España
Sánchez dejaría a la Generalitat de Cataluña excarcelar a los presos independentistas
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7 años agoon
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Redacción
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El PSOE no lleva en su programa electoral recuperar las competencias en materia penitenciaria transferidas a Cataluña. Tampoco Podemos. Pero sí coinciden en este punto el PP, Ciudadanos y Vox.
Las elecciones generales marcarán la apertura de una nueva etapa en la política catalana y en la gestión del órdago independentista. El cambio es evidente si lo que sale de las urnas es un Gobierno «a la andaluza», con PP, Ciudadanos y Vox. Pero también supondrá un antes y un después si la mayoría es socialista y en función de cómo quede el reparto de fuerzas entre el PdCAT y ERC en el Congreso y también en la competición municipal y europea entre Oriol Junqueras y Carles Puigdemont.
Para taponar hemorragias electorales el candidato socialista, Pedro Sánchez, ha convertido en uno de sus lemas de campaña la negación de que vaya a negociar un referéndum de autodeterminación.
Aunque quisiera avanzar por esa línea en la negociación con los partidos independentistas abriría una fractura tan grave dentro del PSOE que es un camino intransitable. El referéndum es, por tanto, la liebre en esta campaña que oculta otras cuestiones que interesan más a los dirigentes independentistas, sobre todo a Esquerra. El partido de Junqueras es el que mejor ha entendido que la única salida que tiene para avanzar hacia el objetivo de la independencia es dirigir su estrategia a ampliar su mayoría social, para que sirva como elemento de presión sobre el Gobierno central. Y las prioridades a medio plazo son dos: las elecciones y el juicio del «procés» y los presos.
El PP propone recuperar la competencia en Instituciones Penitenciarias que tiene Cataluña si llega a La Moncloa. Y en este punto coincide con los programas de Ciudadanos y Vox. El PP también propone modificar la Ley General Penitenciaria en su artículo 72,6 para que el acceso del primer al segundo grado, o del segundo al tercer grado penitenciario, exija no sólo renegar de la violencia de la banda terrorista ETA que ya ha desaparecido, sino la colaboración efectiva para esclarecer los crímenes que quedan impunes. Esta última reforma va dirigida contra la política que empezó a poner en marcha el Gobierno socialista para acabar con la dispersión de los presos etarras.
Sánchez ha eludido pronunciarse sobre si es partidario de indultar a los presos independentistas después de que se conozca la sentencia del Tribunal Supremo (TS). Pero el PSOE sí se retrata en relación al control por parte de la Generalitat de la gestión de las cárceles catalanas. Los socialistas no plantean ningún cambio en lo que para el PP, sin embargo, permite que haya presos de primera y de segunda en todo el territorio nacional por motivos estrictamente políticos. Como símbolo el caso de Oriol Pujol, que recibió por parte de la Consejería de Justicia catalana el tercer grado penitenciario o de semilibertad. Condenado a dos años y seis meses por el cobro de comisiones ilegales por el caso ITV, recibió este beneficio penitenciario 71 días después de haber ingresado en la cárcel de forma voluntaria. En la actualidad, sólo acude a dormir a prisión.
A la espera de que se conozca la sentencia del Supremo, previsiblemente el próximo verano, una de las principales incógnitas es saber cuánto tiempo pueden pasar finalmente en la cárcel los políticos presos si son condenados a penas de prisión. Las competencias penitenciarias transferidas y un director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, Amand Caideró, que luce habitualmente lazo amarillo, hacen que el margen de la Administración catalana para suavizar el cumplimiento de las presuntas condenas quede bajo sospecha inevitablemente. Y ésta es una de las claves de la política catalana a medio plazo y no si se negociará o no un referéndum de autodeterminación.
Si el Gobierno que salga de las urnas no actúa de inmediato para limitar el margen de la Generalitat con las prisiones, el Ejecutivo de Torra tendrá dos vías principales para acortar la privación de libertad una vez que las condenas sean firmes. Y lo serán en todo caso, porque el Supremo es la última instancia jurisdiccional. La concesión de un tercer grado directo sin esperar a que los presos cumplan la mitad de su condena y la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que propicia un régimen de semilibertad entre el segundo y el tercer grado. Al margen del indulto, medida de gracia de carácter político, para acogerse a las otras dos los dirigentes independentistas deben haber progresado previamente al régimen ordinario, el segundo grado, del que podrían beneficiarse en apenas unos meses o incluso menos al no tratarse de presos peligrosos.
La concesión del tercer grado por la vía rápida, avalada por el artículo 72,3 de la Ley Penitenciaria presenta un condicionante que puede ser insalvable, porque cuando la pena sea superior a cinco años no se puede conceder hasta que el recluso haya cumplido la mitad de la condena. La vía más fácil para la Generalitat es, pues, la del artículo 100,2. Según este artículo el equipo técnico de la prisión podrá proponer a la Junta de Tratamiento que respecto a cada penado se adopte un modelo de ejecución de su condena. Esta medida de carácter excepcional tiene efectos inmediatos, pero después debe contar con el visto bueno del juez de vigilancia penitenciaria competente en función de lugar donde se ubique el centro penitenciario.
España
¿Porqué no le importa a NADIE que el Cardenal Cobo tenga «novio» y además sea público y notorio? ¿Hasta dónde deben llegar las heces en la Iglesia?
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3 semanas agoon
24/01/2026By
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AD. La afirmación de Federico Jiménez Losantos —“Cobo tiene novio”— emitida en su programa del 20 de noviembre y reproducida por varios medios digitales, entre ellos Infovaticana y Alerta Digital, constituye uno de los episodios más llamativos del ecosistema mediático y eclesial español de los últimos años. No por la frase en sí, sino por lo que ha ocurrido después: nada.
Ni desmentidos oficiales, ni comunicados episcopales, ni querellas, ni editoriales indignados. La prensa generalista ha pasado de puntillas, la Conferencia Episcopal ha guardado silencio y el propio cardenal de Madrid no ha movido ficha.
El hecho de que un locutor con cientos de miles de oyentes pueda afirmar en antena que el arzobispo de la capital “tiene novio” sin provocar reacción institucional es, como señalan los propios artículos que recogen la noticia, un síntoma de la época.
Se trata del tabú invertido: del escándalo al desinterés. En otro tiempo, una acusación de homosexualidad contra un cardenal-arzobispo habría generado un terremoto mediático. Hoy, en cambio, la orientación sexual —real o atribuida— de un prelado no constituye un escándalo para la prensa generalista, que opera bajo un marco cultural donde la homosexualidad no es noticia en sí misma.
Los artículos que recogen la frase subrayan precisamente este punto: la reacción mediática ha sido “prácticamente cero”.
Ciertamente la prensa mainstream evita temas que puedan percibirse como ataques a minorías. Los medios generalistas temen que amplificar la frase pueda interpretarse como un ataque homófobo, una campaña contra un miembro de una minoría religiosa o una maniobra política de la derecha mediática.
El resultado es un silencio preventivo: mejor no tocar un asunto que puede generar acusaciones cruzadas de homofobia, anticlericalismo o manipulación ideológica.
La prensa progresista también protege a Cobo por afinidad ideológica. El cardenal es percibido como uno de los prelados más alineados con la agenda socio-política del actual pontificado. Para buena parte de la prensa progresista, Cobo es un interlocutor útil en temas como inmigración, justicia social o el diálogo político sobre el Valle de los Caídos y las indemnizaciones a las víctimas por supuestos abusos clericales ni demostrados ni juzgados, casi todos prescritos judicialmente.
Por ello, amplificar una acusación lanzada desde un medio conservador podría interpretarse como “hacerle el juego” a un adversario ideológico.
Por su parte, la prensa conservadora evita incendiar un conflicto que no controla.
Aunque algunos medios conservadores han recogido la frase, lo han hecho con prudencia. Saben que de momento no hay pruebas materiales: videos o fotos.
También que el asunto puede volverse contra ellos, y que un conflicto abierto con el arzobispo de Madrid podría tener consecuencias imprevisibles. Por eso se limitan a informar de la frase, pero sin convertirla en campaña.
¿Por qué entonces el cardenal Cobo no se ha querellado? Pues por la estrategia del silencio: evitar dar entidad a la acusación.
Desde el punto de vista comunicativo, una querella multiplicaría la visibilidad de la frase. Hoy, el asunto vive en un ecosistema limitado: webs religiosas, blogs y medios alternativos. Si Cobo presentara una demanda, el caso saltaría, como el caso de Julio Iglesias, a telediarios, tertulias, columnas de opinión y redes sociales.
El silencio es, por tanto, una forma de contención estratégica.
Por otro lado, una querella exige demostrar daño. Para que prospere, Cobo tendría que demostrar que la afirmación es falsa, que causa un perjuicio real, y que existe intención de difamar.
En el contexto cultural actual, donde la orientación sexual no se considera deshonrosa, demostrar “daño” es jurídicamente complejo y la Iglesia siempre procura evitar los pleitos públicos
La tradición eclesial —especialmente en España— es evitar los tribunales civiles salvo en casos extremos. Una querella abriría la puerta a interrogatorios, revisión de agendas, exposición mediática, y especulaciones interminables. La Iglesia prefiere no judicializar asuntos que puedan erosionar su imagen institucional.
También está el factor Vaticano: Cobo es cardenal creado por el papa Francisco. Una querella podría interpretarse como un gesto de debilidad, una reacción desproporcionada o un intento de censurar a un periodista. El Vaticano suele recomendar prudencia extrema en estos casos.
En el entorno eclesial se interpreta la frase de Jiménez Losantos como un ataque político, no como una acusación moral. Por tanto, la respuesta no es jurídica, sino estratégica: no entrar al trapo.
Se trata pues de un silencio que dice más que un escándalo.
El episodio revela una transformación profunda en la relación entre Iglesia, medios y opinión pública. Que un locutor pueda afirmar que el cardenal de Madrid “tiene novio” y que no ocurra absolutamente nada —ni desmentidos, ni querellas, ni editoriales— es un síntoma de: la pérdida de centralidad moral de la Iglesia, la normalización social de la homosexualidad, la polarización mediática, y la estrategia institucional del silencio.
La prensa no ha amplificado el asunto porque no encaja en sus marcos ideológicos y el cardenal no ha reaccionado porque hacerlo sería multiplicar el problema.
Y la Iglesia, atrapada entre la prudencia y el desconcierto, opta por dejar que el tiempo entierre la frase. Pero el silencio, en este caso, no es neutral: es un espejo que refleja la fragilidad actual de la autoridad eclesial y la complejidad del ecosistema mediático español.
Sin embargo, al final, lo incómodo no se entierra. Lo incómodo se acumula. Y cuando finalmente estalla, nadie recuerda ya quién decidió callar primero. Y de eso lo obispos saben un rato.
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