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Economía

Camino de la bancarrota: Las empresas en quiebra aumentan un 14%

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Las empresas que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas aumentaron un 14% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año pasado, hasta sumar 963 procedimientos de quiebra, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De este modo, sumando familias y empresas, el número de deudores concursados del tercer trimestre se situó en 1.384, cifra un 9,1% superior a la del mismo periodo de 2018.
Número total de concursados

En tasa intertrimestral (tercer trimestre sobre segundo trimestre), el número de deudores concursados bajó un 12,8%, con un descenso del 18,1% en el número de familias declaradas en concurso y una disminución del 10,3% en el caso de las empresas concursadas.

De las 1.384 empresas que entraron en concurso en el tercer trimestre, 56 eran sociedades anónimas, con una bajada interanual del 34,1%, mientras que 808 eran sociedades limitadas, un 22,1% más que en el tercer trimestre de 2018.

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Las personas físicas con actividad empresarial presentaron la misma cifra de concursos que en el tercer trimestre de 2018, un total de 82, por lo que no experimentaron variación anual. No obstante, en términos intertrimestrales, cayeron un 26,8%.

Durante el tercer trimestre, los concursos voluntarios aumentaron un 10,6% en relación al mismo periodo de 2018, hasta sumar 1.303, en tanto que los concursos necesarios retrocedieron un 10%, con un total de 81 procesos.

Por clase de procedimiento, los concursos ordinarios se incrementaron un 16,2% en tasa interanual y los abreviados un 8,4%, hasta 136 y 1.248 procesos, respectivamente.

Cataluña a la cabeza

Por comunidades, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana fueron las comunidades con mayor número de declaraciones de concurso en el tercer trimestre. En concreto, Cataluña sumó 374 concursos, Madrid registró 223 y Comunidad Valenciana, 185. Las regiones con menos suspensiones de pagos en el tercer trimestre fueron La Rioja (9) y Cantabria (11).

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La comunidad que más recortó su número de deudores concursados durante el tercer trimestre fue Asturias, con un descenso interanual del 37,1%, seguida de Navarra (-18,2%) y País Vasco (-13,9%).

Por el contrario, el mayor aumento fue el de Extremadura, que multiplicó por más de cuatro su número de concursos, seguida de Castilla-La Mancha (+57,7%) y Andalucía (+52,1%).

Con la entrada en vigor de la Ley Concursal el 1 de septiembre de 2004, el INE sustituyó la antigua estadística de suspensiones de pagos y declaraciones de quiebra por la de procedimiento concursal, reemplazando los conceptos jurídicos de suspensión de pagos y declaración de quiebra por el de concurso de acreedores, denominándose deudores concursados a las entidades sometidas a este proceso.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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