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Economía

El Gobierno aprueba de nuevo su senda de déficit y presentará los PGE en enero con los objetivos que estén en vigor

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La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá
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El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la remisión a las Cortes de la senda de estabilidad, con los mismos objetivos de déficit y de deuda que ya presentó en julio y que fueron rechazados por el Congreso, como paso previo a la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que aprobará en enero con los objetivos de déficit que estén en vigor en ese momento.

Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha explicado que se han aprobado “exactamente los mismos objetivos” que ya rechazó el Congreso en julio, tras haber consultado con la Abogacía del Estado, que entiende que volver a aprobar estos objetivos es un requisito previo a la presentación de los Presupuestos de 2019.

Celaá ha afirmado que el Ejecutivo asume este trámite porque le “obliga” la Ley de Estabilidad Presupuestaria y sirve para garantizar la posterior presentación de los Presupuestos de 2019, algo a lo que está “comprometido” en sacar adelante y que presentará en enero “con el objetivo de déficit que esté en vigor en ese momento”.

Dado que para comienzos de enero queda apenas un mes y teniendo en cuenta que el Gobierno no cuenta con apoyos suficientes para sacar adelante la nueva senda, es previsible que las cuentas del próximo año vean la luz con la senda de estabilidad presupuestaria del Gobierno de Mariano Rajoy, que contempla un déficit del 1,3% para 2019, en lugar del 1,8% previsto por el actual Ejecutivo.

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Por el momento, el Gobierno vuelve a aprobar la misma senda de estabilidad presupuestaria que ya aprobó en julio y que contempla un déficit del 1,8% para 2019, un 1,1% en 2020 y cuatro décimas en 2021, frente a las tres décimas y el superávit, respectivamente, previstos por el Ejecutivo del PP para esos ejercicios.

En este sentido, Celaá ha defendido que se trata de una senda “realista” y ha recordado que aporta un margen de 6.000 millones de euros más en gasto, con dos décimas para las CCAA, otras dos para la Seguridad Social y una décima para la Administración General del Estado.

“Si no se consigue aprobar esta senda de déficit que hoy hemos aprobado, el Gobierno obviamente aprobará su proyecto de PGE con la senda vigente en la Cámara”, ha insistido Celaá.

La senda presupuestaria aprobada de nuevo por el Gobierno de Pedro Sánchez fue rechazada a finales de julio por el Congreso, con los votos en contra de PP, Cs, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Bildu.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que, en caso de que las Cortes no aprueben el techo de gasto, el Gobierno deberá volver a remitir a las Cortes un nuevo acuerdo en un plazo máximo de un mes, pero finalmente han transcurrido cuatro meses y medio.

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No obstante, su visto bueno no es imprescindible para la aprobación de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que el Gobierno tiene previsto presentar a mediados de enero con el objetivo de déficit que esté en vigor en ese momento, han apuntado también desde Hacienda.

Además, la aprobación de los objetivos de estabilidad en el Consejo de Ministros de este viernes se producirá sin que se haya aprobado aún la reforma de la Ley de Estabilidad propuesta por el PSOE para eliminar el veto del Senado (en el que ostenta mayoría el PP) a la senda de estabilidad, algo necesario para poder aprobar los nuevos objetivos de déficit del Gobierno que, aunque consiguieran pasar el trámite del Congreso, serían rechazados en el Senado por la mayoría absoluta de los ‘populares’.

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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