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Vox pide al Congreso el censo de trabajadores andaluces que cruzan a Gibraltar al sospechar “su situación irregular”

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Los diputados de Vox en el Congreso por Cádiz y Badajoz, Agustín Rosety y Víctor Sánchez del Real, respectivamente, han registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para conocer el censo de trabajadores que atraviesan la frontera con Gibraltar para trabajar en el Peñón, de quienes sospechan pueden estar en situación irregular.

En concreto, piden conocer a los casi 15.000 trabajadores españoles, comunitarios o de tercera nacionalidad que atraviesan cada día la verja, así como las instrucciones que reciben la Agencia Tributaria y las Fuerzas de Seguridad del Estado para vigilar el tránsito de estos. “Nada sabemos de la existencia de un censo de trabajadores que permita conocer con certeza la magnitud de esta población”, han señalado los diputados de Vox, que dudan de que los trabajadores “no están siendo debidamente atendidos por las autoridades” de Gibraltar y reclaman “facilitar la asistencia social a la que tengan derecho”.

Como recuerdan los diputados en su pregunta al Gobierno, la Agencia Tributaria creó en 2015 un registro para facilitar a quienes se inscribieran el cumplimiento de los trámites legales de tránsito, pero apenas se inscribieron un centenar de personas. “Cabe intuir que, o el contingente de trabajadores no era tan elevado como se decía, o había una proporción de personas en situación irregular”, han destacado los diputados de Vox.

Asimismo, han manifestado sus dudas sobre el cumplimiento con la ley en evitación de contrabando, porque a su juicio, “no hay siquiera, un dato fiable sobre cuántos trabajadores cruzan cada día la verja”.

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Y han instado al Gobierno a entregar un censo y explicar las instrucciones que reciben la Agencia Tributaria y las Fuerzas de Seguridad del Estado para vigilar el tránsito de los trabajadores, con el objetivo de regular la situación laboral.

La cifra de trabajadores transfronterizos que viven en Andalucía (la mayoría en La Línea e la Concepción) pero cruzan cada día la verja para trabajar en Gibraltar no para de crecer año tras año pese a la crisis.

Según los datos del Gobierno gibraltareño, son 14.704 los trabajadores transfronterizos en el Peñón, 1.457 más que cuando comenzó 2018. La mayoría son andaluces: 9.175. Británicos, portugueses, italianos, rumanos y polacos conforman los grupos más numerosos tras los españoles.

Gibraltar es una dependencia colonial británica perteneciente a la Unión Europea, cuyas relaciones exteriores asume un Estado Miembro, pero el régimen europeo de unión aduanera no le resulta de aplicación. Por eso, Sánchez del Real y el general Rosety critican que “la aplicación rigurosa de la normativa genera dificultades al paso habitual de los trabajadores por la verja, aunque España no reconozca a esta como frontera”.

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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