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El ‘Make Turkey Great Again’ enfrenta a Erdogan con Estados Unidos

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Si Turquía, un miembro de la OTAN, sigue adelante con la compra del sistema ruso de defensa 2-400, se arriesga a la imposición de sanciones de EEUU al amparo de la Ley para Contrarrestar la Influencia de Rusia en Europa y Eurasia, de 2017. En la imagen, una batería rusa S-400.
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Por Burak Bekdil.- El ápice de la crisis estival entre Turquía y Estados Unidos, en teoría dos aliados en la OTAN, ha dado paso a un pesimismo cauto. Pocos turcos recuerdan hoy los días de las multitudinarias protestas contra el presidente Donald Trump y su Administración; protestas a menudo pueriles, como cuando las turbas se reunieron para quemar dólares falsos o destrozar iPhones delante de las cámaras.

Lo de ahora es una calma extremadamente frágil.

Tras mantener vacante el puesto desde octubre de 2017, el pasado día 15 Washington propuso a David Satterfield, diplomático de carrera, como nuevo embajador en Ankara, nombramiento que aún ha de ser confirmado por el Senado norteamericano.

En Ankara, al embajador Satterfield le espera un complejo puzle.

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No hay indicios de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, vaya a reconsiderar –o incluso recalibrar– su asertiva agenda neo-otomana. Mientras el país se prepara para las trascendentales elecciones municipales del 31 de marzo, su popularidad se dispara entre unas masas que quieren que Turquía sea grande otra vez. Una derrota inesperada en las urnas podría ser el comienzo del fin para el régimen de Erdogan, que ya dura 17 años.

Una de las prioridades de Erdogan en la escena regional, mientras las tropas estadounidenses se disponen a abandonar el norte de la vecina Siria, es evitar el surgimiento de un cinturón kurdo al sur de su país. La salida de las tropas estadounidenses podría dejar expuestos a los kurdos sirios –aliados de EEUU en la lucha multinacional contra el Estado Islámico– ante una incursión militar turca. EEUU apoya la existencia de una zona de separación en el norte de Siria para mantener a los milicianos kurdos y a los soldados turcos alejados, pero Erdogan insiste en el control exclusivo de Turquía sobre una franja que tendría 32 kilómetros de profundidad. El autócrata turco también rechaza el plan de Estados Unidos para crear una fuerza multinacional que vigile la zona.

En el puzle turco-estadounidense hay un plan de Erdogan para convertir a Turquía en el primer miembro de la OTAN que despliega el sistema de defensa y antimisiles S-400, de fabricación rusa. Ankara ha rechazado en repetidas ocasiones las demandas de sus aliados occidentales de que abandone el acuerdo con los rusos y opte por una arquitectura de defensa fabricada en Occidente. Más recientemente, el pasado día 20, el subsecretario turco de Industrias de Defensa –a cargo de las adquisiciones del Ejército–, Ismail Demir, declaró que el S-400 estaría operativo en octubre.

El S-400 es otra posible fuente de discordias entre Washington y Ankara. Las palabras de Demir parecían una respuesta oficial turca al vicepresidente Mike Pence, que sólo unos días antes reiteró sus advertencias a Turquía para que no siguiera adelante con la compra del S-400. Pence advirtió en la Conferencia de Seguridad de Múnich:

No nos quedaremos de brazos cruzados mientras miembros de la OTAN compran armas a nuestros adversarios. No podemos garantizar la defensa del Oeste si nuestros aliados se hacen cada vez más dependientes del Este.

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La advertencia de Pence de “no quedarse de brazos cruzados” también afecta a otro plan turco para comprar equipamiento militar, esta vez de Occidente. Turquía forma parte de un consorcio multinacional, encabezado por EEUU, que está construyendo la próxima generación de aviones de combate F-35, y se ha comprometido a adquirir un mínimo de cien aparatos. El pasado día 19 Trump firmó una ley de gasto que bloquea la transferencia de los F-35 a Turquía. La entrega de los mismos seguirá bloqueada hasta que el secretario de Estado y el secretario de Defensa presenten una actualización del informe sobre la compra turca del S-400.

Si Ankara sigue adelante con la adquisición del S-400, la ley del Congreso exige que los Departamentos norteamericanos incluyan una descripción detallada de sus planes para la imposición de sanciones de acuerdo con la sección 231 de la Ley para Contrarrestar la Influencia Rusa en Europa y Eurasia, de 2017 (Ley Pública 115-44).

Los esfuerzos sistemáticos de Turquía para financiar a organizaciones islamistas en Oriente Medio, así como en otros lugares de la Cuenca Mediterránea, son motivo de preocupación para los países occidentales –incluido Estados Unidos– con una agenda estabilizadora para la región. Como resultado de la afinidad ideológica de Erdogan con organizaciones como Hamás y los Hermanos Musulmanes, Turquía está librando una guerra fría con una larga lista de países de la zona, como Egipto, Arabia Saudí, Emiratos e Israel. Recientemente se añadieron nuevas tensiones a la lista cuando Libia y Argelia intervinieron cargamentos de armas turcos a milicias islamistas.

En diciembre, las autoridades libias informaron del hallazgo en la frontera libio-argelina de un cargamento turco de armas que incluía cohetes y 48 millones de municiones. Un funcionario argelino declaró al periódico Al Watan:

El propósito de esa actividad [turca] no sólo es desestabilizar Libia, sino enviar arsenales a zonas inestables, incluida Argelia.

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La ideología antioccidental de Erdogan suele hacer extraños compañeros de cama para Turquía. El más reciente es Venezuela. Turquía se ha unido a Rusia, China e Irán en su respaldo al baqueteado régimen de Nicolás Maduro. Cuando, en noviembre, Trump firmó una orden ejecutiva que autorizaba las imposición de sanciones al oro venezolano –después de enviar a un emisario para advertir a Turquía contra su comercio–, una misteriosa empresa turca, Sardes, con sólo un millón de dólares de capital, había sacado metal precioso del país americano por valor de 900 millones de dólares.

Con o sin embajador estadounidense en Ankara, hay pruebas más que suficientes para esperar unas muy accidentadas relaciones entre exiliados estratégicos que ahora son aliados sólo en teoría o, dicho con un léxico más realista, rivales ideológicos.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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