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Tribunales

Quim Torra se baja los pantalones y retira el lazo del Palau de la Generalitat

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Un par de funcionarios autonómicos ha retirado este mediodía las tres pancartas, la del lazo amarillo, la del lazo blanco y la que indicaba «libertad de expresión», que colgaban de la fachada del Palacio de la Generalitat de Cataluña. Minutos antes, Quim Torra ha informado de que presentará «una querella por un presunto delito de prevaricación» contra la Junta Electoral Central (JEC), así como un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de retirar los símbolos partidistas.

Con este paso, el gobierno catalán obedece finalmente, once días después, las órdenes del órgano electoral, que exigió el pasado 11 de marzo la retirada de cualquier simbología partidista de los edificios de titularidad autonómica en vísperas del inicio de la precampaña electoral por los comicios del 28 de abril.

A su vez, este viernes, varios departamentos de la Generalitat, así como otras dependencias oficiales ya han inciado la reculada a primera hora de la mañana. No obstante, los Mossos d’Esquadra tienen la misión, ordenada por la JEC, de quitar los lazos antes de las 15:oo horas de hoy.

Diferencias en el gobierno catalán

Desde el 11 de marzo, Torra ha recibido, con la de ayer, cuatro advertencias explícitas por parte de la JEC (11, 18, 19 y 21 de marzo) para que cumpliera con lo que establecen las normas y han dictaminado los tribunales, en relación a la neutralidad de las instituciones públicas, especialmente durante el periodo electoral.

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Durante estos once días, las tensiones en el gobierno catalán se han acentuado, debido a las diferencias en la estrategia a la hora de aplicar lo establecido por la JEC, según diversas fuentes de la Generalitat. En este sentido, los responsables de las Consejerías controladas por ERC eran partidarios, con matices, de acatar los acuerdos de la JEC; mientras que Torra y algunos consejeros de Junts per Catalunya, apostaban por desobedecer (tal y como han hecho durante once días).

Sin embargo, el acuerdo de la JEC de este jueves, en el que se ordena a los Mossos d’Esquadra intervenir para retirar la simbología partidista, a puesto punto final a la estratagema de Torra, pues tanto en la Consejería de Interior (que controla Miquel Buch y de la que depende la policía autonómica) como en la de Vicepresidencia (Pere Aragonès) se ha optado por no seguir tensando la cuerda con el Estado de Derecho.

Entendido como una reacción del derrotado, Torra, en su comunicado de este viernes, ha animado a los ciudadanos «a llenar los balcones de pisos y casas con esteladas y lazos amarillos». Una iniciativa que impulsa la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y que tendrá, presumiblemente, poco impacto, pues en Cataluña quedan pocos balcones de partidarios de la secesión que no exhiban ya su iconografía. Algo que, por otro lado, no incumple con la ley.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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