sido suspendidos por el respeto de una institución a otra”, es decir del Congreso al Tribunal Supremo. Órgano “que les ha permitido acudir al Hemiciclo a recoger su acta como diputado y jurar la Constitución”, recalcan. Por tanto, continúan, el TS “ha inquirido al Congreso que tome la decisión de suspenderlos atendiendo al Reglamento del Congreso” y por ello “la suspensión tendría que haberse hecho efectiva bajo la mano del poder legislativo, en base a los delitos por los que se les está juzgando en la Sala del Supremo”.

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Tomando el Reglamento del Congreso -norma de obligado cumplimiento en la Cámara Baja- en su artículo 21.1.2 establece que debe suspenderse aquel diputado que “se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta”, situación- según respalda el socio abogado de Estudios Jurídicos Balbuena, Ibor Fernandes- en la que se encuentran estos diputados. Además, recuerda el experto constitucionalista, “también hay previsiones para ello en el ordenamiento jurídico penal 384 bis de la LECrim”. El experto afirma que el Parlamento aunque “sea el órgano político por excelencia, la actuación de la Mesa está reglada y tiene que atenerse a cumplir con las disposiciones reglamentarias”. Respecto al informe que la Mesa ha pedido a los letrados del Tribunal Supremo, opina que “basta con saber leer para interpretar ese artículo del Reglamento (el 21.1.2) y cuestiona el tiempo que se ha previsto para acordar un dictamen. “No creo que los letrados tarden nada en emitir un informe tan simple”.

Otros expertos recuerdan que la Mesa del Congreso puede suspenderles pero “no quitarles su acta como diputado hasta que haya una sentencia firme del Tribunal Supremo que les inhabilite, si es ese el caso”.

Volviendo a la jura legal pero posiblemente “irregular” en sus formas al sí cumplir con el acatamiento a la Constitución expreso pero pudiendo haber vertido “conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros” como refleja el artículo 103 del Reglamento Congreso, estos diputados deberían haber sido “nombrados al orden” por la presidenta de la Cámara. Los juristas ven como única solución la de “hacer efectiva una ley orgánica que desarrolle el juramento o promesa tipo”, puesto que el real decreto del año 1979 en el que se apoya el TC, es una norma sin rango de leY.

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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