El Gobierno pretende introducir reformas legales importantes para garantizar el derecho al voto en las elecciones de más de tres millones de inmigrantes. Esta solución de compromiso podría ser el resultado de las conversaciones que ya mantienen los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos para que los extranjeros pueden ser titulares de los derechos que la Constitución reconoce a los españoles, de acuerdo con la ley y los tratados internacionales. El artículo 13.2 puntualiza: “Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23 (donde se encuentra el sufragio), salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales”.

El objetivo de socialistas y podemitas es que aumente el número de inmigrantes que puedan votar en las elecciones municipales, para ello incluyen en su proyecto política migratoria una serie de medidas mucho más laxas que las actuales para facilitar el voto inmigrante.

Por un lado, pretenden que desaparezca el requisito de reciprocidad en la posibilidad de votar. Un segundo paso sería acelerar y facilitar los trámites para conseguir la residencia en España. De esta forma, en unos pocos años crecerá el número de inmigrantes con derecho a sufragio en los comicios municipales.

El partido gubernamental maneja encuestas que indican que la población inmigrante es «ampliamente» más favorable al PSOE que al PP. Especialmente, la iberoamericana, pero también la marroquí, aunque estos últimos no votan porque, pese a los intentos del Ejecutivo de Zapatero, no fue posible suscribir convenio alguno. Los déficits democráticos del país magrebí hacían inviable la reciprocidad que exige la Constitución. Eso abre un nicho de oportunidad claro. Solo en Madrid hay cien mil ecuatorianos y más de 80.000 bolivianos y peruanos.

“Aquí vivo, aquí voto”

Por otra parte y según la siguiente crónica de nuestro colaborador León Riente, las campañas “Aquí vivo, aquí voto. Por una ciudadanía plena”, han sido puestas en marcha por la plataforma “Todos iguales. Todos ciudadanos”, integrada por multitud de organizaciones interesadas en la inmigración masiva, tales como Andalucía Acoge, Asociación Casa de Perú en Baleares, Asociación de Chilenos de Baleares, Asociación de Colombianos en Baleares, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba (APIC), CEAIN, CEPAIM, Córdoba Acoge, CCOO Baleares, Federación SOS Racismo, Secretariado Gitano Córdoba, Sevilla Acoge, Granada Acoge, Huelva Acoge, Jaén Acoge, Jóvenes de IU Comunidad de Madrid, Málaga Acoge, Melilla Acoge, Motril Acoge, Rioja Acoge, Red Acoge, Unión Sindical Obrera (USO), etc. Hay que destacar que muchas de estas organizaciones son generosamente subvencionadas por las distintas administraciones del estado.

La primera de las campañas se desarrolló en el año 2006, con la publicación de un manifiesto en el que exigían los derechos de sufragio pasivo y activo para todos los inmigrantes residentes extracomunitarios en España, algo que catalogan como “ciudadanía plena”. A esto siguieron numerosas acciones de propaganda, sobre todo en los medios de comunicación, generalmente afines a estas exigencias. Las campañas sucesivas tuvieron una estructura similar.

El objetivo directo obvio de estas campañas está en adulterar el censo electoral español e introducir en los resultados electorales, que luego se traducen en apoyos partidistas y en orientaciones legislativas determinadas, los pareceres derivados del voto de personas que no pertenecen a nuestra comunidad nacional. Esto supone, a la vez que fomenta, una intensificación de los criterios legislativos derivados del ius soli en detrimento de los procedentes del ius sanguinis, facilitando así la disolución de nuestra identidad nacional española. Esto es tanto como decir que supone, a la vez que fomenta, una intensificación de los criterios fomentados por la oligarquía económica, es decir por las grandes empresas no multinacionales, por las empresas multinacionales y por los especuladores financieros internacionales, poderes directamente interesados en vencer las resistencias a la mundialización o globalización; es decir, al liberalismo y al libre mercado, a la inmigración masiva y al dumping laboral que provoca, planteadas por las identidades étnico-nacionales y por los estados-nación basados en las ellas.