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Sólo 15 presos yihadistas se acogen al plan voluntario de desradicalización

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Mohamed Houli Chemlal, detenido en relación con los atentados yihadistas cometidos Barcelona y Cambrils
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Sólo 15 presos yihadistas participan de forma voluntaria en los programas de desradicalización de las cárceles españolas, en las que actualmente hay recluidas 250 personas por actividades relacionadas con este tipo de terrorismo, una cifra que supera ya la de los reclusos etarras.

Estos programas, que, en suma, pretenden desvincular al preso de la violencia sin “tocar” sus ideas religiosas o su ideología, forman parte del plan de control de presos para prevenir la radicalización que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias puso en marcha en 2014.

Dos años después, Prisiones inició los programas voluntarios de desradicalización en las cárceles impartidos por psicólogos que ofrecen ayuda al preso para superar los planteamientos que sustentan su ideología totalitaria y terrorista.

Según han indicado fuentes de este organismo, en la actualidad hay sometidos a control 250 internos en un total de 50 centros penitenciarios dependientes de la administración central.

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De ellos, 129 (en 2014 eran 45) pertenecen al primer grupo o grupo A, destinado a reclusos preventivos o penados por hechos relacionados con el terrorismo yihadista, de los que 65 tienen nacionalidad española.

Otros 39 (9 cuando empezó el programa) están incluidos en el grupo B, el de presos que no están condenados por terrorismo pero sí se detecta en ellos una actitud de liderazgo o proselitista, es decir, carismáticos que pueden llegar a ser captadores o reclutadores.

Mientras, en el grupo C se hace seguimiento a 82 internos (33 en el inicio del programa). Son reclusos a los que se les controla por presentar indicios de fanatismo o por sufrir una situación de frustración personal o de exclusión social que les hace más vulnerables a la captación y radicalización.

Además de las medidas del plan que se desarrollan en el interior de los centros, Instituciones Penitenciarias somete a evaluación a los imanes que entran en las cárceles para realizar labores de culto, a fin de evitar que entre los líderes religiosos musulmanes se cuele alguno con otros objetivos, como los de contribuir a la radicalización.

De los datos facilitados a Efe por Instituciones Penitenciarias se desprende que el número de reclusos por delitos relacionados con el terrorismo yihadista -ya sean pertenencia a banda armada, enaltecimiento o captación, entre otros- supera ya al de los presos de ETA.

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Según esas mismas fuentes, en la actualidad hay en España 234 reclusos de esa banda terrorista repartidos en 71 prisiones de todo el país, y de ellos, solo 6 son preventivos, es decir, aún no han sido condenados.

Dos internos están ya en tercer grado, es decir, en régimen abierto. Se trata de Olga Sanz y Javier Moreno, que formaron parte del comando Vizcaya de ETA y estaban presos en el centro penitenciario de Asturias, pero tras acceder al tercer grado, fueron trasladados a la cárcel de Basauri (Vizcaya).

En ambos casos, según aseguró en su día Instituciones Penitenciarias, se cumplían los requisitos establecidos por la ley: haber cumplido tres cuartas partes de la condena, haber abonado la responsabilidad civil, haber pedido perdón a las víctimas, desvincularse de la banda terrorista, renunciar expresamente a la violencia y mostrar su disposición a colaborar con las autoridades.

Un total de 19 presos etarras cumple condena en régimen ordinario o segundo grado y muchos de ellos ya están en cárceles próximas al País Vasco o Navarra.

El resto de los reclusos de la banda terrorista permanece en primer grado penitenciario, en el que habitualmente son clasificados los presos más peligrosos.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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