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España

PSOE y Podemos acuerdan despenalizar las ofensas a los católicos y las injurias a la Corona

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El Gobierno del PSOE y Unidos Podemos han incluido en su acuerdo presupuestario el compromiso de suavizar la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015 por el PP, conocida como ‘ley mordaza’ por sus detractores, y de despenalizar las injurias a la Corona y la ofensa a los sentimientos religiosos de los católicos.

En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana, cuya reforma ya se está tramitando en el Congreso, PSOE y Podemos se comprometen a trabajar sobre la base del texto de modificación que presentó el PNV y descartando la derogación completa que había planteado el Grupo Socialista.

Por un lado, revertirán los artículos de la ley del PP que, a su juicio, tenían por objetivo “desalentar la protesta social” y “limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión”. En ese sentido, se comprometen a que la ausencia de comunicación previa deje de ser un obstáculo para las concentraciones, siempre que se desarrollen de forma pacífica.

NO MÁS DE DOS HORAS RETENIDOS EN COMISARÍA

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Respecto a la actuación policial, subrayan que deberá tener como guía “la dignidad de la persona y los derechos humanos”, que los agentes deberán llevar siempre una la identificación una identificación “claramente visible”, que el registro corporal sólo se aplicarán en casos de “indicios concretos y comprobables” y con prohibición expresa del desnudo total o parcial del sujeto, y que en la comisaría sólo se pueda estar retenido un máximo de dos horas.

El acuerdo contempla también ajustar la cuantía de las sanciones económicas y su aplicación al criterio capacidad económica del castigado, revisar “en profundidad” los tipos de infracción con base en la garantía del derecho de manifestación y de la libertad deexpresión, e “introducir el paradigma restaurativo en el ámbito de estas infracciones administrativas y en todos los tipos de la leyque lo permitan”.

Pero, asimismo, se apuesta por revisar el Código Penal para eliminar lo que consideran “hiperregulacion” de algunas conductas, y concretamente citan el artículo 315 del Código Penal que pesa contra los piquetes informativos en las huelgas.

Según se dice en el acuerdo, recogido por Europa Press, “es recomendable restringir al máximo” la posibilidad de que manifestaciones ofensivas puedan ser perseguibles penalmente y por ello se apuesta por modificar los artículos del Código Penal que hacen alusión a los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona”.

DE PRISIÓN PERMANENTE, NADA

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“La democracia española es una democracia madura, que demanda poder discutir y cuestionar libremente lo que estime conveniente dentro del marco constitucional y del Derecho internacional –sostienen–. Es imprescindible que exista debate público, a través de la discusión libre de diferentes ideas y opiniones, sobre todo de las más minoritarias e incluso excepcionales, basadas en diferentesideologías y concepciones sobre la vida”.

En el acuerdo no hay mención a la prisión permanente revisable que estableció el PP y que los socialistas llevaron ante el Tribunal Constitucional al considerarla una “cadena perpetua”, y sobre Justicia Universal ambas partes se quedan a expensas del informe encargado por el Ministerio de Justicia a una comisión de expertos.

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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