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Torra reta al Supremo tras ser inhabilitado: “Soy diputado y president”

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El Tribunal Supremo ha acordado mantener por el momento la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, el acta de diputado autonómico al considerar que no pueden dejar de aplicarse las leyes y que la pérdida de la credencial no es irreversible.

La Sala de lo Contencioso Administrativo, que ya rechazó tomar medidas cautelarísimas, ha desestimado por unanimidad la petición de Torra de suspender cautelarmente la resolución del árbitro electoral mientras estudiaba el fondo del asunto, pretensión que también apoyaba la Fiscalía.

Pero el president sigue sin aceptar la postura del Supremo: “Nada ha cambiado y no daremos marcha atrás”; “Soy diputado y presidente de Cataluña porque así lo decidió la ciudadanía y porque así lo votó el Parlament”, manifestó tras conocer el auto del alto tribunal. En un análisis preliminar, los magistrados creen que la JEC es competente para actuar y “debía” hacerlo después de que Torra fuera condenado a año y medio de inhabilitación por no retirar los lazos amarillos de edificios públicos en campaña electoral, y de que PP, Ciudadanos y Vox reclamaran que se ejecutara esa condena, aún no firme. “Consideramos que el interés general que debe prevalecer es ahora el que está presente en la sentencia condenatoria”, destaca la Sala, que asegura que no prejuzga el fondo del asunto.

La JEC aplicó la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece la incompatibilidad sobrevenida, aún sin sentencia firme, tras una condena de inhabilitación por un delito contra la administración pública, “lo que tiene fundamento en la necesidad de que todos los gestores públicos gocen de la confianza y el respeto de los ciudadanos”, subrayan los magistrados.

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Acceder a la suspensión cautelar que pide Torra, concluyen, supondría no aplicar “preceptos legales vinculantes de cuya regularidad constitucional no hemos dudado y a los que todos los poderes públicos estamos vinculados”. Insisten en que no es la JEC la que priva a Torra de su escaño, sino una condena y su aplicación según la LOREG, una ley cuya constitucionalidad, subrayan, no cuestionan “en este momento”.

Los magistrados acogen así las alegaciones de los letrados de las Cortes, en defensa de la JEC, y se apartan del criterio del fiscal, que planteó dudas sobre la competencia del árbitro electoral, recordó la seria división en su seno y pidió dejar sin efecto temporalmente su acuerdo. El presidente de la Generalitat alegó que el órgano competente para decidir sobre su escaño era el Parlament, pero la Sala destaca el carácter orgánico de la LOREG y estima que es la ley “aplicable aquí”, siempre a partir de un examen preliminar y cautelar, ya que no entra a analizar el fondo del recurso.

Torra también argumentó que si se le retiraba la credencial se generaría un daño irreparable, pero los magistrados señalan que, en la hipótesis de que finalmente le dieran la razón, no habría problemas para devolverle el acta. Los jueces, que imponen a Torra el pago de las costas -600 euros- son tajantes al rechazar sus quejas sobre una supuesta actuación “intempestiva, sesgada, indebida o parcial” de la JEC; consideran esas críticas “claramente inconsistentes” y alertan de una extralimitación en el ejercicio del derecho a la defensa. En respuesta, ponen en valor la “misión trascendente” que la LOREG encomienda a las juntas electorales, que actúan de forma independiente, para garantizar un régimen de elecciones libres.

Los magistrados sostienen que la citada ley se aplica desde su entrada en vigor con pleno respeto al principio constitucional de igualdad, por lo que no entienden tampoco cómo se han podido ver afectadas las libertades ideológicas, de expresión o de reunión de Torra. Además de este auto, la Sala se ha dirigido este jueves al Parlament para recordarle que no es la Mesa quien debe recurrir el acuerdo del árbitro electoral -como hizo el pasado 14 de enero-, sino el pleno, y le da un plazo de quince días para subsanar el error bajo riesgo de que archive el caso.

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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