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Sociedad

Soria: provincia ejemplar. Es la única provincia en España donde no se practican abortos por ser objetores todos sus médicos

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EL AÑO PASADO 113 MUJERES TUVIERON QUE VIAJAR A OTRA PROVINCIA PARA MATAR A SUS HIJOS.

[T]odas las mujeres embarazadas que residen en Soria y que quieren acabar con la vida de su hijo no nacido deben trasladarse a una clínica abortista privada de Valladolid. La razón es que en toda la provincia de Soria no hay un solo médico dispuesto a matar a los seres humanos en el seno materno.

 El año pasado las 113 mujeres que quisieron abortar en Soria debieron viajar cientos de kilómetros para poder hacerlo

El Hospital Santa Barbara, en Soria, derivó a todas estas pacientes a 300 kilómetros de su casa para llevar a cabo la intervención en un centro privado de otra provincia. Una dinámica que se lleva repitiendo desde el año 1989. Y que revela que desde hace más de 31 años la provincia de Soria no ha practicado ningún aborto. A pesar de que desde la aprobación de la Ley del Aborto, en 1985, cientos de mujeres han solicitado cada año acabar con la vida de sus hijos no nacidos.

Aunque el aborto se trata de un servicio público que puede prestarse en los hospitales públicos, en la provincia de Soria se acogen al derecho a la objeción de conciencia de los médicos. La ley lo permite.

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Es en lo que insiste, precisamente, una ginecóloga que trabaja en el hospital público soriano, cuando es preguntada por El Español y que prefiere mantener el anonimato:

«La cuestión es que Soria es una ciudad pequeña y tiene un hospital pequeño con una plantilla reducida. Los ginecólogos tenemos el derecho de la objeción de conciencia en este caso que nos ocupa. Y es por eso por lo que aquí no se hace. Esto no impide que a todas las pacientes que solicitan un aborto, se les tramite la vía oficial y a través de los servicios sociales de su centro de salud o del hospital, se les derive a clínica autorizados, habitualmente privadas, y con todo subvencionado»

Los abortistas, molestos

Como es de suponer, aquellos que están a favor de matar a los no nacidos buscan limitar de alguna manera el derecho de los médicos a la objeción de conciencia. Pilar Moreno, médico de Familia y miembro del Movimiento Feminista de Salamanca dice que lo de la objeción de conciencia es «una trampa»:

«Si tú lees la ley, la objeción de conciencia es individual. No lo dice la gerencia o el servicio de ginecología. El médico tiene haber hecho previamente la objeción de conciencia. Si mañana trabajo en un hospital, yo no puedo decir que tengo objeción de conciencia. Eso es una trampa muy grande que hay».

En la misma línea está el ginecólogo Roberto Lertxundi, quien esta semana estuvo en el foco mediático tras dar a conocer en un reportaje con la ETB que las mujeres sorianas debían afrontar un viaje hasta Valladolid para poder abortar.

«La objeción de conciencia es un derecho que debería darse por anticipado y por escrito, es decir, que en los hospitales debería existir un listado con los médicos objetores», sostiene el médico vasco. «La ley, en concreto el artículo 19 establece lo siguiente: El rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito».

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España

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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