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El ministro Marlaska exige confidencialidad por escrito para que no se aireen fallos del recuento de votos el 10-N

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El Ministerio del Interior ha obligado a los representantes de la Administración que el 10-N se encargarán de enviar al centro de datos los resultados de las mesas electorales que firmen una declaración jurada por la que se comprometen a no airear las incidencias que se puedan producir tanto en el simulacro como el día de la votación.

De forma novedosa, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska impone así la ‘ley del silencio’ a fin de evitar que, si se registraran fallos en el sistema de grabación y envío de los datos, no trasciendan y no se conviertan así en motivo de mofa en las redes sociales como sucedió en los ensayos preparatorios de las elecciones municipales y europeas del pasado 26 de mayo. Entonces, el adjudicatario de dicho encargo fue la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Scytl Secure Electronic Voting SA y Vector Software Factory SL.

De manera directa y tramitado por vía de emergencia, el Gobierno ha adjudicado a Indra -proveedor del mismo servicio con motivo de la cita del pasado 28 de abril- el contrato relativo al escrutinio provisional de los resultados electorales del 10 de noviembre, según avanzó el diario La Información. La multinacional tecnológica española era junto a la catalana Scytl la otra empresa homologada por Interior -dentro del acuerdo marco formalizado en diciembre de 2018- para optar a la contratación de los servicios necesarios para poder llevar a cabo la obtención y difusión de los votos ante la concatenación de comicios: las generales del 28 de abril y las municipales y europeas del 26 de mayo.

Después de la última experiencia, el Ministerio del Interior ha tomado algunas prevenciones para evitar la imagen proyectada el pasado mes de mayo, cuando trascendieron las numerosas incidencias que se iban constatando en los simulacros con los que se puso a prueba el dispositivo de grabación y envío de los datos.

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La primera medida ha sido la exigencia de confidencialidad, lo que ha causado sorpresa entre los representantes de la Administración que ya han participado previamente en otros procesos electorales. El día de los comicios, ellos se encargan de llevar a primera hora las actas a los puntos de votación, comunicar la apertura de las mesas, enviar los avances de participación y, cuando termina el conteo manual de los votos, comunicar el resultado al centro de datos antes de que se hagan públicos.

Indra organizó este lunes una sesión formativa para instruir a los representantes de la Administración en el funcionamiento del terminal PDA que les han facilitado para que, el 10-N, graben y envíen los resultados que arroja cada mesa electoral. Al final de dicho cursillo, el trabajador de Indra entregó un papel -sin membrete alguno- para que los participantes se comprometan a mantener la reserva sobre las incidencias que se pudieran producir, según ha contado uno a este diario. La firma del documento es una condición ineludible.

Las fuentes consultadas por este medio aseguran que es una instrucción que ha partido del Ministerio del Interior -no del proveedor Indra- y que la justificación que se ha ofrecido es evitar la retransmisión casi en tiempo real de los fallos que se puedan presentar, como ocurrió durante las pruebas previas al desarrollo de las últimas municipales y europeas.

Un portavoz de Scytl ha asegurado a este diario que ni el departamento de Grande-Marlaska ni ningún otro organismo gubernamental les ha aplicado ninguna penalización por la prestación de aquel servicio.

«No hubo ningún fallo en el volcado de datos y sólo se produjeron cambios de resultados que generaron modificación de escaños en el 0,38 % de las mesas», ha defendido. En opinión de la empresa catalana, estos valores «están completamente dentro de la normalidad» y no son achacables a la herramienta de recuento de resultados, sino a «simples errores de transmisión desde las mesas».

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La firma de dicho compromiso de confidencialidad no es la única novedad en relación con los últimos comicios. Indra también ha comunicado a los representantes de la Administración que el simulacro se llevará a cabo esta vez un miércoles por la tarde -concretamente el próximo día 30, entre las 16 y las 20 horas- y no durante una jornada de sábado, como la vez anterior.

Sólo un simulacro

Salvo contraorden, Indra sólo tiene previsto llevar a cabo un ensayo. En mayo, Scytl hubo de organizar un simulacro inicialmente no previsto debido a las graves incidentes registradas en la prueba a la que se convocó a los representantes de la Administración para que simularan la grabación y envío de datos a través de la aplicación contenida en el teléfono móvil que se les proporcionó.

Las fuentes dijeron que el adjudicatario para el 10-N también tiene previsto hacer una prueba del plan de contingencias exigido por Interior para probar cómo funcionaría el sistema en caso de una avería en el centro de datos central, que estará ubicado en el recinto ferial de Ifema (Madrid). Para ello trasladará al personal hasta sus instalaciones en un polígono de la localidad madrileña de San Fernando de Henares, donde inauguró en junio de 2012 un centro de proceso de datos (CPD) de última generación.

Fuente: El Mundo

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1 Comentario

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  1. Avatar

    Daniel

    23/10/2019 at 22:54

    Teneis el enlace a la noticia original?

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Viva la democracia española. El librero Pedro Varela podría pasar 12 años en prisión por vender libros que no gustan a la canalla roja prohibicionista

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Su delito: discrepar de la versión oficial y tener sus propias opiniones, tras años de investigación y estudios, acerca de los hechos acontecidos en los territorios ocupados por los alemanes durante la II guerra mundial. El arma del delito: los libros que se apilaban en su librería de la calle Séneca de Barcelona, en el barrio de Gràcia, y que llevan la firma de autores que han sido severamente estigmatizados por atreverse a contrapuntar el punto de vista oficial sobre aquel período histórico. Su nombre, Pedro Varela Geiss. Hasta sus más feroces detractores mediáticos; es decir, casi todos, reconocen en él virtudes ciclópeas que están en peligro de extinción. Es austero, políglota, amante de los deportes de montaña, posee una sobresaliente cultura, desprecia el dinero, vive en la casa familiar, ha optado por la castidad, es cristiano practicante y ha clavado una bandera en una trinchera donde pone: “Me quedó aquí, es mi decisión, venid a por mí”.

Durante una de sus intervenciones para exponer su credo, dijo: “Aquí estoy. Si la gente no tuviese interés por saber lo que pasó en el Tercer Reich yo ya habría cerrado. Donde hay demanda, hay mercado y donde hay mercado hay producción. ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Enviarme a Marte? ¿Meterme en un psiquiátrico? Después de toda una vida no puedo decir ahora: “vale, me creo lo del holocausto”.

En 2017, el mismo año del golpe  independentista promovido por los mismos líderes que han sido indultados y amnistiados, se precintó la Librería Europa, se requisaron 15.000 libros, se detuvo a cuatro personas, se efectuaron varios registros domiciliarios, se confiscaron ordenadores y equipos de grabación y se apoderaron de su dinero.

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Empieza el juicio a Pedro Varela

El juicio al librero Pedro Varela y a cuatro responsables más de la Librería Europa, ya cerrada en la capital catalana, acusados de difundir discurso de odio con los libros que ofrecían, ha empezado este martes en la Audiencia de Barcelona.

La primera jornada estuvo dedicada a las cuestiones previas y a los interrogatorios de los acusados, y la previsión es que el juicio dure un total de ocho sesiones repartidas hasta el 29 de mayo.

La Fiscalía reclama una condena de 12 años de cárcel para Varela y de ocho para el resto, todos por delitos contra los derechos fundamentales, organización criminal y asociación ilícita, y había un acusado más pero murió durante la instrucción de la causa.

En el juicio al fundador del Círculo Español de Amigos de Europa (Cedade) también son acusaciones populares el Ayuntamiento de Barcelona, la Federación de Comunidades Judías de España y el Movimiento contra la Independencia.

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Varela y los otros acusados formaban parte de una asociación cultural que contaba con su propia editorial, Ediciones Ojeda, vendían las publicaciones por internet y en la Librería Europa, y organizaban conferencias, todo con la intención de difundir “una línea de pensamiento basada en la cultura del odio supremacista y de animadversión y segregación racial contra lo que ellos consideran como ‘razas inferiores’”, según la Fiscalía.

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