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El Tribunal de Cuentas condena a Artur Mas a devolver 4,9 millones gastados en el 9-N

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El Tribunal de Cuentas ha condenado al expresidente catalán Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau a reintegrar al Estado 4,9 millones de euros indebidamente utilizados en la financiación de la consulta del 9-N, celebrada en 2014 pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

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El pasado mes de diciembre, este tribunal ordenó el embargo de la vivienda de Mas y de otros bienes de los demás implicados para hacer frente a la fianza de 5,27 millones de euros. Mas, Ortega y Rigau fueron condenados por desobediencia por el Tribunal Superior de Cataluña a penas de multa e inhabilitación para cargo público.

El tribunal estima las demandas interpuestas por Sociedad Civil Catalana y por la entidad Abogados catalanes por la Constitución. Además de los cuatro dirigentes políticos, la sentencia condena a otras seis personas. A Mas se le considera responsable de la totalidad del daño “causado” a la Generalitat: los 4,9 millones. Ortega debe responder por 0,8 millones correspondientes, en su mayoría, al soporte informático que fue necesario para organizar la consulta no vinculante del 9 de noviembre de 2014.

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La cantidad es más elevada en el caso de Rigau, exconsejera de Enseñanza, (2,8 millones) porque su departamento compró los 7.000 ordenadores que se utilizaron en las mesas de votación de aquella jornada. El Govern ha defendido siempre que esos ordenadores se utilizaron después en las aulas de las escuelas e institutos catalanes, por lo que no debería computarse en el 9-N. En el caso de Homs, exdiputado en el Congreso, se le atribuye responsabilidad por un total de 1,9 millones que incluyen la campaña de publicidad institucional de la consulta y el envío de correo postal a la ciudadanía.

Todos los condenados deberán reintegrar un total de 4,9 millones de euros a la Generalitat “en la medida de sus respectivas responsabilidades”. Mas y los exconsejeros también deberán abonar los intereses y pagar las costas de las demandas.

La sentencia considera probado que el Gobierno de Mas realizó todos esos gastos pese a que la consulta había sido prohibida por el Tribunal Constitucional. En el proceso penal que todos ellos tuvieron que afrontar, la fiscalía barajó inicialmente la posibilidad de acusarles también por un delito de malversación de fondos públicos. No lo hizo, sin embargo, y los exconsejeros lograron así evitar una pena que habría supuesto su ingreso en prisión.

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2 Comentarios

1 Comentario

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    Ramiro

    07/07/2019 at 13:37

    Espero que lo pague él, con su propio patrimonio, y no con el dinero público que España tan ALEGREMENTE transfiere al gobierno separatista de Cataluña…

  2. Avatar

    Ramiro

    12/11/2018 at 19:05

    Espero que lo pague él, con su propio patrimonio, y no con el dinero público que España tan ALEGREMENTE transfiere al gobierno separatista de Cataluña…

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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