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Trapero califica de “barbaridades” las leyes de desconexión del Parlament anteriores al 1 de octubre

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El mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero ha asegurado este lunes, al inicio de su interrogatorio en el juicio por rebelión en la Audiencia Nacional, que la resolución del Parlament de Cataluña que en 2015 activó el procés fue “una barbaridad”. Trapero ha querido desmarcarse del itinerario que el Govern de la Generalitat fue siguiendo hasta llegar al referéndum del 1 de octubre y a la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017.

El investigado también ha declarado durante su interrogatorio que no tenía una “relación estrecha, ni buena ni mala”, con el entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Trapero, para quien la Fiscalía pide 11 años de cárcel por rebelión por su papel en el “procés”, ha alegado que cuando el entonces director de los Mossos d’Esquadra, Albert Batlle, inició el proceso para nombrarle mayor, cargo al que accedió en abril de 2017, Puigdemont no lo sabía, ya que no tuvo “nada que ver” con su ascenso al máximo rango en la policía catalana pocos meses antes del 1-O.

A preguntas del fiscal Miguel Ángel Carballo, Trapero ha sido tajante al afirmar que no tuvo una relación personal “ni buena ni mala” ni tampoco “estrecha” con Puigdemont.

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Ante el tribunal que le juzga, José Luis Trapero ha defendido que la policía autonómica no contaba con los efectivos suficientes para contener las concentraciones que se produjeron el 20 de septiembre de 2017 en protesta por los registros judiciales que se sucedieron en diferentes lugares de Cataluña.

Después de que el fiscal Miguel Ángel Carballo enumerara las comunicaciones oficiales que mantuvieron la Guardia Civil y los Mossos ese día, en la que la primera solicitaba apoyo en los registros y los segundos contestaban que tomaban nota, Trapero ha explicado que las entradas ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona no estaban planificadas, de modo que el cuerpo que dirigía no pudo planificar su despliegue.

“¿De dónde sacamos los efectivos? Si hubiese sido algo planificado… La Guardia Civil no sólo nos pedía el cordón en la Consejería de Economía, sino en otros escenarios. No podíamos hacer cinco cordones de seguridad de 40 metros con los efectivos de orden público de los que disponíamos”, ha remarcado el mayor.

En los lugares donde se intentó hacer el cordón, ha añadido, “la gente se puso delante y ya hubo los primeros incidentes”. “En una concentración de miles de personas eso nos puede crear problemas serios y eso hay que valorarlo, señoría. Pero seguro que nos hubiese encantado poder hacerlo”, ha señalado.

Ante la insistencia del fiscal sobre los requerimientos que formuló la Guardia Civil a los Mossos, Trapero ha subrayado que durante ese día los mandos de la policía autonómica desplegados en los lugares de los registros y el comisario Ferran López mantuvieron contacto con los responsables del Instituto Armado y que esa incapacidad de actuar se transmitió “en persona”.

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“Si fuese una actitud de no querer hacer, el coronel de la Guardia Civil en Barcelona no habría aguantado esa comunicación. Se le explicaba el por qué algunas cosas no se podían hacer. Eso no quiere decir que ni él ni nosotros estuviésemos satisfechos”, ha apuntado.

Protocolo con “buenos resultados”

Sobre sus llamadas con el entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez –condenado a 9 años de cárcel por sedición–, Trapero ha incidido en la versión que ya prestó durante su comparecencia como testigo en el juicio del Tribunal Supremo el pasado marzo. Según ha manifestado, es común en el protocolo de Mossos establecer contacto con los líderes de las manifestaciones y concentraciones y en ese marco ha situado sus comunicaciones.

“No es nada extraño en el modelo de orden público de los Mossos d’Esquadra desde el año 2013, porque apostamos por un modelo en el que prima la mediación. Es un trabajo habitual de Mossos y creo que ha tenido resultados muy buenos”, ha concretado.

Ha dicho además que desconocía entonces los ‘tuits’ que Sànchez fue publicando a lo largo de la mañana del 20 de septiembre llamando a la concentración ante la sede de la Consejería de Economía, donde se estaba produciendo el registro principal. En cualquier caso, ha matizado que los Mossos no valoran las declaraciones de nadie.

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Trapero ha querido dejar claro que los Mossos d’Esquadra en ningún momento otorgaron a Sánchez el rango de “mediador” ni ningún otro “título”. Es más, en otro momento de la declaración ha destacado que el expresidente de la ANC “no impuso ninguna condición” en ningún momento del día, pues “no es nadie para imponer condiciones”.

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Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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