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Tribunales

Vox se desinfla en el juicio del ‘procés’

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El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith (d), y el vicesecretario jurídico de Vox, Pedro Fernández (i).
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EC.- El comienzo de las testificales abrió la puerta a que Vox abandonara su letargo en el juicio del ‘procés’. Aunque los 12 acusados optaron por ignorar al partido de Santiago Abascal en los interrogatorios de las dos primeras semanas, los testigos están obligados a responder a todas las partes y esto permitió que Javier Ortega Smith y Pedro Fernández protagonizaran un cara a cara con pesos pesados como Mariano Rajoy o Soraya Sáenz de Santamaría. Ambos abogados, sin embargo, chocaron contra un muro al plantear sus preguntas más políticas: el tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena.

Esa semana comenzó mal para Vox desde el primer momento. El martes se adelantó el inicio de la sesión a las nueve y media de la mañana en lugar de a las 10, pero los abogados del partido no tomaron nota del cambio: Ortega Smith y Fernández llegaron tarde al Supremo y se les impidió entrar en la sala hasta el primer receso, por lo que tuvieron que seguir desde el exterior el arranque del interrogatorio al líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Una vez dentro, tanto Cuixart como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell siguieron los pasos de sus compañeros y se negaron a responder a sus preguntas.

El miércoles sí llegaron a tiempo y fueron los primeros en plantear preguntas al portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà. El testigo había sido propuesto por el propio partido y se revolvió contra el tribunal nada más comenzar su declaración, ganándose así una advertencia de Marchena. Minutos después, el presidente de la sala volvió a intervenir, pero en esta ocasión para avisar al abogado Pedro Fernández de que no debía hacer preguntas que diesen pie a valoraciones: “Vamos a ver, señor letrado. No centramos lo que se pide de un testigo por iniciar la frase con ‘lo que usted conoce’, porque lo que le está pidiendo es una valoración”, dijo. Fernández asintió y volvió a lanzar la pregunta con la misma fórmula, lo que llevó al juez a interrumpirle de nuevo: “Fíjese, señor letrado. Está usted intentando preguntar al testigo qué es lo que pensaba. Le está pidiendo no lo que percibió, sino que valore comportamientos ajenos, y tenemos que evitar esto”.

La declaración del expresidente catalán Artur Mas transcurrió sin incidentes y entonces llegó el turno de la que fuera número dos del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Al igual que la de Tardà, su comparecencia fue también propuesta por Vox, por lo que el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, fue el primero en plantearle preguntas. El abogado sacó cuestiones como sus reuniones con Junqueras o el despacho que tuvo la exvicepresidenta en Barcelona durante “la operación diálogo”, discurriendo así la comparecencia con calma hasta que abordó el dispositivo policial del 1-O. “A la vista de lo ocurrido, resultaron cuanto menos insuficientes. ¿Por qué? Pues porque los propios informes de la policía…”, dijo Ortega Smith antes de que Marchena le interrumpiera: “No conteste usted a la pregunta.

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La pregunta iba bien orientada hasta que usted ha comenzado a responder”, le advirtió el presidente del tribunal.

La declaración más esperada llegó por la tarde con Mariano Rajoy. Una vez más, Ortega Smith fue el primero en preguntar, para lo que lanzó un dardo después de que el expresidente dedicara su introducción a defender la actuación previa al 1-O: “Y a pesar de todo ello, se convocó el referéndum”, señaló el abogado. Incómodo, Rajoy trató de esquivar el golpe: “Bueno… Eh… Yo creo que lo que se convocó no fue un referéndum, se intentó convocar un referéndum”, argumentó. El resto del cara a cara se produjo sin roces, una declaración en la que el abogado, al igual que con Santamaría, volvió a incidir en si se planteó la aplicación del artículo 116 de la Constitución, aquel que regula los estados de alarma, de excepción y de sitio.

El espectáculo de la CUP

La jornada del miércoles terminó con los testigos de la CUP dando un espectáculo. El ‘show’ arrancó con el exdiputado Antonio Baños y siguió con Eulàlia Reguant, quienes se negaron a responder a las preguntas de Vox “por dignidad democrática y antifascista”. “Si me permite, señoría, yo me negaré a contestar a la acusación popular”, comenzó diciendo Baños. “No, no puede”, le respondió Marchena. “Sí, sí que puedo”, insistió el exdiputado. El magistrado trató entonces de explicarle que los testigos deben responder a todas las partes, intervención en la que Ortega Smith se limitó a mantener la mirada fija en sus documentos.

El presidente del tribunal trató de reconducir la situación y ofreció la posibilidad de que las preguntas de la acusación popular fueran planteadas por el propio tribunal para “evitar el desenlace que no queremos poner en marcha”, una opción a la que los abogados de Vox accedieron. Baños, sin embargo, siguió adelante con sus críticas y a Marchena no le quedó más salida que la deducción de testimonio para que un juzgado ajeno al Supremo investigue si su negativa a declarar tendrá o no una respuesta penal. Con Reguant la situación se repitió, por lo que los dos exdiputados tendrán que pagar por el momento una multa de 2.500 euros cada uno a la espera de ver las posibles consecuencias penales.

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El choque con Rufián

El jueves siguieron adelante las testificales y la jornada arrancó con el lendakari Iñigo Urkullu, comparecencia en la que Vox volvió a preguntar sobre si se habló de aplicar el artículo 116 de la Constitución en sus conversaciones con el Gobierno. “No, en absoluto. Yo con el señor Rajoy no hablé del artículo 116”, respondió el político vasco. Una vez terminada su declaración, llegó el turno del diputado Gabriel Rufián, quien siguió la línea de otros políticos catalanes citados como testigos y arremetió contra Vox, al que calificó hasta en dos ocasiones como un “partido de extrema derecha, xenófobo y racista” que le da “vergüenza” que actúe como acusación en el juicio. Pese a sus duras palabras, el diputado prefirió desmarcarse de la estrategia de los ‘cupaires’ y sí les contestó.Gabriel Rufián califica de ‘fake news’ la violencia el 20S: “Me chirría que se dijera que era una rebelión. Yo fui a comer, a merendar, yo creo que en una rebelión, a merendar no va la gente”, asegurño.

La tercera semana del juicio, clave para Vox desde el punto de vista político, termina así con el partido acaparando titulares por los insultos que le han dedicado algunos testigos y no por sus preguntas a los representantes de lo que ha tachado en los últimos meses como “derechita cobarde”. Aunque Ortega Smith y Fernández trataron de acorralar a los pesos pesados del anterior Gobierno con varias de sus preguntas, Marchena no dudó en cortarles en seco con cada salida de tono.

Trapero como testigo

Por parte de las acusaciones, solo la acusación popular que ejerce Vox había propuesto al major Trapero como testigo. El abogado y número dos de la formación, Javier Ortega Smith, estuvo durante el interrogatorio más preocupado por algunos aspectos colaterales del procés, como la supuesta destrucción de documentos en la incineradora de Sant Adrià del Besos o el número de llamadas a Jordi Sànchez, líder de la ANC, el 20 de septiembre de 2017, y por el organigrama del cuerpo policial, al que se refiere siempre como los “Mozos”.

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Ortega Smith, en un interrogatorio confuso en el que fue saltando de idea en idea, se dejó en el tintero preguntas esenciales. Una de ellas fue las reuniones que la cúpula de los Mossos mantuvieron los días 26 y 28 de septiembre con el expresidente catalán Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras o el exconsejero de Interior Joaquim Forn, en las que supuestamente los principales comisarios del cuerpo autonómico advirtieron a los líderes políticos de la posibilidad de incidentes violentos en caso de seguir adelante con el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre y pidieron –sin éxito- a los políticos que desconvocaran la consulta.

El juicio del ‘procés’ es el escaparate perfecto para la formación de Santiago Abascal, pero por el momento no han conseguido levantar la persiana.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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