Internacional
Ya era hora: ordenan suspender ley del aborto en Argentina por inconstitucional
Published
3 años agoon
El Juzgado Federal 4, a cargo de Alfredo López, hizo lugar a un amparo y solicitó que se suspenda la aplicación de la ley “hasta que se resuelva la cuestión de fondo”.
Un juez de Mar del Plata ordenó suspender la aplicación de la ley 27610, conocida como de “Interrupción Voluntaria del Embarazo”. Se trata de Alfredo López, del Juzgado Federal número 4, que hizo lugar a un amparo presentado por Héctor Seri, quien pidió la “inconstitucionalidad” de la mencionada ley del aborto, por considerar que la misma va en sentido contrario a “las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en virtud de la protección integral del derecho a la vida desde la concepción”. Al hacer lugar al amparo, el juez resolvió disponer “la suspensión de la aplicación de la norma, protocolos y resoluciones hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en el momento de dictarse sentencia definitiva”.
Como era de esperarse, la noticia cayó muy mal en el oficialismo y quien salió a responder fue Estela Díaz, que ostenta el cargo de “ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual” de la provincia de Buenos Aires. “Este es un amparo federal que todavía no ha sido comunicado formalmente al Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y al Ministerio nacional, que, por supuesto va a apelar en forma inmediata, porque parece un disparate plantear, a esta altura, la inconstitucionalidad de una ley que fue profundamente debatida, precisamente, respecto de su constitucionalidad”, señaló. Lo que la funcionaria parece no comprender es que, a pesar de todo el debate que se generó las dos veces que se discutió la ley, sus partidarios nunca pudieron explicar cómo cuadra la ley del aborto con una Constitución que protege la vida desde la concepción.
Lo cierto es que el fallo del juez bonaerense no es el primero en este sentido. Tres meses después de haber sido aprobada la normativa en el Congreso de la Nación, la Justicia de San Luis también declaró la “inconstitucionalidad” de la medida en el territorio de la provincia.
Allí, en simultáneo, se hizo lugar a una presentación de la exsenadora Liliana Negre de Alonso, que intimó al gobierno provincial a cumplir con las leyes correspondientes al distrito. Su presentación apeló a una resolución de María Eugenia Bona, titular del Juzgado Laboral Segundo de la Primera Circunscripción, que ratificó la vigencia del Código Civil y Comercial que “reconoce la existencia de la persona humana desde la concepción”.
El kirchnerismo insiste con proyectos de ley inconstitucionales
Con motivo de la pandemia del coronavirus, que ha cobrado casi 82000 vidas en Argentina, el presidente Alberto Fernández pretende aprobar una ley en el Congreso que lo exima del dolor de cabeza de lidiar con una justicia independiente. La iniciativa, denominada “ley pandemia”, surgió luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que defendió la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la potestad sobre la presencialidad de las aulas.
Aunque el oficialismo todavía no ha conseguido los votos para aprobarla, parece estar encaprichado con obtener la suma del poder público con la excusa del virus. Igualmente, de funcionar medianamente la justicia, la misma tendría que caer en la Corte sin muchas vueltas. Sin embargo, de transitar este escenario, el kirchnerismo, sobre todo si pierde las elecciones de medio término, se pasará el final de mandato en pie de guerra con el Poder Judicial.
España
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Published
13 horas agoon
27/04/2024By
Reproducido
Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África
El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.
El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.
Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.
De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.
Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.
Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.
Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medida. “Queremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.
En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.
En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.
Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.
Fuente: Derecha Diario.
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