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¡RECUERDE! Si se niega a vacunarse contra el COVID19, el Gobierno guardará SUS DATOS PERSONALES EN UNA LISTA NEGRA

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El Ministerio de Sanidad va a recopilar los datos personales de aquellos que decidan no vacunarse del coronavirus. Esta decisión ha despertado dudas sobre su legalidad y sobre el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Según confirman a Vozpópuli fuentes del Comité de Bioética que asesora al Ministerio de Sanidad, esta recogida de datos tiene aval legal y es, ni más ni menos, una norma del Partido Popular. 

“La recopilación de información de las personas que rechacen vacunarse del coronavirus está legitimada por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica”, afirman dichas fuentes. Se trata de una ley aprobada por el Partido Popular mientras Ana Pastor estaba al frente del Ministerio de Sanidad.

Esta ley establece que todo paciente tiene derecho a negarse a un tratamiento clínico. “La norma establece también que el paciente debe dejar constancia escrita de que se niega a ser tratado. Este punto es necesario para evitar posibles demandas futuras. En el caso del coronavirus, si no se registra el rechazo, las autoridades sanitarias no podrán saber si alguien no se ha vacunado por un error del sistema o porque por otras circunstancias no se le ha podido vacunar todavía”, apuntan desde el Comité de Bioética.

En base a esta normativa, el objetivo del Ministerio de Sanidad es que las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas, junto con Sanidad Exterior, recojan los datos de las personas que rechacen vacunarse y estos sean remitidos a la cartera que lidera Salvador Illa. Se ha establecido incluso que estos datos se emitan en el día hábil inmediatamente posterior a la vacunación, antes de las 15 horas.

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Sin embargo, nos encontramos ante una situación excepcional, ya que no se registran a nivel nacional los datos de las personas que rechacen ponerse otras vacunas, como la gripe, según fuentes de Salud Pública. “Lo normal es que se registre a las personas que sí se han vacunado. Esta información es valiosa para los Servicios de Salud Pública de cara a controlar no solo el coronavirus, también gripe y otras enfermedades infecciosas”.

¿Puede el Gobierno obligar a vacunarse?

Desde el Comité de Bioética aseguran que Sanidad ha optado por una fórmula de vacunación voluntaria, por el momento. Esto “hace más difícil una reclamación administrativa en caso de que la vacuna genere efectos secundarios”.

¿Qué ocurriría si hay una mayoría de médicos o enfermeras que decidan no vacunarse por temor a estos efectos? “Sanidad tiene a su disposición la Ley General de Salud Pública, que puede ser utilizada para obligar a ponerse la vacuna en tiempos de pandemia”, aseveran.

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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