El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ofreció a ETA durante las negociaciones con la banda la creación de un órgano común para País Vasco y Navarra, la legalización de Batasuna, no detener etarras, liberar a De Juana Chaos y otros presos enfermos, acabar con la Doctrina Parot y solucionar el problema financiero de la banda terrorista a través de una organización internacional para que dejaran de enviar cartas de extorsión.

Así consta en las actas de la banda a las que ha tenido acceso Europa Press después de que fuera levantado, por parte de la Audiencia Nacional, el secreto del sumario sobre la investigación de la negociación entre el Ejecutivo socialista y la banda terrorista ETA.

Esta documentación le fue incautada al etarra Francisco Javier López Peña «Thierry», tras su detención el 20 de mayo de 2008 en Burdeos. Ahí se relata desde el primer encuentro mantenido por Josu Ternera y Jesús Eguiguren, junio de 2005 en Ginebra hasta las negociaciones políticas y técnicas que llevaron a cabo el Gobierno y la banda, el PSE y Batasuna tras el atentado de la T-4. Las actas incluyen las reuniones de Oslo y las nueve previas de Ginebra.

Según estas actas, en las negociaciones que se produjeron entre los días 18 y 21 de mayo de 2007, unos meses después del atentado de la T-4 -30 de diciembre de 2006- que costó la vida a dos personas, el Ejecutivo de Zapatero puso sobre la mesa el acuerdo de Loyola, que preveía la creación de un órgano común con atribuciones ejecutivas para País Vasco y Navarra.

Lo hizo en la ronda de contactos que se celebraron esos días en los que se establecieron dos mesas, una de partidos y otra técnica entre Gobierno y ETA y en las que participaron: 2 miembros de Batasuna; dos de ETA; dos del PSOE; 2 del Sinn Fein, dos del Gobierno de Irlanda y uno del Gobierno de Noruega.

Los socialistas lanzaron esta propuesta después de que Batasuna reiterara en la mesa política -de PSOE y la izquierda abertzale- la petición de un Estatuto de Autonomía para las «cuatro provincias», lo que incluía Navarra. En esa ronda de encuentros, exigían al PSOE que tomara el compromiso de reconocer el derecho de autodeterminación y un referéndum para decidir sobre un estatuto «a cuatro».

Dos policías con carnet de Moncloa

Los representantes socialistas lo rechazaron pero a cambio, pusieron sobre la mesa el acuerdo de Loyola, que fue pactado a finales de 2006 -tras dos años de negociaciones secretas- entre el PNV, Batasuna y el PSE. En el apartado 4 de ese acuerdo, los firmantes se comprometieron a «promover la creación de un órgano institucional común para los cuatro territorios comprendidos en dichos ámbitos (País Vasco y Navarra)».

Pero no se logró el acuerdo y ETA afirmó que habían llegado a un punto de ruptura en el proceso de negociación al no haber acuerdo político. Pocos días después, el 5 de junio de 2007, ETA rompía la tregua.

No obstante, en las citadas actas se hace constar que en noviembre de ese mismo año, dos policías «con carnet y membrete “presidencia del Gobierno”» se dirigieron a Santiago Orue, amigo y chófer de Otegi, para darle el mensaje de la «necesidad de hablar» y «llegar a un acuerdo antes de enero».

Arreglar «el problema del dinero»

Sin embargo, antes de esta fase final, Eguiguren y Josu Ternera habían tenido multitud de encuentros que dieron comienzo en el hotel Wilson de Ginebra en junio de 2005 y habían continuado en Oslo en noviembre del mismo año, en los que habían pactado desde los tiempos de los comunicados hasta la declaración de Zapatero cuando se produjera el anuncio del «alto el fuego permanente», que tuvo lugar el 22 de marzo de 2006.

Tras la declaración de tregua por parte de ETA, el presidente del Gobierno anunció el inicio del diálogo con la banda. Dio para ello un plazo de 6 meses y comenzó una serie de reuniones ese mismo mes.

Según las actas de Thierry, en el primer encuentro de esa fase, el 22 de junio de 2006 -las actas apuntan a la presencia de Javier Moscoso-, el Gobierno anunció que estaban trabajando para que Batasuna fuera legal en septiembre-octubre de ese mismo año y comunicó a la banda que habían pedido a la Guardia Civil, a la Policía y a la Policía francesa que no hicieran detenciones. «Ha sido muy difícil hacerlo», admitieron tras reconocer que la Guardia Civil «solo obedece al Duque de Ahumada». Justificaron también la labor de los jueces alegando que son «instrumento del PP».

Sin embargo, afirmaron que la Fiscalía había tenido una «actuación positiva» salvo en una ocasión y recordaron que el Gobierno había cambiado al Fiscal General -nombró a Cándido Conde-Pumpido-.

Los enviados del Gobierno admitieron también que habían sido un «accidente grave» las detenciones del Faisán -bar en el que había una base de extorsión de ETA y cuyas detenciones dieron lugar a una investigación por un chivatazo policial a la citada red- y reconocieron que el ministro, en aquel momento Alfredo Pérez Rubalcaba, tenía un montón de cartas de extorsión que no se habían hecho públicas y que además, desde el Gobierno, estaban diciendo que no les constaba que la banda estuviera pidiendo dinero.

Esta respuesta del Ejecutivo a ETA es coincidente con la respuesta que altos cargos de Interior dieron en su momento a Europa Press al preguntar por las cartas de extorsión que seguían recibiendo los empresarios a pesar de la tregua: «Será la misma carta que está dando vueltas», aseguraron para restarle importancia.

No obstante y a pesar de que el Ejecutivo negara la llegada de cartas, reiteraron el reproche a ETA por este hecho y plantearon a la banda, como contrapartida, «arreglar el problema del dinero» mediante una organización internacional u otras opciones.

Los enviados del Gobierno dieron a la banda toda esta retahíla de argumentos después de que los terroristas reprocharan en ese encuentro las detenciones que se habían producido en Francia, que ni jueces, ni policías estaban de brazos cruzados y que Zapatero hubiera anunciado que solo hablaría con ETA de disolución y futuro de sus integrantes.

En las reuniones que se produjeron entre junio y septiembre de 2006, -en las que también participó el exjuez y exvocal José Manuel Gómez Benítez- el Ejecutivo también se comprometió a dejar sin efecto la Doctrina Parot («es cosa del Constitucional y pueden derogarla», dice el acta), a acercar a presos al País Vasco y a dar la libertad condicional a Iñaki de Juana Chaos, condenado a 3.000 años de cárcel, de los que cumplió 18, por su participación en 25 asesinatos.

Sobre este último, las actas reflejan que lo harían «por medio del hombre de la Iglesia» y primero le llevarían a rehabilitación en un hospital de Madrid «manteniendo su situación de libertad en secreto».

Pero ETA exigió acuerdos políticos, no solo sobre los presos. Lo puso como condición para pasar a la tercera fase y emitió un comunicado anunciando que el proceso estaba en crisis. En octubre de 2016 se volvieron a reunir 4 enviados del Gobierno y dos de ETA para «tratar los accidentes» que se convirtió en un cruce de reproches.

La banda acusa al Gobierno del 90 por ciento de los incumplimientos y este alegó que por «dar el aviso del Faisán hay un alto policía encausado y casi el jefe de seguridad del PSOE», ofrecen salidas de presos enfermos graves, incluso el de Bolinaga, uno de los secuestradores de Ortega Lara.

En noviembre, ETA vuelve a amenazar con romper, el 20 de diciembre se filtran informaciones sobre las reuniones; hay un encuentro Gobierno-ETA sin éxito en el que ya no está Josu Ternera; el 29 de diciembre Zapatero anuncia que la situación es mejor que hace un año y al día siguiente se produjo el atentado de la T-4 en Barajas.