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El Tribunal de Cuentas condena a Artur Mas a devolver 4,9 millones gastados en el 9-N

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El Tribunal de Cuentas ha condenado al expresidente catalán Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau a reintegrar al Estado 4,9 millones de euros indebidamente utilizados en la financiación de la consulta del 9-N, celebrada en 2014 pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

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El pasado mes de diciembre, este tribunal ordenó el embargo de la vivienda de Mas y de otros bienes de los demás implicados para hacer frente a la fianza de 5,27 millones de euros. Mas, Ortega y Rigau fueron condenados por desobediencia por el Tribunal Superior de Cataluña a penas de multa e inhabilitación para cargo público.

El tribunal estima las demandas interpuestas por Sociedad Civil Catalana y por la entidad Abogados catalanes por la Constitución. Además de los cuatro dirigentes políticos, la sentencia condena a otras seis personas. A Mas se le considera responsable de la totalidad del daño “causado” a la Generalitat: los 4,9 millones. Ortega debe responder por 0,8 millones correspondientes, en su mayoría, al soporte informático que fue necesario para organizar la consulta no vinculante del 9 de noviembre de 2014.

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La cantidad es más elevada en el caso de Rigau, exconsejera de Enseñanza, (2,8 millones) porque su departamento compró los 7.000 ordenadores que se utilizaron en las mesas de votación de aquella jornada. El Govern ha defendido siempre que esos ordenadores se utilizaron después en las aulas de las escuelas e institutos catalanes, por lo que no debería computarse en el 9-N. En el caso de Homs, exdiputado en el Congreso, se le atribuye responsabilidad por un total de 1,9 millones que incluyen la campaña de publicidad institucional de la consulta y el envío de correo postal a la ciudadanía.

Todos los condenados deberán reintegrar un total de 4,9 millones de euros a la Generalitat “en la medida de sus respectivas responsabilidades”. Mas y los exconsejeros también deberán abonar los intereses y pagar las costas de las demandas.

La sentencia considera probado que el Gobierno de Mas realizó todos esos gastos pese a que la consulta había sido prohibida por el Tribunal Constitucional. En el proceso penal que todos ellos tuvieron que afrontar, la fiscalía barajó inicialmente la posibilidad de acusarles también por un delito de malversación de fondos públicos. No lo hizo, sin embargo, y los exconsejeros lograron así evitar una pena que habría supuesto su ingreso en prisión.

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2 Comentarios

1 Comentario

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    Ramiro

    07/07/2019 at 13:37

    Espero que lo pague él, con su propio patrimonio, y no con el dinero público que España tan ALEGREMENTE transfiere al gobierno separatista de Cataluña…

  2. Avatar

    Ramiro

    12/11/2018 at 19:05

    Espero que lo pague él, con su propio patrimonio, y no con el dinero público que España tan ALEGREMENTE transfiere al gobierno separatista de Cataluña…

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Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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