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España

Batet traslada la patata caliente al Supremo para no resolver la suspensión de los diputados presos

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5 años ago

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La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en el escritorio del Congreso
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La Fiscalía del Tribunal Supremo ha instado al tribunal del juicio del “procés” a reclamar a las mesas del Congreso y Senado a la suspensión “inmediata” de los cargos de los parlamentarios presos que tomaron ayer posesión de sus escaños: Oriol Junqueras (ERC) y Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull (JxCat) en el Cámara Baja y Raül Romeva en la Cámara Alta. Los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena invocan el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), el mismo que se aplicó para suspenderlos en su condición de miembros del Parlament, que estipula que cuando un preso preventivo sea procesado por un delito de rebelión se acordará la suspensión cautelar del cargo mientras dure la situación de privación de libertad.

En el escrito remitido al tribunal, presidido por el magistrado Manuel Marchena, el Ministerio Público sostiene que “para la efectividad y cumplimiento de la citada previsión legal ambas cámaras parlamentarias deben proceder a la ejecución sin más trámites de la medida de suspensión en el ejercicio de sus funciones” de los cuatro parlamentarios. Y es que los fiscales recuerdan que “la obligada adopción por imperativo legal de la medida de suspensión de funciones” en el cargo público cuando concurran los requisitos previstos en la norma “ha sido avalada por el Tribunal Constitucional” en la resolución del pasado 21 de marzo de 2019 en la que denegó la suspensión de esa medida cautelar que reclamaban los procesados.

Por tanto, la Fiscalía hace hincapié en la “necesidad” de comunicar a las Mesas del Congreso y del Senado que una vez los procesados electos “hayan tomado posesión de sus escaños y consolidado sus derechos de participación política” deben proceder “a la aplicación inmediata de la suspensión de sus funciones” prevista en el referido precepto de la Lecrim, por lo que deben “adoptar las medidas precisas para dar plena efectividad” a ese mandato legal.

Batet traslada la patata caliente al Supremo

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Meritxell Batet quiere trasladar al Tribunal Supremo (TS) la responsabilidad de decidir sobre la suspensión de los diputados presos. La presidenta del Congreso de los Diputados ha solicitado hoy mismo al presidente del Alto Tribunal, Carlos Lesmes, que le remita un informe del tribunal del juicio del “procés” sobre la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precisamente el mismo que esgrime la Fiscalía para instar a la propia Batet a suspender en sus funciones a los parlamentarios presos.

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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5 horas ago

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27/04/2024

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medida. “Queremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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