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El boicot ciudadano a los productos catalanes es una sólida defensa de la democracia

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El gobierno de Sánchez está contra las cuerdas, presionado por Puigdemont, que exige para aprobar los decretos del gobierno que las empresas que se fugaron de Cataluña en 2017 sean castigadas si no regresan a territorio catalán, una exigencia ilegal y abusiva, típicamente estalinista, que indignará a los españoles, a los defensores del Estado de Derecho y a la Unión Europea.

El boicot a los productos catalanes, que siempre ha sido una represalia, un acto de castigo de los demócratas y españoles decentes por los abusos y agresiones del nacionalismo catalán, hoy, en la España de Pedro Sánchez, se convertiría en un acto de justicia y en una democrática defensa de la libertad, la Constitución y la justicia.

Los golpistas catalanes en el poder están presionando al gobierno de Sánchez para que castigue a las empresas que no regresen a Cataluña y premie a las que se establezcan en territorio catalán, después de que se fugaran en masa, en 2017, cuando los partidos independentistas forzaron el golpe de Estado y llenaron las calles catalanas de manifestaciones y violencia exigiendo la independencia.

El gobierno de Sánchez, a pesar de sus concesiones vergonzosas ya realizadas a los golpistas, que incluyen indultos, repartos de dinero y privilegios, cesión de competencias y preparación de una amnistía y un referendo soberanista, rechazados por la Justicia y por muchos millones de españoles, se resiste a aprobar el castigo a las empresas que no regresen a Cataluña, como exigen los políticos delincuentes catalanes.

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Si el gobierno de Sánchez accediera a ese deseo independentista violaría la libertad de empresas, la igualdad que establece la Constitución y marginaría de forma delictiva al resto de las comunidades autónomas españolas, que se preguntarían con razón ¿Por qué no premia el gobierno a las empresas que se establezcan en Extremadura o Andalucía y sí a las que se trasladen a Cataluña?

Ante esa situación de injusticia y violación de las libertades y derechos constitucionales, el pueblo contempla un nuevo boicot masivo, esta vez cargado de justicia y de razón, para convencer a las empresas y a la sociedad catalana de que la ruta emprendida por sus políticos es suicida y les conduce a la ruina económica.

El boicot dejaría de ser un castigo o una revancha para convertirse en un acto de defensa de la Constitución y de la democracia, en un acto revolucionario destinado a preservar la igualdad que establece la Constitución, amenazada por la voracidad de los golpistas catalanes y la debilidad pervertida del sanchismo, si llegara a ceder.

No cabe duda de que si el gobierno cede a las presiones catalanas y acepta incentivar el establecimiento de empresas en Cataluña provocará un boicot masivo y descomunal de los productos catalanes y un castigo a las empresas que regresen, forzadas por las medidas estalinistas que exigen los independentistas.

Hay un problema suplementario que está frenando que el sanchismo diga “SI” a las sucias, ilegales e indecentes pretensiones del golpismo catalán: el premio a las empresas que se establezcan en Cataluña y el castigo a las que se resistan a regresar es contrario a la legislación de la Unión Europea, que no permanecería indiferente si se culminara ese tremendo abuso de poder delictivo.

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La experiencia demuestra que al nacionalismo catalán sólo se le combate con el rigor de la ley y la fuerza de la democracia y la libertad. Del mismo modo que el 2017 la presión popular y del gobierno forzó la salida de miles de empresas, que huían de los tumultos y de la indignación que la rebelión catalana provocaba en los españoles, ahora sentirían miedo al nuevo boicot democrático y de defensa de España frente al corrupto y mafioso asalto del independentismo catalán.

Empresas como Gas Natural, los bancos de Sabadell y la Caixa, además de otras muchas, verían como sus cuentas de resultados quedarían seriamente dañadas por la retirada de contratos, depósitos y otras acciones de represalia lanzadas por el pueblo español indignado como defensa ante el abuso catalanista.

La ruta de Puigdemont y de otras fuerzas independentistas catalanas es errónea y conduce al conflicto y a la ruina de los catalanes, que corren el riesgo de provocar una nueva huida de empresas y otra fuga de riqueza y capitales,

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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