“El vicepresidente del Gobierno es el responsable de la gestión de las residencias de ancianos desde el mes de marzo”. 

Así de contundente se ha mostrado este martes la formación liderada por Santiago Abascal en contra de la gestión del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, durante la pandemia.

Vox recuerda que el pasado 19 de marzo el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, compareció ante los medios de comunicación para anunciar la creación de un “escudo social” y ponerse al frente de la gestión de las residencias de ancianos, hasta ese momento competencia de las Comunidades Autónomas.

Iglesias decretó la medicalización de las residencias por parte del Gobierno y asumió la responsabilidad de la entrega del material de protección: “Ya estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad para que estos equipos lleguen cuanto antes”.

“La inacción de Iglesias ha provocado la muerte de más de 20.000 ancianos en sus residencias, en soledad, sin poder despedirse de sus familias y sin recibir una atención sanitaria digna”, lamentan desde Vox.

Además, señalan que “la gestión criminal del vicepresidente del Gobierno choca con su hipocresía cuando, en una entrevista en televisión, enarbolaba la bandera de la justicia social frente al desastre de las residencias“.

“La realidad es que Iglesias conocía de primera mano lo que estaba ocurriendo con nuestros mayores”, sostiene la formación liderada por Santiago Abascal. “Las residencias privadas y religiosas han informado a diario a los ayuntamientos, a las comunidades y a las delegaciones del Gobierno, que eran las encargadas de enviar a la UME”, confirman desde el Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs), la patronal de las residencias de ancianos.

Misiva al Defensor del Pueblo

Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, ha enviado una misiva al Defensor del Pueblo solicitando que se abra una investigación “sobre el geriatricidio que ha tenido lugar en las residencias de ancianos”.

En la carta, Vox solicita que requiera al Gobierno regional a que tome “las medidas oportunas para esclarecer lo sucedido, depurar responsabilidades y hacer un informe que se haga público y contenga los resultado de dichas investigaciones”.

“Nos consta por fuentes oficiales que, en los tres últimos meses, más de 5.900 residentes han fallecido con covid-19 confirmado o con sintomatología compatible con el virus. Son el 31% del total de muertes por la enfermedad en geriátricos de toda España (19.000 ancianos fallecidos en residencias para la tercera edad, a 24 de mayo 2020). Y ello a pesar de que en la región sólo están el 13,5% de las plazas residenciales –51.582 de un total de 381.158 plazas repartidas en toda España–, según los últimos datos del Imserso correspondientes a 2018 y elaborados con la información que facilitan las propias comunidades. La desproporción entre ambos porcentajes es enorme: los geriátricos madrileños tienen el 13% de las plazas residenciales de toda España y acumulan el 31% de los fallecidos en este tipo de centros. No es ya una cuestión de mero control parlamentario al Gobierno de la Comunidad: creemos estar ante una vulneración de los derechos y la dignidad de nuestros mayores y de sus familias”, recoge el escrito.