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Sociedad

Valencia multará con 120.000 euros las terapias para “curar” la homosexualidad

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Imagen de la celebración en las Cortes Valencianas encabezada por Mónica Oltra
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Las Cortes Valencianas han aprobado este miércoles la denominada ley de igualdad de las personas LGTBI, que prohíbe las terapias de aversión para modificar la orientación sexual y prevé multas de hasta 120.000 euros -el triple de lo previsto inicialmente- en caso de infracción muy grave, como realizar o difundir esas terapias.

La ley valenciana para la Igualdad de personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales, cuya aprobación ha recibido un largo aplauso de todos los grupos y de colectivos LGTBI presentes en la tribuna de invitados, ha quedado aprobada con el apoyo de socialistas, Compromís, Ciudadanos y Podem, y la abstención del PP.

El objetivo de esta ley es prevenir agresiones y erradicar cualquier discriminación por cuestiones de orientación sexual, y es la primera norma española que dedica un capítulo entero a reconocer la situación especial y diversa de las personas con variaciones intersexuales o con diferencias del desarrollo sexual.

La ley crea el Espacio de la Memoria LGTBI, que albergará documentos relacionados con la represión que ha vivido este colectivo y recordará a las personas LGTBI que fueron perseguidas, torturadas y asesinadas; y el Consejo Valenciano LGTBI, un órgano consultivo que velará por el cumplimiento de esta norma.

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Además, establece que los cuerpos policiales de los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán un grupo especializado en la prevención de delitos de odio, y en el ámbito sanitario garantizará el acceso de estas personas a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública en condiciones de igualdad.

La diputada socialista Rosa Mustafá ha asegurado que, aunque queda “mucho camino por recorrer”, hoy es un “día grande” porque se aprueba una ley “ambiciosa” y que avanza en la igualdad “real y efectiva”, con la que se evitará que “nadie más tenga que vivir dentro del armario o volver a entrar en él”.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, quien ha colgado en su escaño la bandera arcoíris, ha reivindicado que esta es una ley hecha “con” el colectivo LGTBI, que todavía sufre agresiones, odio o sencillamente miedo, y ha destacado que cuando se expulsa la homofobia de las instituciones, entra la igualdad por la puerta.

La diputada de Podem Cristina Cabedo, quien llevaba una camiseta con la palabra inglesa “Proud” (orgullo), ha dicho que esta norma es “un paso firme y justo hacia un colectivo estigmatizado” y ha defendido que “ya toca salir y volar alto e inundarlo todo de plumas”.

Desde el PP, su diputada Blanca Garrigues ha indicado que la postura de su grupo es una “abstención muy positiva”, porque aunque no es la ley que habría hecho su partido, son más las cosas que les unen que las que les separan, y no se oponen a una norma que “debería unir a toda la sociedad y aunar todas las sensibilidades”.

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Emilio Argüeso, de Ciudadanos, ha mostrado el apoyo “alto y claro” de su grupo a la igualdad efectiva de las personas con independencia de su orientación sexual, a erradicar cualquier forma de discriminación y a una ley que habla de “dignidad, respeto y de apostar por la diversidad”.

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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