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El Supremo ordena a la Junta Electoral Central que permita votar a los policías desplazados a Cataluña

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El Tribunal Supremo ha ordenado a la Junta Electoral Central que tome las medidas oportunas para que se permita votar a los policías que se encuentran desplegados en Cataluña con motivo del dispositivo de seguridad para las próximas elecciones de este domingo.

Fuentes jurídicas han informado de que la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal ha estimado acordar la medida cautelarísima presentada por el sindicato policial JUPOL por razones de urgencia contra el acuerdo de la Junta que impedía votar a los agentes.

El PP y Vox también han pedido a la JEC que deje votar a los policías que irán a Cataluña el 10N

Vox ha enviado este viernes a la Junta Electoral Central (JEC) un escrito con el que pide que adopte cuántas medidas estén “a su alcance” para facilitar que los agentes de Policía que irán a Cataluña para preservar el derecho al voto el próximo domingo puedan también ejercerlo.

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La solicitud de Vox se ha registrado después de que el PP haya hecho lo mismo con una similar; ambas son la reacción al acuerdo que ayer jueves tomó la Junta Electoral.

Un acuerdo al que llegó después de que los sindicatos policiales consultaran qué mecanismos podían habilitar para que los agentes que debían ir a Cataluña como parte del operativo de protección de los colegios electorales, y que por tanto no podrían votar, pudieran hacerlo en otras circunstancias, por ejemplo gracias a una ampliación del plazo para pedir el voto por correo.

Pero la Junta Electoral determinó que carece de competencias para hacer algo en ese sentido, ya que tendría que cambiar la legislación electoral, en concreto el procedimiento que regula el voto por correo.

Según señala Vox en una nota de prensa, es “una contradicción” que los funcionarios públicos sean desplazados para garantizar el derecho al voto de miles de ciudadanos y “ellos mismos no puedan ejercer el suyo”.

A su entender, la Junta Electoral está en “la obligación de realizar cuántas medidas esté a su disposición” para que se aseguren dichos derechos.

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Dice Vox que se podría aplicar en este caso la Ley Orgánica 5/1985, ya que alude a la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan votar aunque por su trabajo tengan que desplazarse “de forma extraordinaria” el día de las elecciones.

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Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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