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Internacional

El Senado de Texas aprueba una ley que prohíbe a las redes sociales censurar a los tejanos por sus creencias políticas

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El gob. de Texas, Greg Abbott
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El Senado del estado de Texas aprobó el jueves 1 de abril un proyecto de ley que prohíbe a los sitios de redes sociales censurar a las personas en función de sus convicciones políticas o de su lugar de residencia en el estado.

Según el Washington Examiner, en virtud del proyecto de ley 12 del Senado, los tejanos que hayan sido eliminados o bloqueados injustamente en una red social, como Facebook o Twitter, podrán recuperar sus cuentas.

La medida exige a las empresas de redes sociales transparencia hacia sus usuarios sobre cómo moderan los contenidos en sus plataformas, proporcionar información periódica sobre los contenidos censurados y establecer un proceso de apelación para los usuarios cuyos contenidos sean eliminados.

Todas las plataformas o sitios web de “más de 100 millones de usuarios funcionalmente activos en un mes natural” estarían sujetos al proyecto de ley. Parler y Gab quedarían excluidos.

Los conservadores se han quejado de que las grandes empresas tecnológicas, como Facebook, Twitter e Instagram, dirigen sus contenidos en función de sus creencias políticas.

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En un discurso de apoyo al proyecto de ley del Senado estatal a principios de marzo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, compartió su preocupación por la “censura”.

“Estados Unidos se construyó sobre la base de la libertad de expresión y el debate público saludable, y los esfuerzos por silenciar los puntos de vista conservadores en las redes sociales son erróneos y debilitan el discurso público”, añadió Abbott. “Con el SB 12, el senador Hughes está tomando una posición contra la censura política de las grandes tecnológicas y protegiendo el derecho de los tejanos a la libertad de expresión”.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, tendrá ahora la autoridad para procesar a cualquier empresa de medios sociales que infrinja la nueva ley.

El senador estatal Bryan Hughes, creador del proyecto de ley, declaró la aprobación del mismo en un tuit. El proyecto de ley se propuso a principios de marzo, y en las próximas semanas pasará a la Cámara de Representantes del estado para su consideración.

“Creo que todos tenemos que reconocer que las empresas de medios sociales son la nueva plaza del pueblo y que un pequeño grupo de personas en San Francisco no puede dictar la libertad de expresión para el resto de nosotros”, declaró Hughes.

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“Tiene que ser un intercambio abierto de ideas”.

Los partidarios de la Primera Enmienda creen que la medida será probablemente impugnada en los tribunales si se aprueba y se convierte en ley.

A los abogados conservadores les preocupa que el proyecto de ley anime a los grandes sitios de redes sociales a ajustar sus políticas y reglamentos de publicidad para evitar una demanda.

Abbott dijo que “evitaría que las plataformas de medios sociales cancelen el discurso conservador”.

“Demasiados sitios de medios sociales silencian el discurso y las ideas conservadoras y pisotean la libertad de expresión”, escribió Abbott en un tuit.

También dijo en un comunicado de prensa: “Estados Unidos se construyó sobre la base de la libertad de expresión y el debate público saludable, y los esfuerzos por silenciar los puntos de vista conservadores en las redes sociales son erróneos y debilitan el discurso público.”

Tras el incidente del Capitolio el 6 de enero, el expresidente Donald Trump fue suspendido de las redes sociales, lo que provocó una intensificación de los llamamientos para poner fin a la censura en las redes sociales.

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Dawn Barlowe

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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